El Supremo remite a un juzgado de Telde la investigación de una denuncia por estafa
![Archivo - Fachada del Tribunal Supremo. Imagen de archivo.](https://static.eldiario.es/clip/a2cdd7de-3c3b-4a7c-88f1-e51bfa257171_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
El Tribunal Supremo (TS) ha decidido que un juzgado de Telde investigue una denuncia por estafa, falsedad documental, publicidad engañosa contra los consumidores, blanqueo de capitales y organización criminal por los dueños de dos empresas dedicada a, entre otras actividades, cursos de formación.
La denuncia ha sido presentada por un vecino de Cádiz y podría afectar a 72 personas de las que seis han sido ya identificadas.
La supuesta víctima mantiene que a través de terceras personas se puso en contacto con uno de los denunciados y a partir de entonces le propusieron participar como inversor en una sociedad domiciliada en el municipio de Agüimes, finalmente se firmaron dos contratos y luego se amplió el capital.
Dos meses más tarde les propusieron participar en otra entidad y tras varios contactos en 2019, realizó diversos ingresos, “descubriendo que todo era una ficción, con creación de programas de inversiones inexistentes y calendarios ficticios de abonos”, según la denuncia.
Según el hombre supuestamente estafado las cantidades ingresadas “se desviaron a las cuentas de los presuntos estafadores y promotores y luego se convertían en criptomonedas o eran depositadas en cuentas sin control de los inversores.
El Juzgado de Puerto de Santa María en el que se recibió la denuncia se inhibió a favor de los Juzgados de Las Palmas de Gran Canaria, dado que se solicitaban diligencias como entradas y registros domiciliarios en las empresas que se sitúa en esta Isla, donde también se firmaron los contratos.
Entre los estafados hay personas de varias provincias españolas, de manera que “sería prudencial” que la causa se tramite en un Juzgado que sirva de nexo común, como sería el lugar de la comisión de los hechos, dice el Supremo.
Planteada una cuestión de competencia, finalmente el Supremo ha decidido que las investigaciones se dirijan desde Telde y se centren principalmente en el delito de estafa, en el que se detecta una mecánica “de cierta complejidad”.
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