La última estatua ecuestre de Franco desapareció del centro de Santander el 17 de diciembre de 2008. Era el último monumento de este tipo que permanecía en pie en una ciudad española. No fue fácil. La decisión de retirar este recuerdo 'glorioso' del dictador se había tomado por unanimidad cuatro años antes, aunque el equipo de Gobierno del Partido Popular se resistió a ejecutar este mandato y solo lo hizo efectivo bajo la justificación de unas obras que se iban a llevar a cabo en la plaza en la que se asienta el Consistorio santanderino.
La estatua había presidido este emblemático enclave de la capital de Cantabria durante 44 años, desde que una mole de siete metros de alto y más de cinco toneladas de peso, obra de José Capuz y réplica de las que existían en Madrid y Valencia, fue erigida en la ciudad. Sobrevivió 33 años a la muerte del dictador y dio 'guerra' hasta el último momento: los operarios necesitaron casi cinco horas de trabajo para eliminar un vestigio que avergonzaba a la mayor parte de la ciudadanía.
Este fue el primer paso de Santander para adaptar su entorno urbano a una Ley de Memoria Histórica que ha costado aplicar más de lo esperado. Desde entonces se han dado pequeños pasos, gestos tímidos que la oposición a un Partido Popular que ha gobernado la ciudad con mayoría absoluta durante veinte años, hasta que la perdió el pasado 24 de mayo, considera “insuficientes”.
De hecho, el PP había rechazado reiteradamente propuestas del resto de formaciones políticas para adaptar el callejero de la ciudad a la “España constitucional”, a pesar de que el núcleo urbano cuenta todavía con cerca de treinta calles y una decena de emplazamientos cuya existencia vulnera la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007.
En concreto, y según la Asociación Cultural La Vorágine Crítica, impulsora del grupo de trabajo de memoria colectiva bautizado como 'Desmemoriados', son 29 calles y nueve hitos los que incumplen la normativa estatal. Esta organización inició el pasado 18 de julio una campaña abierta de recogida de firmas para exigir al alcalde de Santander, Íñigo de la Serna (PP), que cumpla una ley que no ha mostrado intención de respetar durante su mandato.
“Es una norma que obliga a las administraciones a tomar las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”, recuerdan desde La Vorágine. Este colectivo señala que el Ayuntamiento cuenta desde 2001 con un informe de una comisión de expertos sobre la presencia de calles y símbolos franquistas.
Los colectivos sociales de la ciudad señalan que, en caso de que no se lleve a cabo los cambios obligados por ley, “el Ayuntamiento estaría incurriendo en desobediencia, tal y como indica el artículo 410 del Capítulo III del Código Penal que castiga a las autoridades o funcionarios públicos que se nieguen abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales”.
Una moción con polémica
No será necesario llegar tan lejos. La composición del nuevo pleno municipal deja al PP en minoría ante los votos de los cinco grupos de la oposición. Por eso, desde que arrancó esta nueva legislatura, el equipo de Gobierno que comanda Íñigo de la Serna, actual presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha tenido que adaptar o modular sus posiciones.
La última rectificación tuvo lugar esta misma semana, cuando apoyó en el pleno mensual una moción presentada por el representante de Izquierda Unida, Miguel Saro, que le conmina a “adoptar las medidas necesarias para eliminar cualquier mención, calle o monumento que exalte la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura franquista”.
Una votación a favor a la que se sumaron todos los grupos excepto los dos concejales de Ciudadanos, que han anunciado su rechazo a cualquier propuesta de IU o Ganemos, las dos formaciones con las que integra el Grupo Mixto en el Ayuntamiento, dadas las malas relaciones personales que mantienen después de que el partido de Albert Rivera permitiera la investidura del regidor 'popular'.
Otra cosa será el ritmo al que los responsables municipales apliquen esa moción. En el último lustro solo se han modificado cinco calles o plazas y se han retirado prácticamente el mismo número de monumentos o símbolos. Así, la Plaza de José Antonio se bautizó como Plaza Pombo y la del Generalísimo por Plaza del Ayuntamiento en 2001. Un año más tarde, Primo de Rivera perdió su calle en favor del arquitecto Javier González de Riancho.
Además, el año pasado General Mola dio paso a Ataulfo Argenta, músico y director de orquesta cántabro. Y en abril de este año, en el aniversario de la proclamación de la II República, la calle de la Falange Española se dedicó a Eulalio Ferrer, un empresario de la comunicación y mecenas muy vinculado a Santander. En las últimas semanas se ha aprobado también la propuesta para que el nombre de Severiano Ballesteros sustituya al de Carrero Blanco.