Era técnico de mercancías en la administración de FEVE en Santander, había nacido en 1960 y ahora tendría 62 años si no se hubiera cruzado en su camino un asesino silencioso: el amianto. J.G.E., trabajador cántabro fallecido en agosto de 2019, había dedicado toda su vida al ferrocarril y en los últimos años había tenido responsabilidades en el mantenimiento de trenes de la red de vía estrecha. Se dedicaba a tareas de gestión y administración, muchas de las cuales derivaban en un contacto directo con el material.
De hecho, revisaba y comprobaba la realización de las reparaciones de los vagones averiados, sacaba fotografías, comprobaba la disponibilidad del material remolcado y otros cometidos, para lo cual acudía regularmente al taller que existe en la confluencia entre las calles Castilla y Carlos Haya de Santander. Realizaba estas funciones mientras los operarios estaban trabajando, pero el aire que respiraban era el mismo y en ese aire había en suspensión fibras del amianto fracturado por su manipulación.
En apenas dos meses, entre primeros de julio y finales de agosto de 2019, el trabajador había pasado de causar baja por enfermedad a fallecer. ¿Causa de la muerte? Cáncer. ¿Origen? Enfermedad común no profesional.
En el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander le notificaron a la familia que la enfermedad que tenía el trabajador provenía únicamente del contacto con el amianto y, ante dicha noticia, la familia, intranquila con esta información, decidió emprender una investigación para poder recurrirlo vía judicial y que se reconsiderase la verdadera causa de la muerte: el derrame de pleura provocado por un mesotelioma maligno se debió a la exposición continua al amianto. Es decir, había fallecido a resultas de una enfermedad profesional.
El operario nacido en Santander había compartido durante años el espacio en donde se efectuaban reparaciones con piezas que contenían amianto. Y aunque no tenía personalmente que manipularlas, las fibras en suspensión minaron su sistema respiratorio. Sin embargo, un juzgado de primera instancia no dio la razón a la familia al entender que la ocupación del fallecido no estaba en el catálogo de profesiones con riesgo de contraer una enfermedad de este tipo.
A pesar de la negativa, la familia volvió a reclamar judicialmente a Renfe y ADIF, así como a diversos organismos de la Seguridad Social y a dos mutuas laborales y, finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) acabó dándole la razón: había una relación causa-efecto por trabajar en un espacio contaminado.
La familia ha valorado positivamente la estimación del recurso, dado que J.G.E. “no falleció por tener mala suerte de desarrollar un cáncer de manera azarosa”, sino que por un motivo laboral. “En las instalaciones de FEVE y Renfe ha habido amianto toda la vida y sigue habiéndolo, así que para la familia, el hecho de ganar este recurso es un símbolo de justicia y significa también que, de alguna manera, se puede presionar a la empresa para que elimine este material definitivamente o, al menos, mientras que el material siga presente, que todas las personas que tengan contacto con el taller de la forma que sea, lo hagan con medidas de protección adecuadas y que estén inscritas en el listado de revisiones médicas pertinentes”, asegura a elDiario.es un portavoz de la familia.
Como técnico de Mercancías, pasaba regularmente por las instalaciones por donde se reparaban las unidades y, aunque no manipulaba personalmente las piezas, estaba sometido a una “exposición al amianto”, recuerdan tras la sentencia favorable del TSJC.
En este sentido, los servicios jurídicos de Renfe están analizando dicha sentencia y la interposición, o no, de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Pero no todo se concentraba en el interior de los talleres. En el despacho del trabajador había una ventana y muy cerca extractores del aire de los talleres en donde se procedía al mantenimiento de vagones y cabezas tractoras que aún circulan por las vías del norte del país.
Dichos extractores también apuntan directamente a las instalaciones de la Policía Local, que ocupa el edificio colindante, todo el conjunto ubicado en la arteria de salida de la capital de Cantabria, la calle Castilla, al lado de un centro de salud y junto a edificios de viviendas próximos.
Según la Asociación de Victimas de Amianto (Asviamie), interesada en este caso, “los ventiladores del taller de reparación de vagones dan directamente al puesto de trabajo del supervisor fallecido, pudiendo estar dispersando fibras y afectar al personal de la Policía Local o la ciudadanía”. Asviamie, asimismo, denunció que Renfe no había seguido los protocolos para garantizar la seguridad de los trabajadores de los talleres.
Un informe del Instituto Cántabro de Salud da cuenta de que Renfe y FEVE en Cantabria fueron objeto de “múltiples actuaciones desde el año 1987” por parte de este organismo de prevención y control, el cual constató que “durante décadas en muchas aplicaciones en el sector ferroviario” se venía empleando amianto, concretamente en el sistema de frenado de los trenes, como aislante en techos y paredes de vagones (interior), como material anticorrosivo, fibrocemento, y fibras textiles, entre otros usos.
Cuestionada Renfe por su política preventiva, la Delegación Norte de la compañía ha comunicado que “por parte de talleres, en cuanto se detecta o se sospecha de la existencia de amianto en alguna pieza, se notifica a Recursos Humanos y prevención de riesgos; a la vez se contrata el servicio a una empresa especializada para proceder con el desamiantado”.
“Renfe no realiza actividades u operaciones incluidas en el ámbito de aplicación del RD 396/2006 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición a amianto. No obstante lo anterior, y debido a la antigüedad de algunos de los vehículos ferroviarios, se pueden producir hallazgos ocasionales de piezas con material de amianto”, ha asegurado la compañía, a lo que añade:
“Con carácter general, estos elementos de pequeño tamaño (arandelas, aislantes, juntas, etc.) se detectan en las intervenciones que se llevan a cabo en nuestros talleres, como ha ocurrido en el de Santander y que, por su ubicación, son de difícil acceso y sólo se encuentran en las operaciones de mantenimiento más importantes que conllevan el desmontaje de motores, bogies, etc. Cuando se producen estos hallazgos se prohíben las operaciones en la zona afectada y se procede al desamiantado por una empresa autorizada”.
Renfe afirma que aplica a todos los trabajadores del taller los servicios de vigilancia de la salud 'posocupacional' por riesgo de exposición al amianto. “En base al principio de prudencia -afirma-, Renfe ha ampliado a la totalidad de los mismos [trabajadores] la aplicación de esta vigilancia de la salud de acuerdo con las directrices establecidas en esta materia por el Ministerio de Sanidad”.
También el sindicato CGT ha venido denunciando reiteradamente la falta de protección de los trabajadores en riesgo por el amianto. Recientemente, acaba de conseguir que la Inspección de Trabajo en Cantabria ordene a la compañía que aplique a los trabajadores el protocolo de amianto.
“Desde que en marzo de 2021 se constató la presencia de amianto en estado friable [fracturable con facilidad] en las resistencias de tracción y freno de las unidades de la serie 43800, y desde CGT defendimos en todo momento que los trabajadores que hubieran manipulado directamente las resistencias como los que simplemente hubieran estado realizando tareas de mantenimiento en su entorno debían ser incluidos en el programa de vigilancia de la salud para trabajadores expuestos al amianto”, ha indicado este sindicato.
Los trabajadores no solo convivían con el amianto a diario, sino que llegaban a cortar el pan de los bocadillos encima de las planchas con este material cancerígeno.
CGT presentó dos denuncias en la Inspección de Trabajo en 2022 y, en diciembre pasado, el citado organismo les dio la razón y comunicó que los trabajadores que se encargaban del mantenimiento de trenes debían ser protegidos “ya que no hay un límite inferior que garantice la salud”. Ello hace que todos los trabajadores, incluso los que están en sus inmediaciones, deben incluirse en el protocolo de prevención aunque las mediciones tomadas entren dentro de lo “aceptable” actualmente.
La Inspección de Trabajo ha requerido así a Renfe Mantenimiento que confeccione un listado de trabajadores expuestos para que les sea aplicado el protocolo de prevención.
El amianto puede producir enfermedades como la asbestosis, el mesotelioma y el cáncer de pulmón y laringe. Es un asesino silencioso de trabajadores como otras sustancias, no exclusivas del mundo del trabajo, caso del polvo de sílice que produce la silicosis, el gas radón y otros materiales radioactivos.
Desde los años 70 se conoce la toxicidad del material y en España, en concreto, está legislado desde hace más de 20 años que el amianto está absolutamente prohibido. Ello no ha impedido que se siguiera utilizando y que se haya cobrado la vida de trabajadores como J. G. E., como refleja esta reciente sentencia del TSJC.
La victoria judicial de la familia del operario fallecido fue recibida con satisfacción por organizaciones de afectados, como la vasca Asviamie, por considerar que la argumentación que echaba por tierra el origen laboral del cáncer de pleura quedaba desbaratada. La Justicia, de este modo, trazaba una conexión directa causa-efecto entre el amianto y el fallecimiento en el ejercicio de una profesión.
La familia ha vivido un proceso “muy duro”, desde la “sorpresa” inicial cuando se diagnosticó el mesotelioma y fue anunciado que el amianto respirado era su origen hasta el fallecimiento. “Fue como vivir en crónica de una muerte anunciada. El hospital, las asfixias, las múltiples operaciones, las bajadas a la UCI... fue verdaderamente desgarrador. Básicamente solo queríamos pasar tiempo con él, tratar de que sufriese lo menos posible y darle todo el amor posible el tiempo que le quedase”, expresa un familiar.
Una vez que falleció, el dolor no terminó ahí porque “automáticamente después, arrancamos con un proceso de investigación sobre la verdadera causa del fallecimiento. Y la experiencia en este terreno fue digna de un guion de película -continuó el portavoz familiar-. Cuando falleció, intenté hablar con la empresa, sindicatos y otros trabajadores. El resultado fue desolador”.
“Es muy grave que a día de hoy en España una empresa estatal como es Renfe, y que presta un servicio público de transportes, no se digne a quitar un material que directamente mata a sus trabajadores”, concluye la familia.
No es la primera sentencia que se produce en Cantabria reconociendo el amianto como causante de una muerte por enfermedad profesional. Un juzgado de Santander condenó a las empresas Ferroatlántica y Tecnell a pagar 172.122 euros a la familia de un trabajador que falleció por cáncer en 2018 tras inhalar amianto.
Según informó la Cadena SER, Ferroatlántica fue condenada por incumplir la obligación de proteger la salud de los trabajadores, una materia que, en lo que concierne al control público de este producto cancerígeno, está aún sin desarrollar en Cantabria, ya que incluso se carece de un registro de los trabajadores que están expuestos al amianto. El INSS no tiene inconveniente en crearlo, pero la Consejería de Sanidad parece no tener prisa en hacerlo, pese a que el amianto esté clasificado según la legislación española como cancerígeno de primera categoría, es decir, “sustancia que se sabe es carcinógena para el hombre”. La creación del registro lleva pendiente desde 2006.
Actualmente en Cantabria, y según datos facilitados por UGT, hay más de un centenar de trabajadores de 13 empresas que a diario están expuestos de forma continua al amianto. En concreto, el sindicato lo cifra en 113 personas. Por sectores, destacan los trabajadores de la construcción y de aquellas contratas y empresas que han de trabajar en la retirada de tuberías o uralitas de fibrocemento. Los trabajadores del sector del ferrocarril también son un grupo de riesgo.
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