El juez del Supremo llama a declarar al fiscal general e imputa a su mano derecha en la Fiscalía

El juez del Tribunal Supremo ha llamado a declarar el próximo 29 de enero como investigado a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, en el caso por la supuesta filtración de documentación de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Un día después comparecerá la fiscal provincial de Madrid y el juez también imputa a Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, que declarará el próximo cinco de febrero. El magistrado afirma que existió una “operación coordinada” de los tres para filtrar esa información sobre Alberto González Amador, una estrategia en la que acusa a Presidencia del Gobierno de hacer “gestiones” para que la confesión del empresario fuera publicada por un medio de comunicación.

El juez Hurtado investiga desde octubre si el fiscal general y su equipo más cercano intervinieron de alguna manera en la filtración de un correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador reconocía su fraude fiscal de 350.000 euros y ofrecía un pacto para evitar la cárcel. Después de analizar los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y las testificales que ha celebrado en las últimas semanas, concluye que es necesario escuchar a los dos acusados: Álvaro García Ortiz, fiscal general, y Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, además de extender la causa a Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica.

El magistrado Ángel Hurtado entiende que “hay base indiciaria para presumir la relevante participación” de todos en la filtración de un correo en el que la defensa de González Amador confesaba sus dos delitos fiscales. El instructor considera que el fiscal general, la fiscal superior de Madrid y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica se pudieron “haber concertado para revelar secretos o informaciones reservadas relativas a otro ciudadano”, unos datos que “no deberían haber sido divulgados”.

Las comunicaciones que intervino la Unidad Central Operativa en sus registros, dice el juez, apuntala su teoría por la que Álvaro García Ortiz debe declarar: “La secuencia y presura de esos pasos ponen de relieve unas prisas por parte del fiscal general en recoger una determinada información”, explica. Villafañe, explica, es una persona “de confianza” de García Ortiz y pudo tener “un papel de relevancia, si se quiere menor” pero apuntando a “una operación coordinada propia de una labor de equipo”.

En su auto, que por primera vez en democracia llama a declarar como investigado en una causa penal a un fiscal general, el juez Hurtado hace una cronología de los hechos: desde el intercambio de correos entre el fiscal Julián Salto y el abogado de Alberto González en febrero de 2024 hasta su publicación íntegra en un medio, El Plural, en la mañana del 14 de marzo.

En medio, el juez considera que los mensajes intervenidos por la Guardia Civil en el teléfono de Pilar Rodríguez permiten responsabilizar a los tres fiscales de la filtración del correo en la noche del 13 de marzo. Cuando El Mundo publicó una información falsa del caso, la Fiscalía recopiló la información para desmentirla en un comunicado y su contenido fue revelado por varios medios de comunicación hasta su publicación íntegra la mañana siguiente, en paralelo a un comunicado de la Fiscalía de Madrid sobre el asunto.

Esa noche del 13 de marzo, dice el juez, hubo “momento de urgencia y gran tensión” bajo la “batuta” del fiscal general y de lo que el juez considera una “operación coordinada” para filtrar el correo de González Amador desde la Fiscalía. Una “labor de equipo”, dice el magistrado, haciendo suyas las alegaciones de la defensa del empresario al hablar de un “equipo Fortuny” en sus escritos. El juez entiende que los testimonios de periodistas que revelaron haber tenido acceso al correo antes de esas horas clave del 13 de marzo no desvirtúan el resto de pruebas.

El magistrado considera, incluso, que ese correo salió de la Fiscalía con “destino” a Presidencia del Gobierno y de ahí a un medio de comunicación, El Plural, que publicó el correo de forma íntegra en la mañana del 14 de marzo. “Desde Presidencia del Gobierno se hacen gestiones para la publicación”, explica, citando toda la información publicada por Juan Lobato, entonces secretario general del PSOE en Madrid: recibió el correo de una asesora de Moncloa y mostró su contenido poco después en el pleno de la Asamblea de Madrid.

Imputaciones y diligencias pendientes

El magistrado añade tres fechas clave al calendario de la causa: la declaración de Álvaro García Ortiz el 29 de enero, la de Pilar Rodríguez el 30 de enero y la de Diego Villafañe el cinco de febrero. A la espera de también tomar declaración, aunque como testigos, a los responsables de comunicación de la Fiscalía General y la Fiscalía de Madrid así como del fiscal Julián Salto y su superior, Almudena Lastra.

En las últimas semanas el juez Hurtado ha puesto en marcha diligencias y testificales que, a falta del resto, aportan “información de peso” para “apuntalar” la imputación de los tres miembros de la cúpula de la Fiscalía. Por encima de todas los registros de la UCO en los despachos del fiscal general y la fiscal provincial de Madrid a finales de octubre el mismo día en que puso la causa bajo secreto de sumario.

Los agentes tenían la misión de recopilar todos los mensajes y correos relacionados con el caso y la supuesta filtración del correo. En el caso del fiscal general, la Guardia Civil comunicó que sus aplicaciones de mensajería no tenía ningún mensaje y que García Ortiz había cambiado de teléfono una semana antes del registro. El teléfono de Pilar Rodríguez sí ofreció más datos, con varias conversaciones entre ella, Villafañe y otros miembros de la Fiscalía a raíz de la información publicada por El Mundo en la noche del 13 de marzo.

Para el juez instructor, todo responde a una “dinamica delictiva para divulgar, por medio de lo que se conoce como filtraciones”, la confesión escrita del abogado de Alberto González Amador. El fiscal general, dice Hurtado, “dirigió los pasos” y tuvo una “relevante participación”. En los últimos días también han testificado ocho periodistas y Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, aunque el magistrado considera que todos estos testimonios no desvirtúan los indicios por los que, entienden, el fiscal general y sus dos colaboradores deben declarar como imputados.