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Primera Página es la sección de opinión de eldiario.es Cantabria. En este espacio caben las opiniones y noticias de todos los ángulos y prismas de una sociedad compleja e interesante. Opinión, bien diferenciada de la información, para conocer las claves de un presente que está en continuo cambio.

Lo justo es cumplir la ley

Derribo de la urbanización ilegal del Alto del Cuco, en Piélagos.

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El bucle infinito de la actualidad política en Cantabria alcanza su máximo esplendor cuando toca hablar (otra vez) de las viviendas con sentencia firme de derribo. Son ya tres décadas sobrevolando en círculo sobre un problema estructural que llegó a afectar a cerca de un millar de inmuebles que deben pasar obligatoriamente por la piqueta, porque así lo determinó la justicia.

Esta herida abierta, sin embargo, regresa al primer plano informativo de forma recurrente no como el ejemplo tangible del ladrillazo que sufrimos, o como una muestra más que evidente de la burbuja inmobiliaria que a punto estuvo de acabar con nuestro entorno y con nuestras vidas. Ni mucho menos. El propósito de enmienda no existe. No hay arrepentimiento ni voluntad de evitar que se repita porque no hemos aprendido de los errores.

De nuevo esta semana hemos tenido novedades respecto a esta circunstancia sin resolver y de nuevo con un enfoque absolutamente equivocado desde la clase política. Han pasado ya unos cuantos gobiernos de todos los colores, han cambiado los alcaldes o los consejeros responsables del urbanismo y el medio ambiente de Cantabria, pero apenas cambia su discurso.

Es difícil encontrar las diferencias porque las promesas y los lamentos son siempre los mismos. Y en ningún caso se asume una gestión basada en la autocrítica de lo que se hizo mal. Todos los instrumentos de control fallaron, se permitió construir donde no se debía, proliferó la corrupción, y así lo han ratificado los jueces una y otra vez, hasta alcanzar la vergonzante cifra de viviendas que deben ser derribadas.

“Las sentencias judiciales son para cumplirlas, incluso las que no nos gustan”, ha dicho esta semana el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, Roberto Media (PP). La frase en sí no tiene mucha réplica posible si nos quedamos en la literalidad de la misma. Casi cualquiera puede firmar debajo.

Otra cosa es que entremos al fondo del asunto y sepamos leer entre líneas en el contexto en el que se dijo. En este caso, Media se refería a la ratificación de la anulación, por parte del Tribunal Supremo, del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, que supondrá, como mínimo, la demolición de otras 120 viviendas en Argoños. 

Si la justicia ha fallado en este sentido con argumentos sólidos, ¿qué es lo que no le gusta al consejero de la sentencia del Tribunal Supremo? Es lo que cabe preguntarse sobre la segunda parte de su frase. Sobre la primera parte, esa en la que recalca que “las sentencias judiciales son para cumplirlas”, se desmiente él mismo casi a continuación.

Porque en esa misma reunión con los afectados dejó bien claro que “las viviendas que puedan salvarse, vamos a intentar salvarlas”. Una vez más, buscando subterfugios y poniendo paños calientes para evitar cumplir lo que indican claramente los tribunales. Parece obvio, incluso suena un poco raro recordarlo, pero lo justo es cumplir la ley, le guste o no al consejero de turno.

Y es que el consejero fue más allá e hizo mención al resto de viviendas afectadas en Argoños que se encuentran actualmente a la espera de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que avale o no el Plan General de Ordenación Urbana del municipio. Es decir, pendiente de si los cambios urbanísticos con los que han intentado evitar los derribos son legales o no. Sobre esto, Media recordó que “lo primero es intentar legalizar su situación”. A riesgo de ser repetitivo, parece evidente que el consejero no tiene tan claro eso de que “las sentencias judiciales hay que cumplirlas, incluso las que no nos gustan”.

Independientemente de lo que han dicho (o digan en el futuro) los tribunales, Roberto Media tiene decidido quiénes son los culpables. Desde luego no están en su Gobierno, -ni en este ni en los anteriores-, no están en los ayuntamientos que dieron licencias, cobraron por ellas y miraron para otro lado -cuando no otras cosas peores-, ni están ni han estado sentados en la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), por la que pasaron muchos de estos proyectos que obtuvieron luz verde durante décadas pese a las muchas dudas legales que despertaban.

“Esto es responsabilidad de quienes dicen ser defensores del medio ambiente de Cantabria pero defienden otros intereses que, por supuesto, no son los de todos. Ellos tienen su pequeña victoria y los cántabros, y sobre todo los vecinos, que son los grandes paganos de todo este problema, son los que lo sufren”, ha señalado Media. Una vez más (y van unas cuantas) la culpa es, sorprendentemente, de quien hace que se cumpla la ley.

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