Los 1.300 alumnos y 200 profesores del Instituto Cantabria, en Santander, ya están pensando en comprarse máscaras de respiración para irse acostumbrando a lo que será tener los pupitres a 10 metros de varios depósitos de combustible que contienen 64.000 litros de gasolina y gasóleo. Por ahora las máscaras las usan para concentrarse todos los sábados frente al centro educativo, junto al que se construye una estación de servicio, pero dentro de unos meses deberían usarlas para soportar los efluvios con componentes como benceno y hexanos, potencialmente cancerígenos según la Organización Mundial de Salud (OMS).
¿Cómo es posible que se construya de forma legal una cuarta gasolinera en una calle que alberga un instituto y domicilios particulares? Porque se construye en suelo productivo, no residencial. Siendo responsabilidad de varias administraciones, nadie acomete la decisión de impedirlo y, burocráticamente, dan su consentimiento a expedientes administrativos en donde el promotor de la estación de servicio cumple con la legalidad si nadie mira lo que hay en la finca de al lado.
Aunque el sentido común diga otra cosa, las administraciones son impotentes para parar las obras. La consejera de Educación, Marina Lombó (PRC), afirma que la historia no le gusta nada pero que la competencia es municipal; en el Ayuntamiento, tanto Urbanismo como Licencias, concejalías gobernadas por Cs y PP, respectivamente, afirman que la licencia es legal y que la responsabilidad es del Estado por su Ley de Hidrocarburos, norma que piden cambiar, y del Gobierno de Cantabria por validar los informes medioambientales; el PSOE, que también cogobierna en la autonomía, devuelve la responsabilidad al Ayuntamiento, a quien recuerda que tienen margen de maniobra para impedir construcciones de este tipo junto a “actividades vulnerables”, y la Asociación de Madres y Padres, que cuenta con el apoyo del centro, responsabiliza a todos, reclama decisiones y ya se plantea llevar el asunto a los tribunales.
El caso es paradigmático de cómo la dispersión competencial provoca inacción y, mientras las administraciones escurren el bulto, la construcción sigue y ya están enterrados bajo tierra un tanque de 60.000 litros para repostaje de los vehículos; un depósito de 4.000 litros de agua y otro depósito de 2.000 litros para gasóleo C destinado al autoconsumo de los quemadores con que calentar el agua del centro de lavado, entre otros elementos. La estación por lo demás será de autoservicio, por lo que no habrá ningún empleado que controle las incidencias.
El cruce de normativas ha empozado la situación, que ya venía torcida por la propia calificación del suelo: la finca donde se levanta el instituto es urbana, pero pegada a ella hay parcelas de suelo productivo, de hecho hay instaladas ya otras tres gasolineras. La Ley de Hidrocarburos despeja de obstáculos la instalación de nuevas estaciones de servicio en suelo productivo para favorecer la competencia. Que haya un centro educativo a 10 metros no le atañe.
La calle Repuente, en La Albericia, barrio donde se desarrollan los acontecimientos es un conglomerado de viviendas, gasolineras, supermercados y talleres de coches. Por haber, en las inmediaciones hay hasta una funeraria. Las viviendas particulares datan de los años 70, una de las gasolineras se instaló en los años 90 y otras dos en 2003 y 2005. Hay cuatro supermercados también de grandes dimensiones y las naves de la empresa de 'Parques y jardines' no andan lejos. También hay un instituto.
Las movilizaciones las está desarrollando la sociedad civil, concretamente la Asociación de Madres y Padres, que dirige Gabriel Moreno, y que está sacando los pupitres a la calle cada semana como protesta. Para los padres, los alumnos y la comunidad educativa en general, más que una cuestión de competencias y normas, se trata de voluntad política para arreglar un absurdo, que también amenaza un colegio en otro barrio, Nueva Montaña, enclavado junto a suelo productivo y que verá pronto cómo se levanta una nueva gasolinera.
“Nosotros defendemos que es un tema de voluntad política, que hay competencias y legislación de sobra para hacer valer las razones imperiosas de interés general, y que estamos a tiempo de evitar las dos gasolineras que amenazan al cole de Nueva Montaña y al IES Cantabria”, ha señalado Moreno.
Curiosamente, en Santander impera una suspensión de licencias para instalar nuevas estaciones de servicio en el casco urbano. Pero solo afecta al suelo residencial, no al productivo. Dicha suspensión ha conllevado incluso una modificación del Plan General vigente, del año 1997, en el sentido de ampliar en el futuro a 100 metros de viviendas las potenciales nuevas gasolineras.
El Partido Socialista, no obstante, está intentando introducir, vía alegaciones municipales a la modificación del Plan General, que dicha distancia sea aplicable a todo el suelo del municipio, independientemente de si es productivo o no, por lo que de aprobarse pudiera evitar la continuidad de este proyecto, lo que no impediría, por lo demás, que los promotores de las instalaciones sean indemnizados en el futuro al haber actuado dentro de la legalidad en todo momento desde que arrancó el expediente en 2020.
El IES se trasladó desde el polígono Candina, netamente industrial, hasta la parcela de La Albericia en 1996, hace ya 26 años, algo que se recuerda desde el AMPA añadiendo que ha habido un cuarto de siglo de tiempo para haber cambiado la calificación al menos de la parcela anexa.
En este viaje, la comunidad educativa del centro camina sola, con el apoyo único de la Junta de Personal Docente. Ha mantenido encuentros con la Consejería de Educación pero las de Sanidad y Medio Ambiente no la han recibido. La Consejería de Sanidad apela a que no tiene competencias en el asunto, cuando forma parte de la comisión de comprobación ambiental que emite un informe preceptivo para la tramitación de la licencia municipal; y la de de Medio Ambiente preside dicha comisión.
La AMPA, en todo caso, está dando los pasos ya para llevar a juicio su lucha. Por de pronto va a interponer un recurso de reposición ante el Ayuntamiento de Santander para pedir la revocación de la licencia. Agotada esta vía administrativa, presentará un recurso contencioso-administrativo ante la Justicia solicitando la anulación de la licencia.
La batalla también se desarrolla en la calle y en el instituto: asambleas abiertas, concentraciones en el patio del IES y en la calle, charlas al alumnado y al profesorado y en otros centros educativos, recogida de firmas change.org...
Para Gabriel Moreno, es el Ayuntamiento de Santander el que tiene la competencia y la capacidad decisoria. Ha sido el Ayuntamiento el que ha emitido informes para la autorización de la instalación en materia de ruidos, incendios, emisiones de gases, contaminación de coches, tráfico y seguridad vial, además del urbanístico. “No hay que olvidar que la propia empresa dice que va a haber un tráfico de 40 coches/hora (más los que entren al lavado) y que van a atravesar la acera (a escasos 20 metros) por la que el alumnado va andando a clase entre la parada del autobús municipal y la entrada el centro”, asegura el presidente de la AMPA.
También atribuye responsabilidades al Gobierno de Cantabria. La Dirección General de Patrimonio contrató a una empresa para hacer un estudio del daño arqueológico sobre la parcela, pero nada más; la de Salud Pública negó tener competencia en materia de salud sobre esa gasolinera; y la de Medio Ambiente emitió informe favorable “sin tener en cuenta la afección de la gasolinera sobre el IES”.
“Evidentemente ha fallado la actuación de las administraciones local y regional, que han obviado, en todo momento, los efectos tóxicos y peligrosos que la gasolina, el tráfico, los ruidos y los posibles incendios puedan tener en la salud y seguridad y, por supuesto, en la educación del alumnado y el normal funcionamiento del IES. No hay que olvidar que los surtidores de gasolina van a estar a 10 metros de las ventanas de las aulas, tanto por lo gases que emanan de la gasolina, los gases de los vehículos que entran a repostar, el ruido de los túneles de lavado y aspirado, el propio ruido de los vehículos y el gran riesgo de que va a ser una gasolinera sin una persona encargada de suministrar el combustible, lo cual dispara más las alarmas”, concluye Gabriel Moreno.
Este sábado, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) ha realizado una protesta en la Plaza del Ayuntamiento revelando que siguen dispuestos a ir “hasta el final” para intentar impedir la construcción de la gasolinera “a diez metros” del centro educativo. Allí varios estudiantes han leído y 'tirado' simbólicamente a una papelera los derechos que, a su juicio, se están viendo vulnerados.
En declaraciones a Europa Press, el AMPA ha anunciado que esta semana, “seguramente” el lunes 13 de junio, presentará ya ante el Consistorio el recurso de reposición solicitando la revocación de la licencia concedida para esta gasolinera. Moreno, ha explicado que si el Ayuntamiento “no da marcha atrás”, algo que “aplaudirían” desde la asociación de madres y padres, la “última palabra” la tendrá la Justicia, y es que ya están preparando el recurso contencioso-administrativo con el acudirán a los tribunales para que sea la Justicia la que decida si la construcción de esta gasolinera junto al centro es “legal o no”. Para presentarlo, deberán a la respuesta al recurso de reposición que dé el Ayuntamiento, que tiene un mes para contestar.
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