Los tribunales como vía de salida para “no echar por la borda veinte años de trabajo” en Sanidad

Antonio Domínguez, auxiliar administrativo en el centro de salud de San Gregorio, en el municipio grancanario de Telde, es uno de los trabajadores temporales del Servicio Canario de Salud (SCS) que decidió recurrir a los tribunales para conseguir lo que la administración autonómica le negaba: el acceso a la carrera profesional, una medida de promoción que premia la experiencia y los méritos acumulados por los empleados con un incremento retributivo que oscila entre los 60 y los 720 euros al mes, en función de la categoría y del tiempo de servicio.  

A sus 55 años, Domínguez lleva 23 como interino tras encadenar otros dos de contratos temporales. Un juez de Las Palmas de Gran Canaria, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6, le ha reconocido ahora su derecho a la carrera profesional al entender que el decreto nacional en el que se basaba el SCS para denegarle su solicitud, el 421/2007, discrimina a los trabajadores temporales al restringir su concesión al personal fijo.

El anterior director del SCS, Conrado Domínguez, ya dictó una instrucción en mayo de 2019, días antes de abandonar el cargo, para incorporar a los interinos y sustitutos a este modelo de promoción, después del revuelo que generó su exclusión inicial y de las sentencias del Tribunal Supremo que advertían del cariz discriminatorio de la medida y de que se oponía a la normativa europea en relación con los derechos de los trabajadores con contratos de duración determinada. Sin embargo, esa instrucción contenía dos condicionantes con los que se han acabado topando los afectados: el cobro de esos derechos remuneratorios quedaba postergado a enero de 2020 y se les aplicaba un procedimiento, el ordinario, por el que solo podían acceder al nivel más bajo de reconocimiento, el grado uno, de manera que se les computaban únicamente cinco años de experiencia con independencia del tiempo de servicio en el puesto. 

Sobre la primera controversia ya se han pronunciado los tribunales en sentido favorable a los intereses de los interinos y sustitutos, al considerar que el ascenso se debe aplicar con carácter retroactivo desde enero de 2019. Sin embargo, el encuadramiento de grado queda en manos de la propia administración y abre la puerta a futuras demandas.

Según relata el propio trabajador, que ha estado asistido por el abogado Manuel Martos, el Servicio Canario de Salud le ofrecía acceder por la vía extrajudicial al grado uno, “como mucho al dos”, a pesar de que le correspondería el tres por sus casi 23 años de ejercicio profesional en calidad de interino. De haber aceptado, “hubiera tirado por la borda veinte años de trabajo”, afirma Domínguez. La diferencia económica entre ambos es sustancial, ya que por el primer nivel percibiría 71 euros al mes por este concepto y por el tercero, 232, más del triple. 

El sistema de carrera profesional se rige por unos baremos en función de los méritos y del tiempo trabajado, de manera que aquellos trabajadores que acumulen al menos un lustro de experiencia quedan encuadrados en el nivel uno; quienes hayan ejercido diez, en el dos, y los que lo hayan hecho un mínimo de 16, en el tres. Para acceder al más alto, el cuatro, los profesionales deben acreditar 23 años de servicio activo en la misma categoría. 

Los profesionales llevan tiempo reclamando que se abra un procedimiento excepcional para que puedan acceder al grado que les pertenece en función de los años trabajados y los méritos. 

Al igual que otros trabajadores temporales del SCS, este auxiliar administrativo con puesto en Telde ha tenido que recurrir a los tribunales para poder cobrar el plus retributivo correspondiente al año 2019 y, además, tener la opción de quedar encuadrado en el grado que realmente le corresponde, una decisión que se sitúa ahora en el tejado de Sanidad. El magistrado no ha entrado a valorar este concreto aspecto de la demanda por “exceder de su función revisora”. Es decir, no puede pronunciarse sobre algo que aún no existe, ya que a Domínguez no se le ha concedido ningún grado porque, sencillamente, se le ha negado el derecho de acceso a la carrera profesional para el año 2019. Ante esta situación, se abren dos posibilidades. La primera, que Sanidad compute de manera íntegra los años trabajados como interino en la categoría de auxiliar administrativo y, por lo tanto, le admita el grado tres. La segunda, que ingrese en el uno y se vea de nuevo abocado a acudir a los tribunales a pleitear. 

El trabajador afirma que, en su entorno laboral más próximo, ninguno de sus compañeros se ha atrevido a demandar por “miedo a enfrentarse a la administración”, Domínguez asegura que no es la primera vez que trata de acceder a la carrera profesional. Ya lo intentó hace unos años, pero el sindicato al que entonces estaba afiliado “se echó atrás” a una semana de la vista ante la percepción de que no tenía ninguna posibilidad de prosperar la acción judicial, ha dicho. 

Supremo vs. TSJC

Esta última sentencia se sitúa en la línea fijada por el Tribunal Supremo, que apela a la normativa europea que equipara a los trabajadores fijos con los eventuales y sostiene que el acceso a la carrera profesional no puede estar condicionado “a la circunstancia de haber superado un proceso de ingreso”. Frente a esta tesis se ha posicionado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que, en una sentencia dictada el pasado 20 de febrero, esgrime el mencionado decreto 421/2007 para justificar su negativa a conceder el reconocimiento a los temporales. 

En el caso de Antonio Domínguez, el juez ha hecho prevalecer el criterio del Supremo, que ya ha sentado doctrina. No es la primera sentencia que se pronuncia en estos términos en relación con la carrera profesional. En los últimos tiempos ha habido un goteo de resoluciones en los juzgados de lo contencioso a favor de los intereses de los interinos y eventuales, en fallos que obligan a retrotraer la actuación de la administración para que se les reconozca la experiencia y los méritos y puedan tener acceso a esa retribución extra. Los trabajadores vinculados al ámbito sanitario público en las Islas recuperaron el derecho de acceso a la carrera profesional en verano de 2018, ocho años después de que se hubiera congelado como consecuencia de la crisis.