El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, Guillermo Blanco (PRC), ha acusado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cuya titular es Teresa Ribera (PSOE), de “abrir la guerra civil” que, ha dicho, hubo en esta comunidad por el lobo hasta la aprobación y aplicación en 2019 del plan de gestión de esta especie, que acaba de ser incluida en el listado de las de protección especial.
El regionalista ha considerado la inclusión del cánido un “atentando” contra los ganaderos y aunque ha agradecido las “intenciones” que a su juicio ha mostrado el responsable nacional del ramo, Luis Planas (PSOE), ha considerado que “no vale” que diga que el asunto “no es competencia suya”, sino que “tiene que hacer algo” y “como ministro, tiene que defender al sector”, en Cantabria y en España: “Lo aprobado es un atentado al sector ganadero, que él tiene la obligación de defender”.
Así lo ha sentenciado Blanco en declaraciones a los periodistas al término de una reunión que ha mantenido con representantes del sector primario en la comunidad autónoma y en la que han participado otros responsables de su Consejería, convocada tras la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), pese a los informes técnicos y la postura contraria de Cantabria, Galicia, Asturias y Castilla y León.
En total, votaron 'no' ocho autonomías y otras tantas a favor, y “la balanza la desequilibró el propio Ministerio” para la Transición Ecológica, ha criticado Blanco, para quien la votación y decisión salió adelante “sin ningún rigor técnico”, y el departamento que dirige Teresa Ribera lo que hizo fue “dinamitar los puentes” entre la administración central y las autonómicas y “enfrentar” a las comunidades, a las que concentran la mayor parte de los cánidos y aquellas que apenas tienen.
En Cantabria, la población de esta especie se ha multiplicado por cinco en los últimos veinte años y está “en claro proceso de expansión”, según Blanco. Por eso, y a expensas de la publicación y aprobación de la inclusión del lobo en el Lespre -cuya primera consecuencia sería que “decae” el plan de gestión del lobo cántabro “con todo lo que ello conlleva”- y, en ese caso, la decisión de acudir a los tribunales anunciada por las cuatro autonomías situadas al Norte del río Duero que albergan la práctica totalidad de los ejemplares que hay en el país, Cantabria va a seguir controlando la especie, como ha reiterado el consejero del PRC.
“No vamos a permitir que el lobo invada los espacios que han tenido que abandonar los productores del medio rural”, ha advertido el responsable en la materia, que ha recordado que son los ganaderos quienes sufren los ataques de este carnívoro. “Nosotros tendremos que aprobar medidas para seguir controlando”, ha insistido. En este sentido, ha avisado que si se deja al lobo “a su libre albedrío”, las manadas “van a seguir creciendo” y “poco a poco” pueden llegar a otros lugares del territorio nacional donde ahora casi no hay ejemplares.
El titular de Ganadería ha asegurado que en Cantabria ahora hay “cinco veces más” de estos cánidos que hace veinte años, y ha señalado que ocupan una extensión de 3.500 kilómetros cuadrados, de los 5.000 que tiene la comunidad; es decir, más del 65% del territorio y 1.200 kilómetros cuadrados más que hace dos décadas.
“Está en claro proceso de expansión”, ha avisado Guillermo Blanco, quien ha asegurado que el plan de gestión aprobado y aplicado en esta comunidad hace año y medio estaba “empezando a dar resultados”, y que a su juicio van a “decaer” si finalmente se aprueba su inclusión en el Lespre. Por eso, y para finalizar, ha lamentado que con esta decisión el Ministerio ha vuelto a “abrir” la “guerra civil” que hubo en la región por el lobo hasta 2019.