El abogado de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha pedido al Tribunal Supremo que eleve de seis años y medio a diez la pena de cárcel impuesta al magistrado de la Audiencia de Las Palmas Salvador Alba por “intentar destruirla” al conspirar para perjudicarla cuando era diputada de Podemos.
El Tribunal Supremo ha celebrado este jueves la vista de los recursos presentados contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias que condenó en 2019 a seis años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación al magistrado Salvador Alba por delitos de prevaricación en concurso con cohecho y otro de falsedad en documento público.
En la vista ha asistido entre el público Victoria Rosell, cuyo abogado, Antonio Marrero, ha informado a la Sala de su recurso contra la sentencia y ha pedido que Salvador Alba sea condenado a diez años de prisión y once de inhabilitación por un delito continuado de falsificación, prevaricación en concurso con cohecho y revelación de secretos.
La abogada de la acusación ejercida por Podemos, Sandra Rodríguez, se ha adherido al recurso de Victoria Rosell y la fiscal ha solicitado que el Tribunal Supremo confirme la sentencia del TSJ, mientras que el letrado de la defensa, Nicolás González Cuéllar, ha reclamado la absolución de Salvador Alba al estimar que se vulneró su derecho a la presunción de inocencia.
En su sentencia el TSJ de Canarias declaró probado que Salvador Alba manipuló una investigación de delitos contra la Seguridad Social abierta contra el empresario Miguel Ángel Ramírez para perjudicar a la jueza que la había dirigido antes que él, Victoria Rosell, cuando esta era ya diputada en el Congreso como independiente en el grupo de Podemos.
La sentencia añade que siendo instructor del procedimiento Salvador Alba se reunió de forma reservada con el citado empresario para expresarle su intención de conseguir pruebas que demostrasen que Rosell había intervenido en la causa a pesar de tener intereses económicos indirectos en el asunto, unas supuestas relaciones comerciales entre su pareja y las empresas de Miguel Ángel Ramírez.
El abogado Antonio Marrero ha dicho que la intención de Salvador Alba era “destruir profesionalmente” a Victoria Rosell y que para ello citó a solas en un despacho a Ramírez, “lejos de miradas indiscretas” para que intentara recabar pruebas que vincularan comercialmente a la pareja de su representada con el empresario a cambio de procurar el archivo del procedimiento contra él.
Ha añadido que Alba incurrió además en falsedad en su informe al Tribunal Supremo para que se admitiera una querella presentada contra Victoria Rosell por el entonces ministro del PP José Manuel Soria, rival político de ella en la circunscripción electoral de Las Palmas. Para la representación de Rosell es procedente la indemnización de 60.000 euros a Rosell impuesta a Alba “por el sufrimiento” que le causó.
La letrada de Podemos, Sandra Rodríguez, ha incidido en que Alba actuó “solo aunque fuera para su satisfacción personal de acabar con la carrera de Rosell y para quedar bien con José Manuel Soria para ayudarle en su querella contra ella”. La fiscal ha señalado que es entendible que el empresario Miguel Ángel Ramírez grabara la conversación de la reunión privada a la que le citó Alba para pedirle documentación ya que no era una comparecencia judicial. Y ha añadido: “El contenido de la grabación sonroja”. “No sabemos las razones pero el condenado prevaricó al utilizar el procedimiento para perjudicar [a Victoria Rosell]”, ha añadido la fiscal.
La defensa de Alba ha estimado que no hay suficientes pruebas válidas para condenarle y que hubo manipulación en grabaciones aportadas a la causa, lo que ha rebatido la fiscal señalando que el tribunal se basó en informes periciales de la Guardia Civil.