El pasillo del edificio Interfacultativo de la Universidad de Cantabria (UC) se ha convertido este martes en una inusual sala de prensa, en la que los nueve imputados por el escrache a Ignacio Diego han comparecido ante los medios de comunicación para exponer su versión de los hechos. Arropados por cerca de 200 personas, han negado rotundamente que atentaran contra el presidente de Cantabria o que mantuvieran una actitud violenta, como ha estimado en un auto el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santander, que les imputa “un total de 42 años de cárcel” por cometer presuntamente delitos de desórdenes públicos, coacciones, daños, injurias y amenazas.
Durante su comparecencia, han explicado que acudieron a la jornada 'Tengo una pregunta para usted', organizada por el Consejo de Estudiantes, con la intención de manifestar “pacíficamente” sus reflexiones e inquietudes al presidente de la comunidad autónoma. Sin embargo, se encontraron con un despliegue de la seguridad privada que les impidió entrar al acto “sin aportar ningún tipo de justificación”. “Se quedó más gente fuera que dentro. Solo querían afines”, han apostillado.
Tras no poder acceder, decidieron trasladar su “descontento” a la conclusión del acto, celebrado hace justo un año. No obstante, han subryado que “Ignacio Diego montó en el coche sin el menor impedimento y abandonó la Universidad, declarando incluso al día siguiente haber estado muy a gusto”.
En este sentido, Diego San Gabriel, uno de los imputados, ha apuntado que el jaleo ocurrió cuando el presidente ya había abandonado el lugar, momento en el que “uno de los escoltas propinó un puñetazo en la nuca y una bofetada a dos de los jóvenes”. “Esas agresiones, totalmente gratuitas, generaron lógicamente los reproches de los allí presentes”, ha dicho.
A preguntas de la prensa de por qué no denunciaron la agresión, han indicado que cuando llegó la Policía le relataron lo sucedido y reclamaron la identidad del escolta, a lo que los agentes respondieron pidiéndoles a ellos que se identificaran. Por eso, se retiraron “indignados, denunciando públicamente el abuso que habíamos sufrido”.
La versión de los imputados dista completamente de lo relatado por el magistrado Luis Enrique García Delgado, en un auto emitido el pasado 5 de febrero. El juez ve “indicios razonables de criminalidad” y ha ordenado transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado.
Los imputados han asegurado que el magistrado solo ha tenido en cuenta la declaración de los escoltas del presidente de Cantabria y de su jefe de Gabinete, mientras que ha obviado el testimonio de una de las periodistas que cubrían el acto y que ha declarado como testigo. “Dibuja un escenario irreal”, han sostenido.
Ante este auto, los acusados han presentado un recurso de forma, en la que reclaman su nulidad alegando que tampoco “se ha tenido en cuenta el contexto en el que se desarrollaron los hechos, en los que se estaba ejerciendo el derecho de libre reunión y libertad de expresión en la Universidad”, tal y como ha indicado su abogada, María Luz Ruiz Sinde.
En el caso de que este recurso no prospere, apelan a la Audiencia Provincial y piden la declaración como testigos de otros tres periodistas que estuvieron presentes, así como la del propio presidente regional, que hasta ahora no ha testificado. “Debe de dar su versión de los hechos para diga si se sintió o no atentado”, ha esgrimido la abogada.
#PreguntarNoEsDelito
Los nueve jóvenes se enfrentan a penas de prisión “por no dejarnos amordazar en un acto público” y para “reconquistar con creces” la libertad de expresión han puesto en marcha una campaña en la que animan a los ciudadanos a dirigir preguntas y quejas al presidente de Cantabria a través del hashtag #PreguntarNoEsDelito o escribirlas en una cartulina y hacerse una fotografía.
Con esta campaña, pretenden dar a conocer su caso y “canalizar la solidaridad” y muestras de apoyo que están recibiendo ante la “gravedad” del proceso judicial.
“Hacemos un llamamiento a acompañar la etiqueta con la pregunta que queráis hacerle a Ignacio Diego, para que la injusticia y el abuso que estamos sufriendo sirva para visibilizar todas las injusticias y abusos que sufrimos en Cantabria, en cada pueblo, en cada barrio, en cada centro de estudios o en cada puesto de trabajo”, ha manifestado Lorena Saiz, que junto a Diego San Grabriel y Mario Pardo, ha ejercido de portavoz.
Entre los imputados se encuentra Marcos Martínez, miembro de los consejos ciudadanos estatal y regional de Podemos.