Hace exactamente una década, en 2008, se convirtió en la primera mujer presidenta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Con 21 años de experiencia, Pilar Parejo es la magistrada más antigua de entre las secciones penales de este órgano judicial. Desde 2005, es la máxima responsable de la Sección Segunda, encargada, entre otros, de los procesos por violencia de género.
Representante de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), es también miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y delegada de Igualdad del alto tribunal de las islas.
Tras perder por doce votos a ocho en el último proceso selectivo ante Emilio Moya, en el año 2013, se presenta por tercera vez al cargo con la intención de recuperarlo.
¿Qué le motiva a dar el paso y presentarse a la Presidencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas?
La necesidad de pasar página de una etapa en la muchos de los magistrados y magistradas de esta Audiencia Provincial hemos vivido con auténtico bochorno la publicación de noticias ajenas a nuestra labor jurisdiccional y que han dañado enormemente el prestigio que debería tener este órgano judicial. Y por supuesto el apoyo de mis compañeros y compañera de la Sección Segunda, así como de otros de la Asociación Profesional de la Magistratura y miembros de otros colectivos jurídicos que me han animado a presentarme.
¿Cuáles son sus prioridades? ¿Qué medidas o iniciativas adoptaría en primer lugar para mejorar su funcionamiento?
Reducir el tiempo de respuesta a los asuntos que se llevan en esta Audiencia. Las más urgentes, reforzar las secciones con más retraso y colaborar en todo lo que esté a mi alcance tanto desde la Presidencia de la Audiencia como desde la Sala de Gobierno para la rápida creación de la Oficina de Atención a las Víctimas del delito.
Tenemos unas instalaciones que para mí son muy buenas. Aun así siempre surgen necesidades nuevas. Por ejemplo, se debe mejorar la calidad de las videoconferencias. El expediente digital no tardará mucho en llegar a la Audiencia, para las deliberaciones y en los juicios orales necesitaremos tabletas electrónicas o ordenadores portátiles para poder ver los expedientes y consultar la legislación y jurisprudencia . Con relación a los recursos humanos, se precisan al menos dos plazas de magistrados o magistradas para las secciones civiles y creo que se debe trabajar en la nueva oficina judicial de la Audiencia para gestionar mejor los recursos humanos y materiales.
La Administración de Justicia en Canarias se ha visto salpicada en los últimos tiempos por escándalos que han afectado a magistrados de la Audiencia Provincial de Las Palmas. ¿Cómo valora la respuesta de la institución ante ellos?
Para mi ha sido insatisfactoria, hemos estado muy cuestionados, especialmente los magistrados de las Secciones Penales.
¿Está desacreditada la Justicia en Canarias?
Creo que sí, debemos trabajar por recuperar la confianza de la ciudadanía en la Justicia y más en concreto en la Audiencia Provincial de Las Palmas que es la que en estos últimos años ha sufrido el descrédito de la población.
En 2018 se han celebrado los juicios de los casos Faycán, Eolo, Palmera… Todos ellos más de una década después de haberse iniciado la instrucción de la causa. La lentitud de la Justicia indigna a la ciudadanía y, también, a los propios procesados. ¿Cuál es la solución para dotar a la Justicia de mayor agilidad? ¿Existe una adecuada planificación y medios para hacer frente a estos procesos?
No hay medios para afrontar como debe ser las causas complejas, las instrucciones se eternizan a pesar de que se hayan fijado legalmente plazos que son imposibles de cumplir. Los informes periciales, por falta de medios humanos, tardan en emitirse. Nuestro sistema procesal penal permite recurrirlo prácticamente todo, de cada recurso hay que dar plazos a las demás partes para que informen. Todo ello ralentiza enormemente la tramitación del proceso. Los juicios también son complejos por el número de testigos y acusados. Desde la Audiencia creo que se podrían agilizar cambiando las normas de reparto para que todos los recursos de un mismo procedimiento durante la fase de instrucción los resolviera una misma sección, de forma que podría resolver con más agilidad dichos recursos y otra sección se encargaría del enjuiciamiento , lo que evitaría las recusaciones que es otro de las razones por las que se retrasan los procedimientos.
El juicio por el caso Faycán ha estado marcado por la polémica. El magistrado que presidió la vista oral, Salvador Alba, fue suspendido en sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial antes de dictar la sentencia. ¿Se podía haber evitado esta situación?
Sinceramente no conozco de primera mano lo que ha sucedido en este procedimiento desde que llegó a la Audiencia. Sí que sé que tanto el presidente de la Audiencia y de la Sección Sexta como el señor Alba y el otro magistrado de la Sección Sexta han estado en comisión de servicios y haciendo sustituciones voluntarias en otros órganos judiciales, con la correspondiente remuneración, durante varios años. Es muy difícil, para mí imposible, compaginar la celebración de un juicio complejo con las actividades a las que me he referido. Pienso que si estos magistrados se hubieran dedicado al trabajo en su sección el juicio se hubiera podido celebrar mucho antes y por tanto se hubiera evitado la situación a la que se refiere la pregunta.
En los últimos tiempos hemos visto cómo muchas decisiones judiciales han sido duramente cuestionadas por una parte de la opinión pública. ¿A qué cree que se debe esta distancia que parece que se ha abierto entre la sociedad y los jueces?
En España se dictan por los juzgados y tribunales cientos de resoluciones al día. Las cuestionadas son un porcentaje muy reducido, lo que no se puede negar es la repercusión mediática y social de las mismas. Creo que uno de nuestros mayores problemas es que en muchas ocasiones las resoluciones son jurídicamente estudiadas y correctas. Sin embargo nuestro lenguaje quizá muy técnico no las hace comprensibles para el ciudadano medio. Ello nos distancia de la sociedad sobre todo cuando se trata de hechos especialmente sensibles.
Uno de los ejemplos más ilustrativos de este distanciamiento se ha producido con la sentencia del caso de La Manada y la posterior decisión de dejar a los condenados en libertad provisional, una decisión que provocó una movilización social sin precedentes muy crítica con la actuación del tribunal ¿Comprendió estas críticas? ¿Cómo cree que se debe hacer frente a esta situación desde la Administración de Justicia?
La sentencia de La Manada es muy larga, los conceptos jurídicos de abuso y agresión sexual pueden dar lugar a interpretaciones no compartidas ni siquiera entre los juristas. Es lo que decía antes, tenemos que esforzarnos por utilizar un lenguaje más comprensible. Comprendo las críticas, si bien no puedo hacer una valoración sobre esta sentencia porque ni la he podido leer íntegramente ni he estado en el juicio.
¿Cómo valora la actuación del Tribunal Supremo con respecto al impuesto a las hipotecas? ¿Entiende la decisión de revisar la sentencia que fallaba a favor de los consumidores y en contra de la banca?
Yo creo que la gestión no ha sido buena. No soy experta en la materia y además la sentencia todavía no se ha publicado y por tanto no sé si la revisión del criterio de la sentencia favorable a los consumidores era necesaria o no. Creo que hubiera sido mejor que el Pleno se hubiera reunido antes, sobre todo porque, al parecer, esta sentencia suponía un cambio de criterio de la Sala mantenido durante muchos años.