La cadena RIU ha anunciado que seguirá batallando en los tribunales para que no se derribe el Oliva Beach de Fuerteventura. Insiste en que “no hay argumentos jurídicos ni hechos que justifiquen la caducidad de la concesión administrativa otorgada” a la empresa y que así lo defenderá.
RIU remarca que “la resolución del Tribunal Constitucional, conocida ayer, hace referencia al contencioso presentado por el Gobierno de Canarias con el objetivo de defender las competencias sobre los expedientes relativos a las concesiones en dominio público marítimo-terrestre, una vez producida la transferencia de las competencias por decreto de agosto de 2022”. Así, el TC define “que las competencias, sobre los expedientes relativos a las concesiones en dominio público marítimo-terrestre, dependerán del Gobierno Central y no del Gobierno de Canarias”.
La cadena incide en que el Ejecutivo regional presentó un contencioso “con la finalidad de hacer valer el marco jurídico fijado por el Estatuto de Autonomía de Canarias de 2018, el cual otorga a la Comunidad Autónoma las competencias sobre Costas como expresión legítima de su autogobierno”.
RIU insiste en esa batalla judicial “en amparo de los más de 400 puestos de trabajo directos de dicho establecimiento y, también, del interés general de la isla de Fuerteventura; que ha expresado de forma diáfana, a través de todas sus instituciones, su respaldo a la continuidad de la concesión”.
Para RIU, “las infracciones que el Ministerio de Transición Ecológica nos atribuye en el Oliva Beach carecen de fundamento y describen una situación que no coincide con la realidad física del hotel”. Se trata de un argumento que ha defendido ante el Ministerio y que asegura que seguirá haciéndolo en la esfera judicial, “con la certeza de acreditar la plena legalidad de la concesión renovada en el año 2016 y con el objetivo de mantener abierto el Hotel Oliva Beach en una parcela de dominio público, ubicada fuera del espacio natural protegido de las Dunas de Corralejo”, incide la cadena en un comunicado.