Ante la inminente cita electoral del 26 de mayo con su consecuente batería de promesas electorales, ALEGA, la asociación cántabra en defensa de los derechos LGTBI, ha recordado a los partidos su falta de compromiso con la ley LGTBI que no se ha aprobado en esta legislatura y ha anunciado que no se reunirá en campaña con ninguna de las formaciones políticas que han formado parte del Parlamento autonómico durante este tiempo.
“Durante la legislatura que ahora termina varios partidos políticos se comprometieron públicamente a apoyar medidas encaminadas a acabar con las discriminaciones que sufrimos, y el resultado ya se ha visto”, ha reprochado la presidenta del colectivo, Kiara Brambilla. Así pues, les ha instado en un comunicado a que “tomen las propuestas que se hicieron para las pasadas elecciones de 2015 y a las que se comprometieron y sean capaces de hacerlo real en los próximos cuatro años”.
“Se necesitan medidas que contribuyan a respetar la realidad LGTBI en nuestra comunidad autónoma y que ofrezcan a estas personas el respaldo legal que necesitan para denunciar las violencias sufridas, para acceder a un puesto de trabajo en igualdad de condiciones, para poder recibir una atención sanitaria conforme a sus necesidades o para vivir libremente su identidad o expresión de género, entre otros aspectos”, ha sentenciado esta activista.
ALEGA ha manifestado la importancia de impulsar leyes que garanticen los derechos de las personas LGTBI junto a la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), recordando que solo en 2017 se registraron en España más de 600 incidentes de odio con motivo de LGTBIfobia, lo que supone más de 50 al mes, junto al preocupante dato de que entre el 60 y el 80% de los casos de violencia contra el colectivo LGTBI no se denuncian.
“La estigmatización, la patologización de la realidad trans, la falta del derecho de autodeterminación o la invisibilidad de gran parte del colectivo son solo algunos ejemplos de la multitud de vulneraciones de derechos que sufrimos las personas LGTBI, por lo que exigimos medidas legislativas que garanticen la igualdad de derechos que recoge nuestra Constitución”, ha señalado su presidenta Uge Sangil.
Dos años en el cajón
El Ejecutivo cántabro presentó el anteproyecto de ley en mayo de 2017 y permaneció en el cajón casi dos años hasta que se aprobó en Consejo de Gobierno en octubre de 2018. A pesar de la petición de ALEGA a los distintos partidos políticos de que no pidiesen comparecencias para hacer viable su tramitación parlamentaria, PRC, Ciudadanos y PP aprobaron un total de 21, echando por tierra la posibilidad de sacar adelante la ley en la recta final de la legislatura.
Esta situación provocó el enfado del colectivo LGTBI y generó un cruce de reproches entre regionalistas y el partido naranja culpándose mutuamente de ser los causantes de que finalmente no se haya podido aprobar.