La Consejería de Medio Rural pondrá en marcha “en las próximas semanas” un nuevo equipo de apoyo con profesionales especializados que retomarán el análisis de todos los casos denunciados por los afectados por los Montes de Utilidad Pública, tanto los pendientes de resolución como los que fueron resueltos negativamente durante la legislatura pasada, revisando la documentación aportada con unos criterios “menos restrictivos” como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo que abría esta posibilidad.
“No puede preverse con carácter general la respuesta que se va a dar, porque cada caso es único y debe ser analizado en profundidad. La experiencia de los casos que se resolvieron negativamente entre 2011 y 2015 es que bastantes de ellos pueden tener resolución favorable aplicando los nuevos criterios, pero lógicamente no cabe hacer una previsión general pues es imprescindible la evaluación de la documentación aportada reclamación a reclamación”, explican desde el departamento que dirige Jesús Oria (PRC) a preguntas de eldiario.es.
Este anuncio llega después de la denuncia pública realizada recientemente desde la Plataforma de Colectivos Afectados por los Montes de Utilidad Pública de Cantabria, que criticó que el Gobierno presidido por Miguel Ángel Revilla “incumple todos sus compromisos”. “Nos sentimos engañados, desprotegidos y desesperados”, subrayó en conversación con este periódico el portavoz del colectivo, Javier Rugama.
Desde el Ejecutivo señalan que “comprendiendo el malestar y la incertidumbre” que pueden tener los afectados, “en modo alguno puede admitirse que la Consejería les haya engañado sobre la situación de las reclamaciones realizadas sobre la propiedad en Montes de Utilidad Pública”.
En esta línea, insisten en que en todas las reuniones que se han mantenido con los afectados se les ha informado de que la Consejería estaba realizando las gestiones oportunas para contratar apoyo jurídico para resolver las reclamaciones pendientes, un tipo de contratos que “tienen una especial complejidad administrativa”, habiendo sido necesario solicitar un dictamen a la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria sobre la viabilidad de ese tipo de contratación.
“El informe, que avala la pretensión de la Consejería de contratar esos servicios, se ha recibido hace un mes, por lo que una vez realizados los trámites preceptivos, el equipo de apoyo empezará a trabajar en las próximas semanas”, aclaran desde el departamento encabezado por el regionalista Jesús Oria.
Según los afectados, la sentencia del Supremo les devolvió la esperanza hace algo más de un año, ya que esta resolución abría la puerta a explorar “nuevas alternativas” y a plantear soluciones “a corto plazo”. Así lo confirmó entonces el propio consejero de Medio Rural, cuando reconoció que los damnificados podrían aportar nueva documentación que acreditara la titularidad de las parcelas situadas en Montes de Utilidad Pública.
“Estamos exactamente igual que hace un año. Han dicho muchas cosas desde entonces, pero no han hecho nada. Siempre hablan de plazos, nos piden dos meses más, y luego otros dos, pero no llegan las soluciones”, lamentaba el portavoz de los afectados tras una reunión celebrada este mes de diciembre.
“Esta Consejería no ha engañado ni ha incumplido sus compromisos, al contrario que durante la etapa de PP, en la que se manipuló a los afectados de forma vergonzosa, diciendo que con la llegada de Ignacio Diego a la Presidencia del Gobierno 'en 100 días' el asunto quedaría resuelto y, por el contrario, se hizo la interpretación más restrictiva de todas las vías posibles de reconocimiento de la propiedad particular en los Montes de Utilidad Pública”, responden los responsables de la Administración autonómica.
Maquinaria legal
En cuanto a los pasos que se han llevado a cabo en el último año, tras la sentencia del Supremo, Medio Rural subraya que lo prioritario era revisar los criterios para la resolución de las reclamaciones que venían utilizándose durante la legislatura del PP, planteando a la Dirección General del Servicio Jurídico la posibilidad de otras opciones en cuanto a la documentación que pueden aportar los afectados para avalar su reclamaciones.
Es precisamente a raíz de esa solicitud que se realizó en diciembre de 2015 cuando el departamento jurídico del Gobierno ha definido en un informe qué otros medios de prueba puede aportar un particular para que se reconozca que una finca no es Monte de Utilidad Pública. En ese informe es donde se incluye la valoración de la sentencia del Tribunal Supremo que avala la posibilidad de admitir esos otros medios.
“Por tanto, la primera medida que tomó la Consejería, al inicio de la presente legislatura, fue plantear la revisión de los criterios que venía aplicando la anterior consejera y que resultaban absolutamente restrictivos de las posibilidades de los afectados”, recalca el actual equipo directivo.
La segunda medida, según recuerdan, ha sido la de revisar el sistema de contrataciones de apoyos técnicos y jurídicos externos, al objeto de cumplir “rigurosamente” la normativa de contratos públicos y las indicaciones del Tribunal de Cuentas sobre ese tipo de contratos. “Y esa revisión es la que nos ha ocupado los últimos meses y que, por fin, ha finalizado, estando en condiciones de retomar en las próximas semanas el análisis de todos los casos”.
Y es que no se dispone de un cálculo objetivo de las personas que puedan estar en condiciones de reclamar propiedades en Montes de Utilidad Pública -los afectados hablan de cerca de 7.000 personas y millones de euros en juego-, aunque la mayoría de las peticiones se realizan en el tercio norte de la comunidad autónoma, en municipios como Valdáliga, Cartes, Solórzano, Voto, Guriezo o Castro Urdiales, entre otros muchos.