“Los trabajadores que aparezcan en el registro cántabro de expuestos al amianto ya no tendrán que luchar para que se les reconozca como enfermedad profesional”

Cantabria cuenta desde la semana pasada con un registro público de trabajadores expuestos al amianto. Se trata de un convenio sellado entre la Consejería de Sanidad y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a través del cual se llevará a cabo un seguimiento médico de todos los trabajadores que están afectados y trabajando en un ámbito donde el riesgo del amianto queda patente. 

“Los trabajadores que aparezcan en el registro ya no tendrán que luchar para que se les reconozca como enfermedad profesional”, destaca Pedro Cobo, representante de UGT en la Comisión Provincial del INSS en Cantabria. Se trata de una reivindicación de la que lleva años detrás este sindicato, puesto que a nivel nacional se aprobó en el Congreso de los Diputados en 2006 y prácticamente todas las comunidades autónomas lo tienen implantado, algunas con adendas, de manera que “están más avanzadas”.

“Ahora lo importante es que se ponga en marcha cuanto antes en Cantabria porque después de tanto tiempo no son admisibles más demoras”, reclama el representante sindical. Cobo explica que gracias a este registro, si un trabajador que se encuentra en el ámbito del amianto va al médico y este “tiene algún indicio” de que su enfermedad pueda tener relación con el trabajo “se podrá llevar a cabo un proceso de prevención, no solo desde la empresa, sino también desde el sistema sanitario público”.

“El tiempo de reacción en un proceso de cáncer es importante”, resalta el representante sindical sobre el mesotelioma pleural, el tipo de cáncer de pulmón que provoca este material. El amianto, también conocido como fibra de asbesto, está presente principalmente en los materiales de construcción, en la industria del automóvil y en textiles.

“Está en más de 3.000 productos en el ámbito laboral y, por lo tanto, es un producto que está muy extendido, de ahí la importancia de que se reconozca como un riesgo laboral”, expone Cobo, quien además detalla que son 17 las empresas incluidas en el registro, que aglutinan a alrededor de 300 empleados.

No obstante, según advierte, son muchos más los que se encuentran expuestos de manera puntual por estar en contacto con alguno de esos 3.000 productos, por lo que pide a todas las empresas de determinados sectores -construcción, naval, automóvil- que reconozcan el amianto como un factor de riesgo en el ámbito laboral y doten a los trabajadores de las medidas de protección necesarias y establecidas por ley. 

Respecto a la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que ha reconocido la muerte por amianto de un técnico de mantenimiento de los talleres de FEVE en Santander, el representante de UGT ha valorado positivamente que “vayan aflorando” ese tipos de sentencias. “Cada vez son más habituales”, asegura.

Y es que, según señala, la sociedad “cada vez es más consciente” de qué es el amianto y del riesgo que supone. “Pero han tenido que pasar muchos años”, reconoce Cobo, quien insiste en la importancia de la prevención y en los “grandes pasos” que está dando la sociedad. “Cada vez está más interiorizado”, concluye.