Cuatro consejeros autonómicos de Turismo lo desvinculan de la falta de viviendas

Los consejeros de Turismo de Andalucía, Valencia, Baleares y Canarias, todos ellos del PP, han sostenido que el turismo no es el culpable de los problemas de la vivienda en España y han defendido a la industria turística frente al mensaje que la responsabiliza de la escasez de vivienda y de los altos precios del alquiler. Todos han atacado a la ley estatal de vivienda como responsable de esta problemática pese a que en sus autonomías no se aplican la mayor parte de sus artículos.

Uno de los principales puntos de la Ley es el imponer un tope al precio de los alquileres, pero para ello es imprescindible que la zona haya sido definida como tensionada. Esto depende de los gobiernos autonómicos. En el caso de Canarias, el Ejecutov regional (CC-PP) se ha negado a realizar los informes para determinar si una zona está tensionada y ha ordenado a los ayuntamientos que sean ellos quienes hagan esa investigación. Por ello, ninguno de los municipios canarios que ha solicitado la declaración de zona tensionada para regular el precio de los alquileres ha podido hacerlo.

En su intervención en un foro sobre regiones turísticas innovadoras en el marco del Tourism Innovation Summit, el congreso sobre turismo e innovación que se celebra en Sevilla, los cuatro responsables autonómicos de turismo se han mostrado partidarios de la regulación de las viviendas turísticas, pero han desvinculado a este sector de los problemas que hay en muchas ciudades españolas.

El más categórico en este sentido ha sido el consejero de turismo de Andalucía, Arturo Bernal, quien ha afirmado que “no se puede aceptar que se pongan encima de la mesa relatos que no son verdad y que buscan culpar al turismo del problema de la vivienda” con manifestaciones en las ciudades porque el “turismo les quita las casas”.

Para desmentir este relato, Bernal ha citado el caso de la ciudad de Málaga, con una demanda no satisfecha de 4.000 o 5.000 viviendas y con 16.000 casas vacías, por lo que ha deducido que el problema no es de falta de vivienda sino que la ley del derecho a la vivienda ha provocado una “falta de seguridad jurídica y ha convertido al propietario en una especie de delincuente” y ante ello prefieren retirar las propiedades del mercado.

Ni este consejero ni los demás han mencionado que el alquiler turístico es mucho más lucrativo que el de larga temporada.

En Andalucía “las viviendas turísticas suponen, tirando por lo alto, el 4% de todo el parque de viviendas”, por lo que ha incidido en que ese porcentaje “no va a tener la culpa de que no hay vivienda de alquiler. Eso no es cierto, ya que la ley del derecho a la vivienda ha retirado del mercado mucha vivienda y ha elevado el precio”, ha dicho, sin mencionar en qué datos basa esa afirmación.

El turismo, “chivo expiatorio para agitar la calle”

También se ha mostrado contundente la consejera deTurismo de Valencia, Nuria Montes, quien ha sostenido que la “ideología política ha encontrado en el turismo el chivo expiatorio para agitar la calle” con manifestaciones en contra de una industria potente por el problema de la vivienda que, en su opinión, obedece a una ley de vivienda “nefasta” y no al fenómeno turístico.

Ha alegado que las viviendas turísticas suponen en la comunidad valenciana un 1,4 % del parque y las vacías el 14 % y ha apuntado que crecieron un 160 % hasta el año 2023 durante el gobierno de una coalición de izquierda, pero “ahora en la oposición agitan la calle y lo achacan al fenómeno turístico y no a una política nefasta de vivienda”, ha lamentado.

Nuria Montes ha defendido que los gobiernos autonómicos están haciendo sus deberes en cuanto a la regulación de los pisos turísticos y ha reivindicado que en muchos casos han contribuido a mejorar barrios que estaban degradados y en los que la gente no quería vivir pero ahora “son lugares deseados”.

Viviendas ilegales, una pequeña parte del problema

El consejero de Baleares, Jauma Bauzá, también ha opinado que el turismo no es la causa mayoritaria del problema de la vivienda, sino la “nula política estatal” en esta materia y ha abogado por viviendas turísticas legales y regladas, ya que el alquiler ilegal supone una “pequeña parte del problema de la falta de vivienda” en las islas al generar “problemas de turismofobia” en la sociedad.

Ha expuesto que los problemas sociales que han surgido vinculados a los impactos del turismo en la vivienda se canalizan en Baleares con un proceso participativo de todos los agentes implicados y de la sociedad y ha elogiado la labor de las empresas turísticas, la principal industria de la comunidad balear.

En términos similares se ha pronunciado la consejera de Turismo de Canarias, Jessica de León, quien ha señalado que España carece de un plan de vivienda “real que afronte el problema”, que, a su juicio, lo ha creado la ley de vivienda por ser una norma “ideológica” que ha tensionado la demanda y ha provocado un “estallido social”. Sin embargo, Canarias no la aplica.

Ha destacado que el Gobierno canario (Coalición Canaria-PP) ha impulsado una ley de uso sostenible y turístico de la vivienda que ordena las competencias y una legislación de pisos turísticos o vacacionales que “vuelve a los orígenes y es esencial” con una especialización del uso del suelo: residencial, hotelero o equipamiento. Esta ley, que aún se está tramitando, pretende que sean los ayuntamientos quienes controlen esta oferta, algo sobre la que ya ha advertido la Federación Canaria de Municipios (Fcam), que ha señalado que no hay personal para atender a esta demanda y que puede suponer “la quiebra” de los consistorios “en un sentido competencial”. Además, desde que se anunció la ley se ha producido un incremento notable en el número de inscripciones de alquileres vacacionales, con lo que el número de alquileres turísticos se ha disparado en las Islas en menos de un año. Además, en el borrador de la ley no se incluye ninguna medida para aumentar las inspecciones y combatir los alquileres ilegales.

Sostenibilidad ambiental

Este componente social ha desplazado a la sostenibilidad medioambiental de turismo y, en este sentido, han abogado por alinearlo con el respeto a las comunidades locales.

El consejero andaluz ha abogado por la sostenibilidad ambiental, económica y social y por intentar que la sociedad “perciba al turismo como una industria potente” en empleo y en negocio, mientras que la responsable de Canarias ha reivindicado una estrategia de país donde la sostenibilidad sea un valor añadido y un factor de competitividad.

En esta línea, la consejera valenciana se ha mostrado contraria a una tasa turística y el de Baleares ha explicado que la tasa turística o impuesto de turismo sostenible lo van a “redireccionar” hacia la finalidad para la que fue creado.