El Poder Judicial sigue sin suspender a Salvador Alba seis semanas después de que el TSJC lo enviara a juicio
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tampoco ha incluido en el orden del día de su reunión de esta semana la suspensión del magistrado Salvador Alba Mesa, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) envió a juicio hace exactamente 43 días, el pasado 8 de mayo, por la presunta comisión de cinco delitos (prevaricación judicial, falsedad en documento oficial, cohecho, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos) en la operación urdida para perjudicar a la también jueza Victoria Rosell, en aquella época (finales de 2015 y principios de 2016) en situación de excedencia tras concurrir a las elecciones generales en las listas de Podemos y ser elegida diputada por la provincia de Las Palmas.
El órgano de gobierno de los jueces tiene en su poder el auto de apertura de juicio oral desde el día 16 de mayo. En esa resolución, la magistrada Margarita Varona, instructora de la causa contra Alba, había ordenado dar traslado de su decisión al Poder Judicial para que tomara conocimiento de la situación del magistrado e iniciara el procedimiento que debe concluir en su suspensión cautelar hasta que se dicte una sentencia firme en cualquiera de los sentidos (absolución o condena). El TSJC tardó una semana en remitir el auto al CGPJ por razones que aún no han sido explicadas de forma oficial.
En cualquier caso, desde la recepción del auto, el 16 de mayo, el Poder Judicial ha tenido más de un mes para apartar a Salvador Alba de la judicatura. No fue hasta el 23 de mayo, una semana después, cuando se iniciaron los trámites para expulsar al magistrado. La Comisión Permanente tomó conocimiento formalmente en esa fecha de la resolución de Varona y dio diez días hábiles a Alba y al Ministerio Fiscal para que presentasen las alegaciones que considerasen oportunas. El plazo finalizó el 6 de junio, hace prácticamente quince días. A pesar de ello, el caso del magistrado procesado no entró en el orden del día de la última reunión del órgano, el día 14, ni lo hará en la sesión de esta semana, según han confirmado fuentes oficiales del CGPJ, que tampoco han explicado los motivos de este nuevo retraso.
Mientras, Alba continúa de baja médica y sigue sin dictar la sentencia del caso Faycán, una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Telde gobernado por el Partido Popular (PP) entre 2003 y 2005. La deliberación del tribunal que completan los jueces Carlos Vielba y Oscarina Naranjo estaba señalada para el pasado 18 de mayo, pero no se pudo celebrar porque su presidente, que unos días antes había manifestado públicamente que la sentencia estaba muy avanzada y que participaría en este acto “haciendo un esfuerzo con lo que sea necesario”, no había recibido el alta.
La situación se ha prolongado hasta la fecha, aunque Alba ha cambiado de médico después de que Canarias Ahora informara en exclusiva de que su baja estaba firmada por un facultativo para quien la Fiscalía pide seis años de cárcel por supuestamente haber manipulado el historial médico de su expareja.
Según las fuentes jurídicas consultadas por este periódico, la intención del tribunal del caso Faycán es evitar la repetición del juicio. En caso de que Alba sea suspendido antes de la deliberación, la Sala tiene previsto elevar una consulta al Poder Judicial, ya que hay resoluciones contradictorias sobre el supuesto de ausencia del presidente del tribunal en la deliberación y fallo de una causa por circunstancias sobrevenidas. Expertos en la jurisdicción contencioso-administrativa sostienen que los otros dos magistrados de la Sala pueden redactar y poner la sentencia siempre que se haya producido la deliberación, pero hay más dudas jurídicas cuando este acto no se ha celebrado, como en el caso de Alba.
El magistrado presentó la pasada semana su escrito de defensa. Alba se enfrenta a peticiones de condena que van desde los diez a los trece años y medio de cárcel. Además, el Poder Judicial mantiene en suspenso desde hace un año la propuesta del promotor de la Acción Disciplinaria para separar (expulsar) a Alba de la carrera judicial por una falta muy grave de desatención en el ejercicio de sus competencias, una decisión que está sujeta al destino del proceso penal que se sigue en su contra.
