La Sala Segunda del Tribunal Supremo celebrará el próximo 11 de noviembre la vista del recurso del juez Salvador Alba Mesa contra la sentencia que lo condenó a seis años y medio de prisión por tres delitos: prevaricación, cohecho y falsedad en documento judicial, este último cometido precisamente por elevar al alto tribunal un informe plagado de falsedades con el que conseguir que se admitiera a trámite una querella del exministro José Manuel Soria contra la magistrada Victoria Rosell, por entonces diputada nacional de Podemos y en la actualidad delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.
Alba consiguió engañar a la Sala Segunda del Supremo, y más concretamente a su presidente, Manuel Marchena, con un informe falso con el que alimentaba la querella de José Manuel Soria contra Victoria Rosell, entonces adversaria electoral del exministro en la circunscripción de Las Palmas, por los delitos de prevaricación, cohecho y retraso malicioso de un proceso penal, querella que resultó luego archivada de plano. Tras aquel informe, Marchena admitió a trámite la querella de Soria y abrió diligencias penales contra Rosell en abril de 2016.
En ese informe falso, motivo de uno de los delitos por los que Alba fue condenado, se recogían extremos que el juez había pactado con el empresario Miguel Ángel Ramírez en una declaración que este prestó en el marco de una investigación en el que se le atribuían delitos fiscales. El propio Ramírez denunció ante el mismo juzgado, grabación en mano, cuando ya Alba lo había abandonado, que se había visto obligado a maquinar junto al juez para atender sus deseos de engordar la querella de Soria para que fuera admitida por el Supremo y poder acabar de ese modo con la incipiente carrera política de Victoria Rosell, que se vio obligada a dimitir en cumplimiento del código ético de Podemos, partido con el que había concurrido a las elecciones de 2015.
Además del delito de falsedad en documento judicial, el juez (hoy suspendido) Salvador Alba resultó condenado en septiembre de 2019 por los delitos de prevaricación y cohecho. El primero de ellos, por adoptar diversas resoluciones injustas a sabiendas apartadas del objeto de la investigación que llevaba en el Juzgado de Instrucción 8, que asumió a petición propia para sustituir a Rosell cuando dio el salto a la política. Y el cohecho, siempre según la sentencia, por recibir como dádiva de sus acciones delictivas la información y documentación sobre Rosell necesaria para sus propósitos a cambio de la promesa de archivar al empresario con el que maquinó el procedimiento en el que estaba siendo investigado por él mismo. A Alba le venía bien esa información para agradar a José Manuel Soria, valedor suyo para alcanzar su sueño de un puesto en las más altas magistraturas del poder judicial español, como había intentado anteriormente en varias ocasiones sin éxito.
Además de la pena de seis años y medio de cárcel, Alba está condenado a una inhabilitación de 18 años, lo que le impediría volverse a incorporar jamás a la judicatura, de la que sin embargo sigue cobrando un sueldo mensual de algo más de 1.800 euros netos como consecuencia de una previsión del reglamento salarial del Consejo General del Poder Judicial. De resultar condenado e inhabilitado, Alba deberá devolver ese dinero a las arcas del Ministerio de Justicia. La condena, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, incluye también la inhabilitación especial de quince años y medio para el derecho al sufragio pasivo (ser elegido), una indemnización de 60.000 euros a Victoria Rosell por los daños morales ocasionados y una multa de 18.000 euros, amén de hacer frente a tres quintos de las costas judiciales que tuvo que asumir su víctima.
De confirmarse la condena en su integridad, lo que solicita el Ministerio Fiscal, el juez Alba no solo deberá ingresar en prisión sino que, durante el tiempo de la pena, no podrá dedicarse a funciones judiciales o de órganos de gobierno de los jueces, ni podrá presentarse a cargo electo alguno.
Las acusaciones (Victoria Rosell, Podemos y el periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora) han solicitado al Supremo que incremente la gravedad del delito de falsedad en documento público ya que, a su entender, fue cometido por el condenado de manera continuada hasta en cinco documentos diferentes, y no solo uno, como recogió la sentencia que ahora se somete a revisión.
La vista oral por el recurso de Salvadior Alba ante el Supremo se celebrará la mañana del 11 de noviembre en un segundo intento ya que el primero, previsto para el pasado mes de junio, se vio frustrado 24 horas antes de la cita por el repentino reconocimiento del magistrado Pablo Llarena de que había tenido contactos profesionales y personales en el pasado con el condenado merced a la relación de ambos con la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) de la que el magistrado del Supremo había sido presidente nacional y Alba, su homólogo en Canarias.
El tribunal que revisará ese recurso de casación estará presidido por Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, que actuará también como ponente de la sentencia, junto a los magistrados Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Andrés Palomo del Arco, Susana Polo García y Ángel Luis Hurtado Adrián. Además de Pablo Llarena, que se abstuvo, no formará parte de este tribunal Carmen Lamela, que sí figuraba en el primero.
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