El presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, acompañado por otros integrantes de la plataforma, ha mantenido un nuevo encuentro de trabajo en el Parlamento con los diferentes grupos parlamentarios (PP, PRC y PSOE) al objeto de continuar dando forma al convenio marco que recogerá los compromisos del Gobierno de Cantabria con los afectados por sentencias de derribo en caso de que las autorizaciones provisionales sean anuladas por el Tribunal Constitucional.
En declaraciones a eldiario.es Cantabria, Vilela ha apuntado que la intención de AMA es que el convenio sea aprobado en la Cámara regional “por consenso” antes de que finalice la legislatura. Dicho acuerdo será una especie de contrato marco que el Gobierno deberá desarrollar posteriormente con las urbanizaciones afectadas, dado que cada una de ellas tiene sus particularidades. El presidente de la Asociación valora como “positivo” el borrador, aunque deja entrever sus dudas.
“Hay que ver como terminan las negociaciones y, sobre todo, la aplicación y el desarrollo”, subraya Vilela, que recuerda que algunas de las leyes aprobadas por el Parlamento han quedado en “nada” después de haberse vendido como la solución. Sin mencionarlo, Vilela se refiere a la conocida como ‘ley de derribos’, anulada por el Tribunal Constitucional en abril de 2013, y que pretendía paralizar el derribo hasta que la administración resolviera quién debía pagar las indemnizaciones y hasta que dichas compensaciones no se hubieran pagado a los propietarios de las viviendas a derribar.
Ahora, con las autorizaciones provisionales pendientes de la resolución del Constitucional, el Ejecutivo autonómico trata de tender una red que proteja el patrimonio de los afectados. “Si los jueces deciden el derribo, automáticamente se aplica el convenio”, destaca Vilela.
Este nuevo acuerdo se basa, fundamentalmente, en que aquellos casos en los que el derribo de la vivienda sea insalvable, la Administración regional, en colaboración con los ayuntamientos implicados, se compromete en proporcionar a los afectados otra de similares características. En el caso de que la persona no quiera otra vivienda y prefiera el cobro de la indemnización, habrá un arbitraje que fije la cantidad.
Según explicó el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, la intención es “garantizar” el patrimonio de las familias mediante el procedimiento de ‘vivienda por vivienda’ para compensar a los propietarios de los inmuebles que vayan a ser demolidos. El representante del Gobierno ha comenzado a mantener reuniones bilaterales con cada una de las urbanizaciones para explicar los planes del Ejecutivo presidido por Ignacio Diego. La primera, este pasado sábado con los 78 afectados de la urbanización Pueblo del Mar I.
El convenio sobre el que trabajan AMA y el Ejecutivo no especifica, por un lado, qué administración será la encargada de construir el nuevo inmueble ni en qué parcela y, por otro lado, quién será el árbitro que determine la cuantía de la indemnización. En este sentido, desde AMA apuntan que el convenio puede ser una prórroga, un aplazamiento, o el traslado del problema actual a un futuro más o menos próximo. En cualquier caso, Vilela enfatiza que lo que no desean los afectados es que se continúe alargando la solución ya que, según recuerdan, las primeras sentencias de derribo datan de hace 25 años.
Problema encauzadoEl titular de Medio Ambiente reiteró este viernes que el objetivo del Gobierno es que para finales del primer trimestre del año estén aprobadas por los ayuntamientos todas las autorizaciones provisionales que caben, es decir, que esta figura se concederá a las 449 viviendas que el Gobierno entiende son susceptibles de ser legalizadas con los nuevos planes urbanísticos.
Además, Fernández señaló que de forma paralela se trabajará en los expedientes de responsabilidad patrimonial para la indemnización a los afectados a los que haya que demoler sus viviendas y que no acepten la sustitución de su casa por otra o en el caso de que finalmente no puede ser legalizada. Dicha indemnización será “muy rápida” y correrá a cargo de un “árbitro independiente”, asegura el consejero.
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