Las últimas sentencias del juez Alba: absoluciones de corrupción, defensa propia y rectificaciones
Suspendido de funciones por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de baja médica y recién aterrizado de un viaje con su familia a las Islas Maldivas. Así firmó Salvador Alba la que, si el Tribunal Supremo no lo evita, será su última sentencia como juez. La dictó para absolver a los siete acusados que no reconocieron los hechos (otros 21 procesados sí lo hicieron) en el denominado caso Faycán, una trama de comisiones ilegales en el ayuntamiento grancanario de Telde entre los años 2003 y 2006, con el Partido Popular (PP) liderando el gobierno local. También pretendió absolver a la formación conservadora de la responsabilidad civil, limitada a 740 euros, pero sus compañeros de tribunal lo impidieron.
Condenado a seis años y medio de cárcel y a 18 de inhabilitación por conspirar contra la también jueza Victoria Rosell, actual diputada de Unidas Podemos, Alba colgará la toga -salvo que prospere su recurso- dejando tras de sí un reguero de resoluciones polémicas desde que se conociera, a través de la grabación entregada en los juzgados por el empresario Miguel Ángel Ramírez, cómo maquinó un plan que, según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), solo perseguía un objetivo: perjudicar personal y profesionalmente a su compañera de promoción y, de paso, alimentar la querella que contra ella había interpuesto el popular José Manuel Soria, exministro de Industria, Energía y Turismo y rival político de la magistrada.
Alba utilizó los casi 800 días que transcurrieron desde que se difundieron esos audios (el 11 de mayo de 2016) hasta que el órgano de gobierno de los jueces acordó su suspensión provisional (el 19 de julio de 2018) para tratar de sentar jurisprudencia sobre asuntos que encontraban reflejo en la causa que el alto tribunal canario instruía en su contra. Así lo apreció, al menos, el fiscal Javier Ródenas, quien deslizó, en el marco del caso Unión de corrupción en la isla de Lanzarote, que el magistrado había anulado las grabaciones que dieron origen a esa causa pensando en su propia defensa. Ese auto, como otros, acabaría siendo corregido por el TSJC. Las rectificaciones de compañeros o instancias superiores y las absoluciones en grandes tramas de corrupción han sido otras de las constantes en esta última época del magistrado.
Estos son los casos más relevantes en los que intervino en esos 26 meses:
Caso Calero
Tan solo cinco días después de que se hiciera público el contenido de su reunión clandestina con el empresario Miguel Ángel Ramírez, Alba conformaba junto a Emilio Moya y Carlos Vielba el tribunal que debía juzgar a un exjefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde, José Luis Mena, condenado por otras causas de corrupción, y a un empresario, Félix Machín. Estaban acusados de confabularse para permitir que este último pudiera construir, con la ayuda del topógrafo municipal y al margen de la legalidad, 76 viviendas en la zona de El Calero Alto 2. Era “la lucha de un paria contra el capital que corrompe a los funcionarios”, en palabras del abogado de la acusación particular, ejercida por el denunciante, propietario de una vivienda que el Ayuntamiento obvió en ese proyecto de reparcelación en favor de la promotora.
Con los focos apuntando desde la sesión inaugural a Alba, que un día antes había calificado la grabación de Ramírez de “montaje” en una entrevista concedida a La Provincia, el caso se resolvió cuatro meses después con una sentencia absolutoria. El fallo reconocía que el expediente “adolecía de múltiples defectos”, pero no daba por probada la confabulación del empresario con el jefe de Urbanismo para obtener un aprovechamiento al que no tenía derecho.
Caso Stratvs
Salvador Alba fue el ponente de la resolución que, en enero de 2017, desprecintó la bodega Stratvs, ubicada en el Paisaje Protegido de La Geria, en Lanzarote. La construcción de este complejo ha sido para la Fiscalía de Las Palmas “el peor atentado medioambiental” cometido en la isla desde que fuera declarada Reserva de la Biosfera de la Unesco en el año 2003. El magistrado ahora condenado se desmarcó de la posición que hasta esa fecha había mantenido la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, incluso de sus propias resoluciones anteriores, para permitir retomar la actividad al influyente empresario Juan Francisco Rosa, quien, a pesar de contar con licencia para la rehabilitación de una vivienda con valor etnológico y la construcción de 900 metros cuadrados, no solo demolió el inmueble, sino que erigió en su lugar un complejo que supera los 12.000 metros y que incluye una terraza, un restaurante y aparcamientos.
En una escueta providencia de cuatro páginas, Alba levantó la medida cautelar de cierre decretada en 2013 dando por buenos los argumentos de una pericial de parte aportada por el propietario de la bodega para tratar de acreditar, con un estudio realizado tres años después de su clausura, la inexistencia de vertidos contaminantes. Además, obvió una sentencia del TSJC que anulaba el plan que, según el empresario, daba cobertura legal al complejo. Cuatro años antes, el mismo magistrado había advertido de que la actividad en esa bodega ponía en peligro el medio ambiente y el paisaje en un espacio protegido.
Con todo, serían sus compañeros en la Sección Sexta quienes acabarían desautorizándolo con una nueva resolución que paralizaba la orden de desprecinto después de que tanto la Fiscalía como la acusación popular recordaran que la bodega es “absolutamente ilegal e ilegalizable”.
Alba había sido designado ponente de un juicio para el que solicitan de 15 a 21 años de cárcel para el dueño de Stratvs. Sin embargo, la vista se ha retrasado a enero de 2020.
Caso Unión
Es, por tramas, número de piezas y acusados, el procedimiento por corrupción más voluminoso de la historia de Canarias. Y también en esta causa ha tenido Alba una participación destacada en los últimos años. De hecho, era el juez designado para juzgar dos de sus principales piezas, la vinculada a las comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife y la que da origen a la causa, el intento de soborno por parte de un empresario a un consejero del Cabildo de Lanzarote para desbloquear un proyecto urbanístico en el sur de la isla. Alba no pudo presidir la vista por la primera de ellas porque en la fecha señalada, febrero de 2019, ya llevaba meses suspendido.
Sobre la pieza original, para la que aún no hay fecha de juicio, el magistrado firmó una de sus resoluciones más controvertidas de los últimos tiempos. En abril de 2017, Alba dictó el auto que anulaba la prueba matriz, la grabación que captó cómo el empresario Fernando Becerra, actuando como intermediario del abogado y promotor Luis Lleó, ofrecía una comisión de cerca de un millón de euros al socialista Carlos Espino, en aquel momento consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, para que la institución insular hiciera la vista gorda sobre las irregularidades detectadas en la urbanización Costa Roja y permitiera la construcción de mil viviendas en Playa Blanca.
Alba sostenía que esa grabación fue “preordenada” con la finalidad de “obtener pruebas materiales de un delito que se sabía se podía cometer” y que, por lo tanto, no era válida. Se refería el juez al hecho de que fue el propio Espino quien registró esa conversación, a instancias de la Guardia Civil y con una grabadora facilitada por el cuerpo armado, después de poner en conocimiento de la Unidad Central Operativa (UCO) el contenido de una primera conversación con Fernando Becerra -y un intento inicial de soborno- en la cafetería Unión de Arrecife.
El argumentario de Alba para anular esa grabación como prueba guarda un paralelismo con su propio escrito de defensa. El auto remarca, entre otros, el hecho de que la grabación de Espino a Becerra se realizara de forma subrepticia, violentando “la expectativa de privacidad” del interlocutor, al haberse registrado en un despacho (al igual que su encuentro con el empresario Ramírez) o que contuviera cortes, cuestión a la que se ha aferrado el magistrado, hasta ahora sin éxito, en su tesis de la manipulación y falta de autenticidad e integridad de los audios.
El representante del Ministerio Público en el caso Unión, Javier Ródenas, recientemente nombrado fiscal Anticorrupción, sostuvo en la vista celebrada en el TSJC a raíz de un recurso contra ese auto que el juez Alba había utilizado esa resolución para “protegerse de las acometidas procesales” en la causa en su contra. Ródenas dijo entonces que la óptica del magistrado se vio comprometida por su situación personal y alterada por sus propias coordenadas, hasta el punto de que “se vio reflejado” en el principal procesado de Unión, Lleó.
Alba ya había dado pistas de sus intenciones en una conversación con sus compañeros que él mismo grabó en el office de la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas. “¡Cuidado! Hay cuestiones previas ahí… ¡Cuidado!”, responde a un magistrado que, en plena conversación sobre los avatares del caso Unión, sostenía que Luis Lleó estaba “pillado por todos los lados”.
También en este caso el TSJC corrigió a Alba y acabó avalando, con el voto discrepante de su presidente, Antonio Doreste, la grabación como prueba, al entender que no vulneró ningún derecho fundamental y recordar que Espino ya había presentado una denuncia sobre unos hechos que la grabación refrenda, el intento de soborno por parte de un empresario.
Caso Faycán
Recusado por un abogado de la defensa (Sergio Armario, el mismo que acompañó a Ramírez a su reunión con Alba) y por el ahora fiscal superior de Canarias, Luis del Río; con la instrucción del procedimiento en su contra a punto de finalizar y, por lo tanto, la amenaza seria de apertura de juicio oral y la consecuente suspensión de funciones, y multado por grabar a sus compañeros de sección, entre ellos Carlos Vielba, con quien conformaba tribunal. Así presidió el juez Alba su última gran causa por corrupción en las Islas, el caso Faycán, un juicio que arrancó el 15 de enero de 2018 y que se prolongó durante algo más de un mes en medio de la incertidumbre y de algunas decisiones polémicas, como la de convertir a los 20 arrepentidos iniciales (acabarían siendo 21) en testigos en el mismo procedimiento y sin haber dictado formalmente sentencia.
Los recelos que suscitaba el presidente del tribunal llevaron al Ministerio Público a plantear pactos de conformidad con los acusados a cambio de una rebaja sustancial de las penas. Aceptó la mayoría de ellos y los hechos quedaron probados. Las confesiones acreditaron una trama de comisiones ilegales a políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Telde a cambio de la adjudicación de contratos públicos o de un trato preferente en la prelación de pagos durante el denominado cuatrienio negro en la Ciudad de los Faycanes (2003-2007), con el PP en el gobierno municipal en alianza con la coalición local AFV-Ciuca. Todos los empresarios procesados, a excepción de uno, admitieron los hechos. También tres exconcejales. Quienes no lo hicieron fueron los dos exalcaldes del municipio que se sentaron en el banquillo, María del Carmen Castellano y Francisco Valido, ambos del PP, a quienes los peritos de Hacienda atribuyeron ingresos sin justificación por valor de 150.000 euros. Y salieron absueltos.
La sentencia fue publicada en septiembre de 2018 después de un auténtico vodevil que comenzó con una baja médica del juez Alba y prosiguió con su viaje a las Islas Maldivas en compañía de su mujer y de su hija y la suspensión de funciones y el reproche por parte el Poder Judicial por esas vacaciones hasta desembocar en la polémica resolución, dictada en forma de voto particular cuando aún no había recibido el alta y continuaba apartado de la carrera judicial.
El tribunal absolvió a los siete encausados que mantuvieron su inocencia al reducir el caso Faycán a “una empresa familiar”. Para Alba y sus dos compañeros de Sala, el exalcalde Francisco Valido ignoraba el plan de reparto de comisiones ilegales ideado por la ya fallecida Toñi Torres, concejal y presidenta local del PP y cabecilla de la trama, a pesar de que sus iniciales figuraban en el primer lugar en la libreta donde las apuntaba, según los investigadores. En ese voto particular, el magistrado ahora condenado calificaba los indicios contra el exregidor popular, a quien posteriormente defendería en una emisora de radio, de “meras conjeturas” y primaba la pericial de parte sobre la elaborada por los técnicos de Hacienda. La resolución también eximía a María del Carmen Castellano de cualquier responsabilidad en el desvío de fondos públicos en la concejalía que lideraba, la de Desarrollo Local, a través de la emisión de facturas falsas.
Alba pretendió exonerar al PP de la responsabilidad civil subsidiaria, de la devolución de una factura amañada por valor de 740 euros, tras sostener que ningún representante del partido tenía responsabilidad penal en la causa, obviando que uno de los arrepentidos, asesor de Castellano, era además secretario del Comité Local del PP en Telde. El juez ignoró también en su voto particular que un empresario admitió que falsificó facturas para pagar las obras en la sede del partido en ese municipio. Como en anteriores procedimientos, fueron sus compañeros quienes enmendaron la plana y condenaron a la formación conservadora.
No era, sin embargo, la primera vez que altos cargos del PP salían indemnes de un tribunal del que formara parte Alba. En 2015 fue la entonces presidenta del partido en Fuerteventura, Águeda Montelongo, quien salió absuelta del juicio por el denominado caso Patronato, en el que se enfrentaba a una petición de cinco años y ocho meses de prisión acusada de reservar con cargo a las arcas del Cabildo insular y con nombres falsos, entre ellos el de una actriz mexicana de culebrones, estancias de hotel y el alquiler de un coche a dirigentes regionales y nacionales del PP. La Sala, presidida por el presidente del TSJC, Antonio Doreste, exoneró a Montelongo de cualquier responsabilidad por la gran cantidad de expedientes que debía firmar al año.
Caso Kokorev
El polémico juez también ha intervenido en otra causa con repercusión mediática, la que investiga a la familia Kokorev, los presuntos testaferros en España de Teodoro Obiang, a quienes se les imputa el blanqueo de 26,4 millones de euros procedentes de una cuenta del dictador de Guinea Ecuatorial. Alba formaba parte de la Sala que, en septiembre de 2017, dejó en libertad provisional a Yulia Maleeva y rebajó a 600.000 euros la fianza para que su esposo, Vladimir Kokorev, pudiera ser excarcelado tras dos años en la prisión de Juan Grande, en Gran Canaria.
Unos meses después, la misma sección, aunque ya sin Alba, dejaba también en libertad a Vladimir Kokorev en un auto que tenía como ponente a Carlos Vielba, el juez que, en la conversación grabada por su hasta entonces compañero y amigo en el ‘office’ de la Audiencia de Las Palmas, llamaba “putas” a las rumanas y “mafiosos” a los italianos del sur y los rusos.
El Consulado de Rusia en Canarias trató, sin éxito, de que Vielba no interviniera en los recursos de la familia por esos comentarios xenófobos. Para ello, su abogado, José Antonio Penichet, que meses después se integraría en la ejecutiva de Vox en Las Palmas de Gran Canaria junto a la esposa de Alba y otro letrado amigo, Eduardo López Mendoza, intentó citar al juez ahora condenado con un doble objetivo: identificar al autor de esas palabras y contribuir a su recusación. “Salvador Alba es nuestro hombre en la Audiencia Provincial”, presumió Penichet ante una periodista en pleno proceso de defensa del ciudadano ruso Vladimir Kokorev.
