La Consejería de Turismo del Gobierno de Cantabria ha responsabilizado al Ayuntamiento de Santillana del Mar del retraso en la aprobación de cinco planes de sostenibilidad turística de otros tantos municipios al haber presentado en 2023 un proyecto que estaba impugnado por una empresa que había prohibido expresamente su incorporación. El Gobierno de Cantabria, de este modo, ha reiniciado este año el proceso para evaluar el proyecto del ayuntamiento, presidido por el socialista Ángel Rodríguez, y no tiene visos de prosperar, por lo que hay tres millones de euros en el aire. El resto de proyectos de los restantes ayuntamientos están aprobados y se transferirán los fondos “en unos días”.
Cuatro municipios y la Mancomunidad Los Valles que deberían haber recibido 13,5 millones de euros de fondos europeos para sus correspondientes planes de sostenibilidad turística aún no han recibido un euro, ya que el Gobierno de Cantabria continúa tramitando expedientes. La Mancomunidad Los Valles y los ayuntamientos de Santillana del Mar, Castro Urdiales, Medio Cudeyo y Valderredible van a cumplir el año de espera desde que se anunciaran las ayudas y llegaran a la Comunidad los fondos. Se da el caso de que todos ellos son socialistas (Santillana del Mar y Castro Urdiales) o regionalistas (Medio Cudeyo, Valderredible y la Mancomunidad Los Valles, presidida por una regionalista con dos alcaldes del PSOE y uno del PRC en la dirección).
Eva Fernández, consejera de Turismo, ha comparecido públicamente una antes de dar explicaciones al PRC en el Parlamento de Cantabria, para recriminar la “chapuza” del Gobierno anterior (PRC-PSOE), por tramitar un Plan de Sostenibilidad como el de Santillana viciado supuestamente de irregularidad. Un intento posterior del propio ayuntamiento de enmendar la solicitud y quedar resuelto el contrato anterior, suprimiendo las iniciativas objeto de litigio, no ha sido valorada al presentarse fuera de plazo. El primer proyecto está valorado en 3,5 millones, 2,9 millones el reformado.
El Gobierno de Cantabria, cuya consejería del área estaba en manos regionalistas, se inhibió en el proceso inicial, remitiendo la decisión a la Federación de Municipios de Cantabria, a la que instó a dar su aprobación. Pero según Fernández, esto es también irregular, ya que la Federación de Municipios solo puede intervenir cuando haya discrepancia entre las otras dos administraciones afectadas (el Estado y el Gobierno autónomo).
Actualmente, el Gobierno del PP ha declarado 'No apto' el proyecto por lo que tendrá que ser la FMC la que se pronuncie, aunque no parece que el Plan vaya a ver la luz finalmente. De hecho, la propia consejera ha anunciado que se estudiarán fórmulas para que Santillana tenga financiación para la sostenibilidad de su turismo. “Consideramos que el Plan de Sostenibilidad de Santillana no es apto y no solo por las incidencias dichas, sino por cuestiones técnicas del propio plan”. De no aprobarse finalmente, “los fondos que Santillana dejará de percibir no se pierden y se vincularán a actuaciones de sostenibilida turística que se estudiarán próximamemten”, ha dicho la consejera.
La consejera ha señalado que se trata de un “problema heredado” dado que en el procedimiento del plan de Santillana “todo se hizo mal”, porque “no siguió las estrictas reglas”, y ha insistido en responsabilizar de las “chapuzas” al equipo de Gobierno municipal (PSOE) y también al anterior Ejecutivo. Tampoco se quedó sin crítica la Secretaría de Estado de Turismo, que nunca debió aceptar, a juicio, la inhibición de Cantabria en el proyecto de Santillana y tuviera que intervenir la FMC, que solo ha de intervenir cuando hay discrepancias. “No sé si ha hecho la vista gorda por ser un ayuntamiento socialista”, ha apostillado en referencia a la actitud del Gobierno central.
Los planes de sostenibilidad turística de Castro Urdiales, Valderredible, Medio Cudeyo y Campoo los Valles “sí están correctamente tramitados” y “en breve” recibirán su correspondiente subvención de este plan extraordinario financiado íntegramente con fondos europeos.
Judicialización
El Ayuntamiento de Santillana del Mar irá a los tribunales tras la comunicación del Gobierno de Cantabria de que el municipio no percibirá los tres millones de euros destinados al Plan de Sostenibilidad Turística.
El alcalde de la villa, Ángel Rodríguez, ha advertido de la “utilización de estos fondos como arma política”. “Nos encontramos con una rueda de prensa convocada una hora antes del debate que se llevaría a cabo en el Parlamento sobre la recepción de estos fondos. Pero eso no es lo mejor, lo mejor es que se da una rueda de prensa sin comunicarnos la información, cuando deberíamos haber sido los primeros en enterarnos. En lugar de eso, pasa a la escena pública antes de que tengamos la oportunidad de resolverlo. Por lo tanto, entendemos que lo que se busca no es que se resuelva, sino dejarnos mal e incurrir en apelativos como los que nos ha dirigido la consejera”, ha declarado Rodríguez antes de reiterar que se trata de un acto de “deslealtad absoluto”.
“No nos han dejado más opción que recurrir a la Justicia para desmentir cada una de las medias verdades que se han contado este lunes, tanto en la rueda de prensa de la consejera, como en la intervención en el Parlamento del diputado, Alejandro Liz, que además ha tenido la osadía de quejarse de la crispación generada”, ha argumentado.
Además, el alcalde ha querido añadir que ambas declaraciones de los populares han omitido acciones llevadas a cabo desde el Consistorio como el envío de un requerimiento a la Consejería de Turismo que nunca obtuvo respuesta. “Todo parece estar bastante bien orquestado para dejar a este Ayuntamiento y al anterior Gobierno en el peor lugar posible, pasando por alto la pérdida que supone para los habitantes de Santillana del Mar, más allá del juego político en el que nos están metiendo”, ha aseverado el socialista.
“La rueda de prensa de la consejera de Turismo ha sido absolutamente vergonzosa. No se nos quitan tres millones de euros a los socialistas, ni a mí como alcalde, ni al anterior Gobierno autonómico, sino que se quitan tres millones de euros a parte de los cántabros”, ha enfatizado el alcalde.
Por último, el regidor ha querido mandar un mensaje tranquilizador a los vecinos asegurándoles que “las cosas no van a quedar así y llegaremos donde haga falta”: “El Gobierno de Cantabria ha decidido pasar por alto la decisión de una Comisión Sectorial y de la Secretaría de Estado. Es inaudito. Y así lo tendrán que defender ante los tribunales”, ha concluido Rodríguez Uzquiza.
“Manipulación de libro”
Precisamente sobre este asunto se ha debatido en el Pleno del Parlamento de Cantabria pocos minutos después de la rueda de prensa de la consejera, un hecho criticado con dureza por el diputado regionalista y exconsejero de Turismo, Francisco Javier López Marcano: “Convocó la rueda de prensa a las 20.47 horas de ayer, con alevosía, para desvirtuar este debate”, ha lamentado. Al respecto, Marcano ha acusado a la consejera de “faltar a la verdad” al decir que “iba a transferir todos los fondos”, lo que “no es cierto”, y hacer “caso omiso” a los correos sobre el plan tanto del Ayuntamiento de Santillana como de la Secretaría de Estado de Turismo.
También ha asegurado que la consejera tiene en su poder un informe del Comité Antifraude que dice que “lo único que subyace en el Ayuntamiento de Santillana es un conflicto entre un particular y el propio Ayuntamiento”. Así, ha criticado que Fernández “no respeta el municipalismo”, “no se quiere enterar de los plazos” y “estamos ante una manipulación de libro”.
En la misma línea, Mario Iglesias (PSOE) ha calificado de “vergonzosa” la rueda de prensa de la consejera, en la que ha dicho que “le quita tres millones de euros a Santillana y a sus vecinos”. A juicio del diputado socialista, hacer una rueda de prensa media hora antes de debatir este tema en el Pleno es tener “mala fe” y se debe a una “cuestión política”. “Lo que está haciendo la consejera de Buruaga es utilizar el Gobierno de Cantabria para provocar la caída del equipo de gobierno de Santillana del Mar [en manos del PSOE]”, ha manifestado. Finalmente, ha criticado que la consejera ha tenido en este asunto “cero lealtad institucional” al informar en rueda de prensa, “sin comunicar previamente la información al propio Ayuntamiento” así como la Secretaría de Estado de Turismo. “Evidentemente este tema va a acabar en los juzgados”, ha señalado Iglesias, que también ha acusado a la consejera de “mentir” en el Pleno del lunes pasado “diciendo que estaba todo correcto y se tramitarían ya los convenios en el Consejo de Gobierno”.