La otra AMA (Argoñeses Maltratados por la Administración)

El último intento gubernamental de amnistiar cientos de construcciones ilegales en el litoral cántabro ha sido abortado por los tribunales de justicia. El colectivo AMA (Asociación de Maltratados por la Administración), que agrupa a quienes adquirieron con licencia propiedades ilegales “para las que en el Ayuntamiento nos dijeron que no había ningún problema”, ha protagonizado la reacción, calificando la sentencia de “nuevo golpe”. En su línea, ha incidido en la vía de la legalización retroactiva y el pago de los daños morales para acabar con esta “tortura” que se prolonga ya más de dos décadas, asumiendo cada vez más la de la compensación económica o el realojo a través de la construcción de casas similares.

De quienes nadie ha hablado nunca es de las otras víctimas del ladrillazo: los naturales del territorio, que primero sufrimos la masificación urbanística de nuestros pueblos y ahora tendremos que hacer frente al pago de indemnizaciones públicas por valor de cientos de millones de euros.

Mi pueblo, Argoños, conformaba un paisaje de verdes praderías rodeado del Parque Natural de las Marismas de Santoña y montes de encinar cantábrico. Allí, la infancia (entiendan la idealización) consistía en ir al Ribero a pescar cámbaros y esquilas, esperar a que el paisano segara el prau junto al parque para echar un partido, aventurarse en bicicleta por las camberas, pinar y buscar los bolos que los paisanos tiraban arrudiabrazu, o jugar a las chapas en carreteras por donde apenas transitaban carros con verde (si le pasaba a tu chapa por encima suponía una caída y el correspondiente abandono, que incluso así se cebaban con Alex Zülle). Pero las y los jóvenes argoñeses de hoy no conocen nada de eso, viven en un Marina d’Or norteño.

Primero, hundieron los sectores económicos tradicionales (ganadería y pesca) y las salidas ofrecidas fueron el monocultivo de eucaliptos o la venta del terreno para la construcción de grandes colonias de pareados. En pocos años, el alcalde del segundo municipio más pequeño de la Comunidad Autónoma, Joaquín Fernández (PP), con la aquiescencia de Miguel Ángel Revilla (entonces consejero de Obras Públicas), duplicó su población construyendo urbanizaciones que, según sentencias firmes de derribo (hasta 252, una por cada siete habitantes) vulneran el paisaje, las normas urbanísticas, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales e invaden suelo rústico, de protección forestal e incluso los municipios vecinos de Arnuero y Noja.

El único objetivo era construir al máximo para ganar el máximo dinero. Las redes comunitarias se deshicieron, los caminos comunales se privatizaron, las tradiciones culturales se perdieron, la armonía arquitectónica se rompió, las boleras se sustituyeron por edificaciones, las tienducas se cerraron incapaces de competir con una gran superficie que vino a instalarse, el coste de la vida subió… y ahora, con el territorio convertido en colonias de segunda residencia que además son inaccesibles para los jóvenes del municipio, ¿qué futuro le queda al pueblo? ¿De qué vamos a vivir? Entiendo el malestar de quienes han perdido una segunda residencia entre nuestras playas y montes, pero nosotros hemos perdido la infancia, nuestro pueblo, el futuro. Todo.

Los responsables políticos y técnicos, que se habrán lucrado a costa de esto que llamaban “progreso”, no solo han salido impunes judicial y patrimonialmente, sino también políticamente. Tras décadas de atentados ambientales e ilegalidades urbanísticas manifiestas, no ha habido una sola dimisión. Es más, el PP sigue gobernando con mayoría absoluta en el municipio y Revilla es hoy presidente de la Comunidad Autónoma.

Para entender la irresponsabilidad de los electores hay que contextualizar estos hechos en un régimen político que aún no ha superado el caciquismo y en las últimas elecciones ofrecía votar al PP que lleva gobernando desde la muerte del dictador, a un PRC que presentaba como alternativa a la hija del citado Joaquín Fernández que gobernó durante 32 años y a un PSOE en el que la mujer del candidato está imputada por chantajear al alcalde a cambio de no revelar documentación presuntamente comprometida que tenía su marido. De esta realidad, además, el pueblo ha sido tradicionalmente informado a través de un diario hegemónico que se hacía eco de afirmaciones como que “hay ecologistas radicales que están sembrando el miedo en Cantabria y deciden dónde se puede construir y dónde no”.

La Villa de Argoños no es sino el arquetipo de un régimen político tripartito con un modelo de desarrollo consistente en vender Cantabria por parcelas al peor postor del cártel del asfalto. En palabras de Carlos García, presidente de ARCA, “aquí había un plan para construirlo absolutamente todo, en una filosofía errónea de trasladar el modelo Mediterráneo al norte. Gente del País Vasco, Castilla, Madrid… el que quería una casa en la playa venía aquí. Hasta que la crisis puso fin a la fiesta”.

Alegría que también se trasladó a las nomenclaturas. Pienso en la 'Urbanización El Encinar', bautizada así en honor al bosque que la precedió, en Isla. O la 'Urbanización Duque de Ahumada', promovida por una asociación del instituto militar en Hazas. O las colonias 'Castilla del Mar', 'Neguri', 'Negurigane' o 'Palm Beach' en Laredo. No han respetado ni la toponimia tradicional de los lugares cons… destruidos.

Mientras escribo esta columna, se presenta el 'Monopoly de Cantabria', en el que “con un poco de pericia, cualquiera se puede hacer con las Cuevas de Altamira o construir un rascacielos en pleno Sardinero. Solo hay que tener dinero”. Aunque pedagógicamente preferimos otros juegos que no consistan en apropiarse de todo el territorio especulando para construir el máximo posible, que ya vemos a dónde nos ha traído, hay que reconocer que supone una metáfora inmejorable de la realidad cántabra. Para terminar de darle realismo, tendrían que tener casilla también El Alto del Cuco, Cerrías o Argoños. Allí se podrían colocar todas las casas que quisieras, habría tarjeta-suerte “modificas la ley de suelo con carácter retroactivo sin pasar por la casilla de la cárcel” y después de 20 vueltas pagaría el resto de jugadores tus ilegalidades.

Pagaría lo que fuera por que nos devolvieran nuestro pueblo.

El último intento gubernamental de amnistiar cientos de construcciones ilegales en el litoral cántabro ha sido abortado por los tribunales de justicia. El colectivo AMA (Asociación de Maltratados por la Administración), que agrupa a quienes adquirieron con licencia propiedades ilegales “para las que en el Ayuntamiento nos dijeron que no había ningún problema”, ha protagonizado la reacción, calificando la sentencia de “nuevo golpe”. En su línea, ha incidido en la vía de la legalización retroactiva y el pago de los daños morales para acabar con esta “tortura” que se prolonga ya más de dos décadas, asumiendo cada vez más la de la compensación económica o el realojo a través de la construcción de casas similares.

De quienes nadie ha hablado nunca es de las otras víctimas del ladrillazo: los naturales del territorio, que primero sufrimos la masificación urbanística de nuestros pueblos y ahora tendremos que hacer frente al pago de indemnizaciones públicas por valor de cientos de millones de euros.