El frente autonómico contra la ley de educación que impulsó el exministro José Ignacio Wert, con el beneplácito del presidente Mariano Rajoy, sigue creciendo y está a punto de poner en aprietos su implantación el próximo curso. Las doce comunidades que rechazan la LOMCE, entre las que se encuentra Cantabria, han anunciado este jueves el traslado al nuevo responsable del área, Íñigo Méndez de Vigo, de una serie de propuestas “con garantías jurídicas” destinadas a paralizar el calendario para desarrollar la norma después del verano.
El socialista Ramón Ruiz, que asumió el cargo de consejero de Educación del Gobierno de Cantabria tras las elecciones del 24 de mayo, ha mostrado su rechazo frontal a la LOMCE desde el primer día. De hecho, su departamento ha tomado medidas para que su impacto sea “menos dañino”. En esta línea, ha anunciado la reducción de una hora de Religión del Bachillerato o la recuperación de los ciclos en Primaria. Unas medidas que han levantado cierta polvareda entre los responsables eclesiásticos del Obispado de Santander y la oposición del Partido Popular.
En un acto previo a la Conferencia Sectorial que se ha celebrado en el Ministerio de Educación, la consejera andaluza, Adelaida de la Calle, ha leído un manifiesto consensuado por las demás comunidades 'anti-LOMCE', las doce que no están gobernadas por el PP. “Creemos que es posible evitar muchas incertidumbres y sufrimiento, siendo conscientes de que empeñarse con continuar con la implantación de una ley que será derogada no es razonable”, ha subrayado.
En este bloque contrario a la Ley Wert están las siete comunidades gobernadas por el PSOE, como son Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y Comunidad Valenciana (junto a Compromís), más las de Canarias (CC-PSOE), Cantabria (PRC-PSOE), Cataluña (CDC), Navarra (Geroa Bai) y País Vasco (PNV).
Según el documento, son “conscientes” de que se trata de una ley orgánica de obligado cumplimiento. Las propuestas, “que quieren preservar siempre el interés superior del alumnado”, son para los firmantes del texto, “una oportunidad para recuperar un consenso que nunca se debió abandonar”.
De la Calle ha valorado la iniciativa de Méndez de Vigo de haberse reunido en las últimas semanas con todos los consejeros, pero ha enfatizado: “Queremos comprobar con hechos concretos si su voluntad de diálogo es auténtica o una estrategia dilatoria para que él pueda ganar tiempo y nosotros acabemos perdiendo, nuestras comunidades no nos lo perdonarían”.
Estas autonomías, que han tachado la reforma educativa de “innecesaria, inconveniente, inoportuna” y aprobada “sin consenso”, se han mostrado “abiertas al diálogo” para evitar el “impacto negativo” que la ley está teniendo para profesores, alumnos y familias. Han recordado en el documento que la “voluntad ciudadana” de las pasadas elecciones autonómicas del 24M ha dado como resultado que doce comunidades sean contrarias a la norma: “Hoy somos muchas más las que compartimos el rechazo a la Lomce”, subraya el comunicado.
A pocas semanas de empezar el curso “no se puede perder el tiempo”, por lo que están “obligados a garantizar el derecho a la educación”. Si el pasado septiembre la Lomce se puso en marcha en los cursos impares de Primaria (incluyendo la evaluación estandarizada de tercero de ese ciclo educativo), para el próximo mes tiene que entrar en los cursos pares (con la evaluación de los alumnos de sexto), en primero y tercero de Secundaria y en primero de Bachillerato.
“Una irresponsabilidad”
La portavoz de Educación del PP, Sandra Moneo, ha calificado de “irresponsabilidad” que se pida paralizar o modificar el calendario de aplicación de la LOMCE porque “la ley ya está en marcha” y ha reclamado trasmitir “seguridad y confianza” a la comunidad educativa a pocas semanas del inicio del curso.
“Cuando la ley está en vigor, trasladar a la opinión pública, a las familias que en estos momentos alguno de sus hijos ya estén estudiando en el marco de la LOMCE, que se va a paralizar por estrategia meramente política y que no responde a un impulso de querer mejorar la calidad de la educación, es una enorme irresponsabilidad”, ha dicho Moneo.
En una declaración en la sede del PP, la responsable parlamentaria de Educación ha insistido en la necesidad de llegar a un gran acuerdo por la educación, “a partir de las cosas positivas que tiene la Lomce”, pero no paralizando la ley. “Es posible que haya otro tipo de campo donde seguramente se puedan llegar a una serie de acuerdos porque estamos abiertos a aportaciones del PSOE y de cualquier otra fuerza política”, ha asegurado Moneo.
Según la dirigente popular, entre las cinco comunidades autónomas gobernadas por el PP (Madrid, Castilla y León, Galicia, Murcia y La Rioja) y el Gobierno “existe un acuerdo fundamental” para mejorar la calidad de la educación. “Creemos que la LOMCE es punto de partida extraordinario y consideramos importante que se hagan aportaciones para lograr un marco de acuerdo”, ha dicho.
“Desde el PP hacemos un llamamiento a la responsabilidad, a las comunidades autónomas y a los partidos políticos; la Lomce es una ley que ya está en vigor”, ha insistido Moneo, quien ha opinado que es “una buena ley” y tiene un presupuesto para su aplicación. Para la parlamentaria popular, con la reforma educativa se ha iniciado el camino para que “España tenga uno de los mejores sistemas educativos del mundo”.