El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha finalizado la instrucción de la pieza principal del caso Fitonovo y propone sentar en el banquillo de los acusados a 45 personas por su implicación en un presunto sistema de pago de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos públicos a través de una organización que tendría como centro esta empresa.
Se trata de una causa que también tiene implicados en Canarias, ya que la empresa fue adjudicataria de más de una decena de contratos por parte del Cabildo de Gran Canaria, aunque las adjudicaciones le fueron retiradas en 2014. En Lanzarote está imputado el exconsejero Sergio Machín, portavoz de Coalición Canaria, al que se le atribuye un presunto delito de cohecho.
En el auto, el juez señala a 32 entidades como responsables civiles subsidiarios y dice que los hechos investigados en esta pieza son constitutivos de los presuntos delitos de organización criminal, prevaricación, cohecho, fraude a las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos y blanqueo de capitales.
De la Mata explica que la dirección de Fitonovo creó una infraestructura, tanto operativa como contable, destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos.
El juez señala que la prolongación en el tiempo de las prácticas de corrupción (desde 1995 hasta 2013), el amplio ámbito territorial afectado y la multitud de administraciones y funcionarios implicados, llevan a concluir que “las prácticas delictivas vinculadas a la obtención fraudulenta de contratos, tanto administrativos como privados, eran un elemento nuclear de la actividad de la empresa, hasta tal punto que ésta puede entenderse como un velo societario de dicha actividad criminal”.
En este auto advierte de que la entrega de comisiones se ha prolongado durante al menos 15 años, afectando a múltiples administraciones tanto estatales, como autonómicas y locales, e involucrando a un elevado número de funcionarios y autoridades.
Esta organización criminal desarrolló su actividad a través de semejantes prácticas corruptas en las ciudades de Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias.