Ni siquiera su única testigo avala al abogado de Vox que demandó a Victoria Rosell por despido improcedente

La única testigo que el abogado de Vox Federico Vicente Marín propuso para el juicio por despido improcedente de la extrabajadora del hogar de Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, y del periodista Carlos Sosa, se encargó de desmontar gran parte de sus propios argumentos. 

Tras jurar que iba a decir verdad, Miriam Flórez Ramírez, que dijo ser amiga de Simona Chambi, negó que la mujer despedida le hubiera comentado jamás que en ese empleo recibió en alguna ocasión pagos de su salario en dinero opaco ni tampoco que hubiera empezado a trabajar en 2011, antes del contrato que en 2012 firmó para entrar a trabajar en esa casa.

Estos eran dos de los pilares de la demanda que el abogado de Vox interpuso contra Rosell y Sosa y que fueron aireados previamente en los medios de comunicación con acusaciones de fraude fiscal y laboral anexos a la demanda por despido improcedente o nulo que reiteró ante la jueza.

Antes del juicio, en un último intento por llegar a un acuerdo previo, el letrado reclamó a la parte demanda 6.000 euros de indemnización para su cliente, lo que fue rechazado..

La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, y su pareja, el periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, defendieron este lunes ante el Juzgado de lo Social 7 de Las Palmas de Gran Canaria la legalidad en la relación laboral que mantuvieron con la empleada de hogar que trabajó en su vivienda entre 2012 y 2014 y, posteriormente, entre 2015 y 2020, así como que el trato que le dieron fue “exquisito”.

En el acto del juicio, que tenía por objeto dilucidar la legalidad del despido de Simona Chambi, de origen boliviano, en julio de 2020, la letrada de la pareja solicitó que se desestime la demanda por haber caducado el plazo de presentación de 20 días.

Al margen de sostener que esta acción por parte de la demandante se produjo fuera de plazo, la abogada de Rosell y Sosa ha defendido la legalidad del despido del que fue objeto el 16 de julio de 2020 por desistimiento y con el abono de la liquidación que le correspondía y que ascendió a 834 euros.

La abogada recalcó ante la jueza María José Andrade que no se ha vulnerado ningún derecho de la trabajadora ni ha sido sometida a discriminación alguna, sino todo lo contrario, en los dos periodos en los que estuvo empleada en la vivienda de Rosell y su compañero quedó “acreditado que el trato fue exquisito”, sostuvo.

Rosell destacó en su declaración que esta acción judicial en su contra obedece a un intento de Vox de “montar un espectáculo”, tratando de difundir que hubo pagos en B que nunca existieron y que tampoco figuran en la demanda, y que estuvo contratada sin estar dada de alta a la Seguridad Social, lo cual tampoco es cierto.

La magistrada en excedencia ha explicado que la trabajadora dejó el empleo en noviembre de 2014 porque tuvo que regresar a su país para cuidar de su madre y que se le pagó ese mes completo y otros dos como ayuda y que, además, se le ayudó económicamente para la compra de los pasajes y se le envió dinero, dada la situación difícil que atravesaba en su país.

Por ello, figuran cuatro transferencias desde su cuenta bancaria a la de la trabajadora entre los meses enero a junio de 2015, las dos primeras aún con el concepto de sueldo, por la indemnización, y en las otras ya figura otro concepto, porque fueron pagos para ayudarla.

Rosell ha asegurado que gracias a la ayuda que le prestó logró regularizar su situación en España a partir de 2017 y ha insistido en que siempre trataron de apoyarla a ella y a sus hijos cuando tenían problemas.

La jueza en excedencia ha explicado que el contrato era de cuatro horas, a tiempo parcial, y se iba a su hora y de manera puntual, porque uno de los otros empleos que tenía empezaba tras el suyo. Se trata del trabajo que desarrolla en casa del que fuera candidato al Senado por Vox Carlos Ruiz de Galarreta, quien no la tiene contratada legalmente ni dada de alta en la Seguridad Social, según consta en la vida laboral que la trabajadora ha presentado a la causa. Fue Ruíz de Galarreta el que puso a la trabajadora en contacto con el abogado Federico Vicente Marín, un afiliado de Vox en Santa Lucía de Tirajana que en 2019 trató sin éxito convertirse en el líder local de la formación ultraderechista.

Rosell ha señalado fueron era ella y su pareja los únicos empleadores que la tenían dada de alta en la Seguridad Social y ha explicado que durante las vacaciones, como vivía cerca de su casa, iba a regar las plantas y en una ocasión -hasta 2014- también se hizo cargo de una mascota, y que ello fue en base a la buena relación y la confianza que existía entre ambas.

Cuando regresó a España, se le contrató de nuevo pero como ella estaba en plena campaña electoral e iba a trasladarse a vivir a Madrid, fue su pareja quien actuó como empleador esta segunda vez, cuando volvió a darla de alta en la Seguridad Social, de cuyo abono se hizo cargo Sosa, aunque su salario se le pagaba a través de la cuenta bancaria de Rosell.

Durante el periodo de confinamiento, Sosa le comunicó que no fuera a trabajar, si bien le mantuvo su salario y las cuotas a la Seguridad Social, ha destacado la abogada.

Entre otras pruebas, la jueza Andrade admitió un pen drive aportado por la defensa de los demandados en el que se recoge una entrevista radiofónica al abogado de Simona Chambi. En ella, Federico Vicente Marín explica lo que él llama “la técnica”, consistente, según se oyó en la sala, en “negociar” una cantidad con políticos, empresarios o famosos afectados por una demanda como la que se dilucidaba y firmar con ellos una cláusula de confidencialidad que evitaría que el trabajador o trabajadora pudiera ir a los platós de televisión a contar intimidades.

El letrado de la empleada de hogar, Federico Vicente Marín, considera nulo e improcedente el despido del que fue objeto Simona Chambi, que se produjo cuando la trabajadora estaba de baja laboral por enfermedad porque le habían operado de cataratas, y que la demanda por despido se ajusta al plazo legal, por lo que ha pedido a la jueza que estime su petición.

Marín sostiene que Chambi trabajó 13 meses en casa de Rosell sin cotizar a la Seguridad Social y que en ese periodo recibió su sueldo en metálico durante nueve meses y los otros cuatro mediante transferencia bancaria y que la indemnización que le corresponde por el despido es de 8 años de antigüedad.