La Fiscalía de Cantabria ha incoado diligencias por presunta prevaricación tras la denuncia del PSOE y PP al alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón (Cs), a raíz de las supuestas irregularidades detectadas por el secretario municipal.
El ministerio público ha informado a Europa Press de la apertura de las diligencias de investigación, que ya se han comenzado a tramitar, a partir de la denuncia de ambos partidos.
Los socialistas acordaron dar el paso primero, en una Ejecutiva celebrada hace unas semanas, tras la que presentaron en el ministerio público su escrito.
Recogen en él que, tal y como denunció en mayo el secretario municipal, el oficial de Obras y Servicios habría estado durante 20 meses cobrando una nómina del Consistorio y al mismo tiempo una pensión por incapacidad.
Ante este hecho, el PSOE y el PP también después, ambos en la oposición de Astillero, donde gobierna Ciudadanos con mayoría absoluta, piden a la Fiscalía que esclarezca si se han cometido los delitos de malversación, falsedad de documento público y prevaricación.
Tras ambas denuncias, está actuando el ministerio público, con la incoación de diligencias a partir de las cuales, y en caso de apreciar la comisión de algún delito, se abriría una investigación, supuesto en el que el PSOE se personaría e interpondría una querella.
Tras la polémica generada, los grupos de la oposición pidieron explicaciones al equipo de Gobierno y éste negó las acusaciones y aseguró que dispone de documentación que las desmiente. Además, señaló que el oficial de Obras estuvo trabajando hasta que el propio secretario emitió el informe indicando que “no podía estar”.
Así, el equipo de Gobierno lamentó que la oposición use un expediente “sobre un tema particular y privado de un trabajador municipal que sufrió una grave enfermedad”.
Sin embargo, el informe del secretario recoge que dicho empleado recibió en 2022 la incapacidad total de la Seguridad Social y pidió un cambio de puesto en el Ayuntamiento compatible con el cobro de la pensión, tras lo que “no hay ninguna resolución” donde figure su recolocación.
Así, en 2024 emitió un informe en el que advirtió de la “ilegalidad” de la situación laboral de este trabajador, que llevaba “20 meses” cobrando la nómina del Consistorio y la pensión.