La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha ordenado transformar en expediente disciplinario las diligencias informativas abiertas en abril al magistrado Salvador Alba por grabar a otros jueces en una estancia de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas mientras departían sobre varios procesos judiciales en curso, entre ellos el caso Unión, la mayor trama de corrupción de la isla de Lanzarote. La Permanente ha requerido al promotor de la Acción Disciplinaria, José Sierra Fernández, la incoación del expediente por considerar que los hechos pueden ser constitutivos, al menos, de una falta de “desatención o desconsideración con otros magistrados”.
Sierra, que ha asumido de manera interina el cargo de promotor tras la renuncia “por razones personales” del anterior responsable de este órgano, Antonio Jesús Fonseca Herrero, había propuesto el archivo de las diligencias informativas al entender que se trataba de hechos ajenos a la función judicial de Salvador Alba que afectaban exclusivamente a la esfera privada de las personas afectadas, según consta en el acuerdo adoptado por la Comisión Permanente el pasado 22 de junio. Este órgano ya había ordenado reabrir el procedimiento en abril después del primer archivo, decretado por Fonseca Herrera por similares motivos a los esgrimidos por su sucesor.
En la última resolución, los siete vocales que conforman la Permanente del Poder Judicial remarcan que esa grabación de Salvador Alba se desarrolló en las dependencias del tribunal, concretamente en el office de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, y afectaba al ámbito profesional, ya que las conversaciones allí mantenidas giraron en torno a procedimientos judiciales en curso. Fuentes oficiales del CGPJ han confirmado que el expediente ya ha sido incoado, aunque no han informado sobre las diligencias a practicar ni las citaciones previstas por tratarse de materia reservada durante la fase de tramitación. Según Confilegal, Alba deberá declarar el próximo viernes 21 de julio en la sede del CGPJ en Madrid.
Fue la asociación Jueces para la Democracia (ahora denominada Juezas y Jueces para la Democracia) quien denunció a Alba ante el CGPJ a raíz de la difusión en los medios de comunicación de la transcripción de las conversaciones grabadas por el magistrado el 23 de septiembre de 2016 en la quinta planta de la torre tres de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. La asociación de magistrados progresistas sostenía que Alba trataba de utilizar el contenido de esos audios, que el propio juez aportó en sede judicial, para “incriminar a los intervinientes o defenderse en procedimientos penales abiertos por él o contra él”.
La grabación aportada por Alba, de 24 minutos de duración, recoge varias conversaciones. En una de ellas, departe con su compañero Carlos Vielba, que se había ofrecido a actuar de mediador con el presidente de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramirez, para resolver el enfrentamiento entre Alba y el empresario, abierto después de que este último difundiera la grabación de un encuentro en el despacho del primero en la que se les escucha a ambos maquinar una declaración para perjudicar a Victoria Rosell, entonces magistrada en excedencia y diputada de Podemos por Las Palmas. Ese hipotético pacto sobre el que hablan los dos magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial contemplaba la posibilidad de que Ramírez se retractara en sus acusaciones contra Alba.
Antes de esa conversación, el juez investigado registró una charla informal con el propio Vielba, Emilio Moya (presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas) y José Luis Goizueta. Entre los temas judiciales que se abordaron en esa reunión de aproximadamente 15 minutos se encontraba el caso Unión, una trama en la que llegaron a estar imputadas 130 personas en la isla de Lanzarote y que deberá juzgar el propio Alba como ponente del tribunal de jurado, siempre que no sea suspendido antes de que se celebre, una circunstancia que se podría producir si se decreta la apertura de juicio oral en el procedimiento penal que se tramita en su contra en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
En esa conversación que gira en torno al caso Unión, Alba advierte sobre “el tema de Lleó” (empresario y principal imputado en la causa por intentar sobornar a un consejero del Cabildo de Lanzarote para desbloquear una promoción de mil viviendas en zona turística: “Hay cuestiones previas ahí... ¡Cuidado!”. Siete meses después de pronunciar estas palabras, Alba anuló la prueba matriz del caso, la grabación realizada de un encuentro entre un empresario enviado por Lleó y un político en la que se captó un intento de soborno a cambio de favores urbanísticos.
En otro momento de esa grabación se escuchan expresiones xenófobas y machistas como “las rumanas, todas putas”, “los italianos del sur, todos mafiosos” o “fuera de Rusia y jovencitos, unos mafiosos”. De hecho, el Consulado de Rusia en Canarias ha pedido que se investigue al juez que pronunció estas palabras con el objetivo de evitar que intervenga en los recursos que pudieran presentarse en la causa abierta contra la familia Kokorev, sospechosa de blanquear dinero del dictador guineano Teodoro Obiang.
El Poder Judicial mantiene en suspenso la propuesta de separación (expulsión) de la carrera judicial de Salvador Alba hasta que se resuelva la causa penal que se tramita en su contra en el TSJC. Un procedimiento que, a su vez, está paralizado a la espera de que el magistrado César García Otero resuelva el incidente de recusación que Alba planteó contra la instructora, Margarita Varona. Tanto la Fiscalía como la jueza del TSJC se han opuesto a las pretensiones del magistrado investigado, al que acusan de intentar dilatar el procedimiento.
Antes de presentar su renuncia, el anterior promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Antonio Jesús Fonseca Herrero, propuso la expulsión de Alba de la carrera judicial por una falta muy grave de desatención en el cumplimiento de los deberes judiciales por interrogar al empresario Miguel Ángel Ramírez con el objetivo de obtener datos para favorecer la querella de José Manuel Soria contra Victoria Rosell, finalmente archivada.