Erradicar la violencia machista requiere legislar contra el acoso de segundo orden

La investigación revela que la mayoría de los programas que han demostrado ser eficaces en materia de prevención de la violencia machista se llevan a cabo en contextos educativos, desde la escuela hasta la universidad, e inciden en la importancia de la intervención de quienes son testigos del acoso y la violencia, por lo que el profesorado tenemos una responsabilidad clave en la erradicación de esta lacra social que afecta a edades cada vez más tempranas.

Sin embargo, en diferentes contextos (también escolares) es común escuchar voces como “el chivato paga el pato”, que no hacen sino desvelar la raíz de un problema social de extrema gravedad: los ataques que reciben quienes se solidarizan activamente con las víctimas de violencia hacen que sea cada vez más difícil posicionarse frente a quienes agreden y ejercen acoso y violencia, terminando por aislar a las víctimas o por debilitar muchos de sus apoyos.

La ciencia ya ha reconocido este gravísimo fenómeno como Second-Order Sexual Harassment y tanto a nivel internacional como en España comienza a haber un reclamo social por legislar contra el acoso de segundo orden con el fin de blindar los apoyos a las víctimas de acoso sexual y violencia machista. Cataluña ya lo ha hecho al incorporar la violencia de segundo orden en la modificación de la Ley 5/2008 de Violencia de Género. En su artículo 4.2. g. definen como violencia de segundo orden “la violencia física o psicológica, las represalias, las humillaciones y la persecución ejercidas contra las personas que apoyan a las víctimas de violencia machista. Incluye también los actos que impiden la prevención, la detección, la atención y la recuperación de las mujeres en situación de violencia machista”.

Muchas escuelas desarrollan ya “Clubs de Valientes Violencia 0” socializando a las niñas y niños desde las primeras edades en la importancia de denunciar cualquier indicio de posible acoso o violencia y de formar sólidos escudos de apoyo social para que víctimas potenciales no lleguen a serlo. Proteger a quienes protegen es la pieza más importante para frenar la violencia y, en caso de que se produzca, para posibilitar que las víctimas pasen a ser concebidas como supervivientes gracias al apoyo valiente de quienes no dudan en posicionarse. Quienes apoyan a las víctimas a menudo sufren también acosos, ataques y difamaciones, por lo que superar el acoso de segundo orden es un requisito imprescindible para avanzar hacia sociedades sin violencia.

Necesitamos que se legisle también en Cantabria contra el acoso de segundo orden, sumándonos así a otras redes de profesorado que trabajan activamente por entornos educativos de violencia cero (Asturias, Euskadi, Valencia…) en pro de un avance ético e histórico en justicia social.

La investigación revela que la mayoría de los programas que han demostrado ser eficaces en materia de prevención de la violencia machista se llevan a cabo en contextos educativos, desde la escuela hasta la universidad, e inciden en la importancia de la intervención de quienes son testigos del acoso y la violencia, por lo que el profesorado tenemos una responsabilidad clave en la erradicación de esta lacra social que afecta a edades cada vez más tempranas.

Sin embargo, en diferentes contextos (también escolares) es común escuchar voces como “el chivato paga el pato”, que no hacen sino desvelar la raíz de un problema social de extrema gravedad: los ataques que reciben quienes se solidarizan activamente con las víctimas de violencia hacen que sea cada vez más difícil posicionarse frente a quienes agreden y ejercen acoso y violencia, terminando por aislar a las víctimas o por debilitar muchos de sus apoyos.