El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, ha pedido a los ciudadanos que acudan a las sedes judiciales solamente en casos “de estricta urgencia” para evitar causar “perjuicios al servicio público” en estos momentos.
En una nota, el TSJC aclara que el estado de alarma “no implica la paralización de la actividad jurisdiccional”, sino la suspensión de los acto procesales, ya que afirmó que los jueces trabajan desde casa.
Por ello, agregó que los jueces y magistrados “deberán continuar con sus funciones de estudio y preparación de sus resoluciones” pero en sus domicilios, mientras que los servicios de urgencia, tales como juicios con presos, juzgado de guardia o asuntos de violencia sobre la mujer se siguen atendiendo en las sedes judiciales, según el comunicado del TSJC.
En concreto, detalla que se consideran urgentes actos que de no practicarse podrían causar perjuicios irreparables, así como internamientos urgentes; medidas inaplazables como las de protección de menores; licencias de enterramientos, matrimonios e inscripciones de nacimiento; servicios de guardia; medidas cautelares urgentes; levantamiento de cadáver; entrada y registro; causas con preso o detenidos.
Además de orden de protección o cualquier otra materia de violencia sobre la mujer; actuaciones urgentes en Vigilancia Penitenciaria; actuaciones de entrada sanitarias urgentes e inaplazables y derechos fundamentales cuya resolución tenga carácter urgente; medidas cautelarisimas y cautelares que sean urgentes y recursos contenciosos electorales; juicios de la jurisdicción social declarados urgentes por la ley y medidas cautelares urgentes y preferentes, así como los procesos en los que se alegue vulneración de derechos fundamentales y que sean urgentes.
Todo ello, después de que los actos judiciales se suspendieran desde el pasado viernes con dos excepciones comunes, tales como son cualquier actividad judicial que, de no practicarse, pudiera ocasionar perjuicios irreparables, y los casos en los que pueda concurrir vulneración de derechos fundamentales en procedimientos urgentes y preferentes, además de en siete situaciones específicas de los diversos órdenes jurisdiccionales, particularmente el penal, detalladas en la instrucción que el Consejo General del Poder Judicial publicó el 14 de marzo.
Asimismo, ha recordado a los jueces y magistrados de Canarias que “cualquier duda interpretativa” sobre la situación actual puede ser planteada a la Presidencia por medio telemático o telefónico, y delega en los jueces decanos y en los presidentes de las audiencias provinciales la aplicación concreta de las normas establecidas por el CGPJ y los turnos necesarios para mantener el servicio público.
Por último, Doreste ha pedido a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias que, “de forma urgente”, proporcione a los integrantes de la carrera judicial los medios de protección para trabajar en las actuales condiciones y “con toda urgencia” a quienes deben realizar funciones de guardia o trámites presenciales.
También insta al Gobierno autonómico, responsable en la dotación de medios a la Administración de Justicia, que “de manera inmediata” atienda a las peticiones de VPN (red privada virtual) y facilite “cuantos medios sean necesarios a fin de que todos los jueces y magistrados puedan desarrollar su actividad jurisdiccional desde sus domicilios”.