El futuro presidente del Cabildo de Fuerteventura, de nuevo ante un juez por una querella por prevaricación

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Puerto del Rosario ha citado a declarar a Blas Acosta, secretario general del PSOE de Fuerteventura y vicepresidente en funciones del Cabildo, en una nueva causa abierta en la que se investiga la presunta comisión de un delito de prevaricación en la urbanización de La Pared.

La nueva causa judicial se abrió como pieza separada de un procedimiento iniciado a raíz de una querella interpuesta por la asociación de vecinos Viejo Rey de La Pared, que denunció la existencia de presuntas irregularidades relacionadas con la urbanización, ubicada en el municipio de Pájara.

Además de Blas Acosta, exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pájara, han sido citados el alcalde en funciones, Rafael Perdomo, la concejal Rosa Bella Cabrera y los antiguos ediles Ramón Cabrera, Jesús Umpiérrez y Antonio Jiménez.

Según indicaron las fuentes consultadas, los citados tendrán que prestar declaración en el Juzgado número dos de Puerto del Rosario, que es el que encarga de la instrucción, el próximo lunes desde las 9.30 horas de la mañana.

En la querella original presentada por el colectivo de vecinos de La Pared se apuntaba a la comisión de un presunto delito de prevaricación por “la ejecución por particulares de obras sin licencia urbanística” y el Juzgado acordó la apertura de una pieza separada.

Acosta estaba siendo investigado hasta el momento por la gestión de la empresa pública municipal Gesturpa, de la que estuvo al frente en su etapa en el Ayuntamiento de Pájara. El pasado enero, la Fiscalía pidió una serie de medidas para impulsar la instrucción.

Una de las cuestiones que se investiga en el caso Gesturpa es la instalación de alumbrado de la urbanización Cañada del Río por un coste de casi 900.000 euros. Según una auditoría, el alumbrado no le correspondía a Gesturpa.

Otra de las presuntas irregularidades investigadas es un pago de 100.000 euros que hizo la empresa pública en abril de 2010. En la auditoría se indica que “existen dudas razonables” sobre la autenticidad de esa transferencia.

Acosta presentó en el Juzgado un escrito de la empresa Transportes Araya Franquiz en el que se “certifica” la existencia de unas supuestas facturas por trabajos de limpieza y desmonte de terrenos en una promoción de viviendas, con las que el investigado sostiene que se acreditaría el desembolso de los 100.000 euros: una del 30 de enero de 2005 por 55.503 euros y otra del “30 de febrero” del mismo año por 44.509,5 euros.

Por otro lado, a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión del agua en la Isla, se ha investigado judicialmente la contratación de forma “verbal”, por parte del Ayuntamiento de Pájara, de unas obras de enganche de una urbanización a la red de abastecimiento por más de 208.000 euros.

El fiscal señaló en su denuncia que el entonces concejal de Obras Públicas, Blas Acosta, con la “aquiescencia” del alcalde, Rafael Perdomo, acordó la ejecución de obras para conectar la citada urbanización, que no estaba recepcionada por el Ayuntamiento, con las redes municipales de abastecimiento, mediante un “encargo verbal” a la empresa Canaragua.