El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado al Gobierno canario su aval judicial para que determinados establecimientos y espacios de uso público puedan exigir el certificado de vacunación contra la COVID para permitir el acceso.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha dado el aval judicial a través de un auto, ratificando la medida sanitaria acordada por el consejero de Sanidad del Gobierno canario, Blas Trujillo, el pasado 29 de noviembre. Esta medida podrá aplicarse como máximo hasta el 15 de enero de 2022 y será necesario pedir una nueva autorización judicial en caso de querer prorrogarla.
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha celebrado la decisión y ha anunciado que la orden se publicará el jueves 9 de diciembre en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y estará en vigor desde el 10 de diciembre hasta el 10 de enero. ''La medida se someterá a evaluación y si fuera necesario se solicitaría una nueva autorización judicial para su prórroga'', ha añadido.
Los establecimientos que decidan solicitar el certificado se acogerán a las medidas (aforo y horario) del nivel inferior al que esté su isla, subrayó el presidente canario. ''Mientras, la solución más eficaz sigue siendo la vacunación''.
La medida impulsada por el Ejecutivo regional, por la que se podrá pedir este documento a quienes deseen entrar en locales de hostelería o de ocio nocturno, pretende frenar la expansión del coronavirus en las Islas. Los últimos datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad revelan que el aumento de contagios no solo se traduce en una mayor incidencia acumulada, sino que también se está viendo reflejado en otros indicadores como la presión hospitalaria.
En la actualidad, 251 personas permanecen ingresadas en los diferentes hospitales de las islas tras haberse contagiado de la enfermedad. De ellos, 39 están en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 212 en planta. Esta cifra supone el doble que el último mes, cuando había 121 pacientes hospitalizados.
El Hierro es la única isla del Archipiélago donde no hay hospitalizados por coronavirus en la actualidad. En el otro lado de la balanza está Tenerife, con el mayor número de personas ingresadas con la patología (146). Le siguen Gran Canaria (91 ingresos), Fuerteventura (6), Lanzarote (5), La Gomera (2) y La Palma (1).
La medida no se aplicará de forma uniforme en toda la comunidad autónoma, ya que para aplicar la medida se tendrá en cuenta el nivel de alerta en el que se encuentre cada isla, realizándose una valoración individual y pormenorizada de la evolución del virus en cada territorio.
Según el auto, esta decisión colegiada de los tres magistrados de la Sala, contribuye a ''frenar el incremento previsto'' de la propagación del virus, compatibilizándolo con la ''ansiada e incipiente reactivación económica''. ''Todo ello durante el periodo navideño y ante la situación de agotamiento de la ciudadanía frente a las circunstancias derivadas de la situación de pandemia de casi dos años de duración'', reza el texto.
El TSJC concluye que la medida solicitada permite mantener la actividad económica y social en espacios sanitarios más seguros en los que la transmisión del virus es menos probable, lo que supone ''un mayor beneficio para el interés general''.
El 86,65% de la población canaria está vacunada, apunta el auto, por lo que ''los potenciales afectados por la medida solicitada constituyen un 13,44% de la población''. Aquellas personas que hayan decidido no vacunarse o que no quieran mostrar documentación al respecto, pueden optar por presentar un certificado de recuperación en caso de que hayan pasado la infección, ''no existiendo discriminación alguna entre las personas vacunadas y las que no lo están''.