CASO JABLE

Viajes, alta joyería y billetes de 500 euros: claves del juicio que cierra la etapa más oscura de corrupción en Lanzarote

“Lacra corrupta”, “culto al becerro de oro de la ostentación” o “trama pornográfica de actos impúdicos, obscenos y de exhibición”. Son algunos de los calificativos que la Fiscalía y la acusación popular dedicaron al caso Jable en la última sesión de un juicio que se ha convertido en el epílogo de la etapa más oscura de corrupción en la isla de Lanzarote. Era la última pieza por juzgar del que, por número de imputados y ramificaciones, se erige en el proceso penal de mayor calado por este tipo de delitos en Canarias, Unión. Una macrocausa que se ha saldado, entre otras, con la primera condena firme por asociación ilícita vinculada a la corrupción en el Archipiélago.

El “jefe” de esa asociación ilícita era el histórico dirigente Dimas Martín, fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL). Hasta la fecha ha sido condenado en siete causas. Serán ocho, con total probabilidad, cuando la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas dicte la sentencia del caso Jable. Y es que Martín, que declaró desde la cárcel de Tahiche, reconoció haber recibido 72.000 euros de la empresa Tecmed (luego Urbaser) para favorecer la adjudicación del servicio de recogida de basura en Arrecife, la capital de Lanzarote. Un contrato que, como dijo el fiscal en su alegato final, era similar en importe al de una ciudad como San Sebastián, con más del triple de habitantes. En aquel momento, año 2002, Martín era el líder del partido de la alcaldesa, María Isabel Déniz, con la que después mantuvo un enfrentamiento que llevó a la regidora a Coalición Canaria (CC).

Solo dos de los nueve acusados finales (desde el inicio de la vista se ha retirado la acusación contra otros siete) no han reconocido los hechos en Jable. Déniz es una de ellas. Lo único que ha admitido es haber recibido regalos por valor de 45.000 euros que consideraba “normales” en esa época, pero ha negado que la contraprestación fuera su participación en actuaciones ilícitas para beneficiar a las empresas que los pagaron, Urbaser y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), cuyos directivos sí han confesado las dádivas y el objetivo de esas dádivas. “Sin esos pagos, no se podía trabajar allí”, llegó a declarar uno de ellos durante el juicio.

El otro que niega haber participado en un pacto corrupto es el exsecretario municipal Felipe Fernández Camero, que hasta ahora ha logrado esquivar todas las acusaciones en su contra, entre ellas la de un expolio al Ayuntamiento de Yaiza, en el sur de la isla.

Estas son las claves del juicio que se ha desarrollado durante seis sesiones a lo largo de las tres últimas semanas en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria:

Un concurso amañado y un pabellón que no sirve

Son dos los contratos objeto de la investigación. El primero de ellos es el de limpieza del Ayuntamiento de Arrecife, por importe de 32,8 millones de euros. Ese concurso fue amañado para que el adjudicatario fuera Tecmed (luego Urbaser). Nadie discute el acto corrupto, aunque sí las responsabilidades. Uno de los acusados, Rafael Arrocha, era el jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife en el momento de los hechos y, por tanto, el responsable de elaborar el informe con la propuesta de adjudicación. Durante su declaración, reconoció haber recibido 180.000 euros de la trama y manifestó que fue él mismo quien dio el cambiazo a la oferta para introducir fuera de plazo unas mejoras voluntarias en la presentada por Tecmed y así poder darle la vuelta a la puntuación, ya que había otra licitadora mejor posicionada.

Arrocha involucró en esa operación al secretario y a la alcaldesa. Declaró que Fernández Camero le entregó la documentación antes de la apertura de sobres con las ofertas y que, gracias a ello, pudo advertir que Tecmed-Urbaser no tenía la mayor puntación. “Arregla eso como sea”, contó que le dijo Isabel Déniz porque la adjudicataria debía ser esa empresa, la que engrasó la maquinaria con los regalos. Lo comentó con el gerente de Urbaser en Lanzarote, Jacinto Álvarez, y la solución que adoptaron fue introducir una serie de mejoras voluntarias. Las defensas de la alcaldesa y el secretario acusaron al técnico de mentir y lo responsabilizaron del amaño durante los 48 días en que la documentación estuvo en su poder para elaborar el informe.

El segundo contrato fue adjudicado a FCC. Se trata del pabellón de Argana Alta. La empresa adjudicataria hizo una oferta a la baja (8,7 millones frente a los 9,5 presupuestados) y, un año después, el Ayuntamiento de Arrecife aprobó una modificación para incrementar la dotación casi en la misma cantidad. El complejo deportivo se acabó en 2007 y acabó costando 12 millones de euros. Dos décadas después de su adjudicación a FCC, el pabellón permanece cerrado desde hace años por sus deficiencias estructurales y pendiente de un proyecto de rehabilitación. 

Los regalos y las agendas del gerente

Las acusaciones conectan esos dos contratos con las dádivas que recibieron políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Arrecife durante aquella época (2001-2007): dinero en metálico, viajes a destinos exóticos, estancias en hoteles de cinco estrellas, o artículos de alta joyería. “Se nos fue la mano”, dijo durante su declaración el ya exdirectivo de Urbaser (fue expulsado tras su confesión) Manuel Andrés Martínez. “Si no se hacían esos pagos, no había forma de trabajar allí. Era una manera de vivir”, manifestó Santiago Alonso, otro de los exejecutivos de esa empresa. También Enrique Hernández Martín, de FCC, confesó haber pagado a la alcaldesa.

Con respecto al contrato de Urbaser, son varios los pagos vinculados. Uno de ellos es un viaje a Kenia. Durante el juicio ha quedado acreditado que tanto la alcaldesa como el secretario viajaron a Madrid con sus respectivas parejas el 15 de enero de 2004 y volvieron el 1 de febrero y que esos billetes los pagó Urbaser. Los acusados defendieron que se trataba de unas jornadas de trabajo que se celebrarían el día 16 en la capital y que esos pagos estaban amparados en el propio contrato de limpieza, que introducía en una de las mejoras voluntarias (precisamente las del amaño del concurso) la asunción por parte de la empresa de los gastos de asistencia de políticos y funcionarios a ferias y congresos. También quedó acreditado durante la sesión que, en medio, la alcaldesa aprovechó para viajar a Kenia junto a su marido. La acusación sostiene que lo pagó Urbaser. La defensa, que Déniz lo abonó de su bolsillo.

Uno de los elementos que ha servido a la Fiscalía y al resto de las acusaciones (Ayuntamiento de Arrecife y la asociación Transparencia Urbanística) para apuntalar su tesis son las agendas y cuadernos donde el gerente de Urbaser en Lanzarote, Jacinto Álvarez, apuntaba las peticiones de los políticos y las comunicaciones con sus superiores en Madrid. Son, en total, 16 piezas de convicción (objetos que, según las acusaciones, evidencian la comisión del delito). Y en ellas hay varias referencias que se asocian a ese viaje al sureste de África.

En uno de esos primeros cuadernos, Álvarez apuntó, dos meses antes de que finalizara el plazo para presentar las ofertas del concurso de limpieza, que a la alcaldesa había que darle “todo lo que pidiera” y que la regidora decía que al secretario “había que darle un viaje”. También anotó que dio un sobre de 14.000 euros a Fernández Camero en su despacho que tenía como finalidad pagar ese viaje a Kenia, vía Tanzania. “Son 14.000 euros. Ya está cumplido lo del viaje al Kilimanjaro”, escribió dos meses antes de que la regidora volase junto a su marido a ese destino. También los directivos de Urbaser admitieron haber pagado ese dinero con esa finalidad.

Según las acusaciones, en ese paquete de viaje también estaba incluido el secretario municipal, quien sin embargo defendió que nunca fue a Kenia y que después de la jornada de trabajo a la que supuestamente asistió en Madrid, se quedó en la capital en la casa de su hijo para pasar unos días de vacaciones. El fiscal Anticorrupción Javier Ródenas insistió durante su informe final que el delito de cohecho del que se acusa a Fernández Camero es un delito de mera actividad. Es decir, que no requiere su materialización (en este caso, el efectivo disfrute del viaje) para ser consumado.

Aparte de comisiones dinerarias y de ese viaje a Kenia, la Fiscalía acusa a la alcaldesa de recibir de manos de Tecmed-Urbaser un mueble de salón de 1.200 euros, un bolso Loewe de 418 euros, un reloj Rolex Cadete de oro y acero con números romanos valorado en 4.750 euros, dos entradas para el Teatro Real para asistir a la ópera Don Carlo de Verdi (574 euros en total) o el pago de una asistenta de hogar durante al menos dos meses. En su declaración, Isabel Déniz admitió haber recibido solo “bolsos, foulards, pasminas o invitaciones a actividades culturales” y sostuvo que era una práctica habitual en aquella época, que estaba “socialmente aceptado” y que en aquel momento no pensaba que estuviera haciendo “algo malo”.

Con respecto al segundo de los contratos, el de FCC, aparece un viaje a Marrakech para la alcaldesa y para varios miembros de su familia. Déniz reconoció que, en una conversación informal con un directivo de esa adjudicataria, le manifestó su intención de volar a la ciudad marroquí y que este se ofreció a abonar el billete a través de la empresa porque gozaban de precios especiales. También declaró que, con posterioridad, intentó devolver esas cantidades y que incluso se personó en las oficinas de FCC con ese fin, una afirmación que el propio directivo contradijo en la vista.

La defensa de la alcaldesa presentó a principios de agosto (un mes y medio antes del juicio) un escrito en el que reconoció haber recibido regalos por importe de 45.000 euros y consignó esa cantidad en los juzgados. Sin embargo, sostiene que no hay ninguna prueba que vincule esos pagos con una actuación ilícita o con una resolución prevaricadora. La Fiscalía mantiene que se trata de una práctica habitual en los casos de corrupción, que consiste en “engrasar la maquinaria”, en sobornar a las personas que tienen capacidad de influencia en los técnicos que ejecutan esas actuaciones.

La diferencia en caso de que se demuestre la conexión entre los pagos y la adjudicación o que no se demuestre es importante. En el primer caso, que es el que sostienen las acusaciones, se trataría de un delito de cohecho por el que la exalcaldesa se enfrenta a cinco años de prisión. En el segundo, se trataría de un delito de cohecho pasivo impropio y las penas son sustancialmente inferiores (de 6 meses a un año).

En relación con el exsecretario municipal, se le acusa, además del mencionado viaje, de recibir de manos del gerente de Urbaser en Lanzarote y en su propia casa un bolígrafo Mont Blanc valorado en 755 euros.

El patrimonio de la alcaldesa y el papel del secretario

Otros dos asuntos han protagonizado el debate entre las partes durante el juicio. El primero de ellos es el patrimonio de la alcaldesa. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuantificó en 400.000 euros las ganancias no justificadas acumuladas por María Isabel Déniz durante su etapa como regidora en Arrecife. Ese informe quedó avalado, con posterioridad, por un perito de Hacienda.

La defensa de la alcaldesa, ejercida por el abogado José María Calero, presentó en la misma vista un contrainforme pericial que cuestionaba las conclusiones de la UCO.

Para evidenciar el manejo de dinero en metálico por parte de Déniz, durante esa sesión se exhibió un documento que acreditaba un ingreso bancario de 80.000 euros en 54 billetes de 500 euros, 15 de 200 y 500 de 100. Un ingreso que habría servido para cancelar el préstamo que la propia alcaldesa había solicitado para comprar una embarcación de recreo de 13 metros de eslora. El objetivo de esta operación, según la tesis de la Fiscalía, era tratar de introducir en el circuito legal un ingreso de origen ilícito.

El perito de la defensa, en cambio, mantiene que el origen de esos fondos es lícito, una disposición de 94.000 en efectivo extraída 19 meses antes. Además, sostuvo que el informe de la UCO sobre las ganancias no justificadas no había tenido en cuenta ingresos no declarados de la alcaldesa, como las dietas que recibía en su doble condición de diputada del Parlamento de Canarias o las asignaciones del grupo parlamentario que, según su propio abogado, se quedaba para sí Déniz, un comentario que causó “estupor” en el perito de la Agencia Tributaria.

En su informe final, el fiscal cruzó las fechas de las anotaciones recogidas en las libretas del gerente de Urbaser sobre presuntos pagos en efectivo a la alcaldesa con la compra de determinados bienes por parte de la alcaldesa. Y determinó que poco después de que Jacinto Álvarez apuntara que entregó 30.000 euros a Déniz, esta se compró “al contado” un Wolkswagen Touareg. O que poco después de que aludiera a otra entrega de 9.000 euros, la regidora abonó, también en metálico, un impuesto.

También se ha discutido largo y tendido sobre el papel del secretario municipal en los hechos. Aparte de las declaraciones incriminatorias de dos coacusados, el jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife y el gerente de Urbaser en Lanzarote, las acusaciones se han referido a las competencias que tenía en la custodia de la documentación sobre el concurso de limpieza y como garante de la legalidad. Unas competencias que Felipe Fernández Camero ha querido descargar en el secretario de la Mesa de Contratación primero y en el propio Rafael Arrocha después.

Su defensa sostiene que no hay prueba de cargo contra él, mientras que las acusaciones consideran que el plan corrupto tuvo que contar “necesariamente” con la participación del secretario municipal. A él se dirigieron casi las últimas palabras de la vista, pronunciadas por el exgerente de Urbaser en Lanzarote durante el turno de última palabra. “(Rafael) Arrocha es un grano en el desierto, pero (Felipe Fernández Camero) es el desierto completo”, concluyó la persona que tiró de la manta en este caso.

Un último cambio de la Fiscalía

En sus conclusiones, la Fiscalía decidió sustituir el delito de asociación ilícita del que venía acusando a varios procesados por el de fraude a la administración, al entender que no había quedado definida la estructura jerárquica y que ese segundo tipo penal encajaba mejor. Esa modificación acarreó la protesta de los abogados de la exalcaldesa y del exsecretario, que consideran vulnerado el derecho de defensa al no poder interrogar a acusados, testigos y peritos sobre ese concreto delito.

También han solicitado que se deje sin validez la declaración de Rafael Arrocha. El exjefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife involucró en el pacto corrupto a Fernández Camero e Isabel Déniz, pero se negó a responder las preguntas de sus respectivos abogados. Según estos letrados, a partir del momento en que confesó los hechos se convirtió en un “testigo de cargo” contra los otros coacusados y, por tanto, al no poder interrogarlo, se les privó de la posibilidad de evidenciar sus contradicciones.

En sus conclusiones, el fiscal rebajó las peticiones de pena. En menor medida para Déniz y Fernández Camero y en mayor para el resto de acusados, al apreciar en estos casos, además de las dilaciones indebidas simples, el atenuante de confesión tardía.

La exalcaldesa se enfrenta a diez años y medio de cárcel; el exsecretario, a diez años y tres meses, y los directivos de Urbaser y FCC, entre uno y dos años de prisión.