El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santander, Luis Enrique García Delgado, ha desestimado el recurso presentado por la defensa de los nueve imputados por el escrache sobre el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y en un nuevo auto insiste en que existen “indicios racionales de criminalidad”.
El juez mantiene que la conducta objeto de investigación “no está cubierta por el legítimo ejercicio de la libertad de reunión y manifestación o por la libertad de expresión” y considera que su resolución está “lo suficientemente motivada como para que sea comprensible en el porqué y en su alcance”.
Según explican los acusados, el magistrado también desestima por “extemporáneas” las declaraciones que solicitaban de tres nuevos periodistas que fueron testigos de los hechos, después de haber rechazado previamente en el auto la versión de una primera periodista que relató lo sucedido el pasado 17 de febrero de 2013 en la Universidad de Cantabria, cuando un grupo de estudiantes y activistas acudieron a un acto público del presidente de Cantabria que se iba a desarrollar bajo el formato conocido como 'Tengo una pregunta para usted'.
Ante la imposibilidad de acceder a la sala en la que se iba a celebrar el evento organizado por el Consejo de Estudiantes, las protestas fueron en aumento y los escoltas de Ignacio Diego decidieron activar el plan de emergencia. Los autores identificados por el equipo de seguridad del jefe del Ejecutivo autonómico se enfrentan a penas de cárcel y multas por delitos de desórdenes públicos, coacciones, daños, injurias y amenazas.
De todas las peticiones de los acusados, únicamente ha sido acordada la declaración del presidente de Cantabria y el visionado del vídeo que presentaron como prueba, a petición de la Fiscalía. Como había filtrado el entorno del líder del Partido Popular en la comunidad autónoma, éste se acogerá a su condición de aforado para declarar por escrito. En cuanto al vídeo, se visionará el próximo 14 de abril en el despacho del juez y en presencia de los abogados.
Entre los nueve imputados, que siempre han negado las acusaciones, se encuentran activistas de distintos colectivos y plataformas ciudadanas, como Marcos Martínez Romano, miembro del Consejo Ciudadano Estatal y Autonómico de Podemos o Diego San Gabriel, miembro de 'Cantabria No Se Vende' y de STEC, sindicato mayoritario en la educación pública de Cantabria.
Campaña de apoyo
El pasado 17 de febrero, cuando se cumplió un año del escrache a las puertas de la Universidad de Cantabria, los nueve imputados por las protestas a Ignacio Diego comparecieron ante los medios de comunicación para exponer su versión de los hechos. Arropados por cerca de 200 personas, negaron rotundamente que atentaran contra el presidente de Cantabria o que mantuvieran una actitud violenta, como estimó en un auto el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santander, que les imputa un total de 42 años de cárcel.
Los acusados han recibido multitud de muestras de apoyo a lo largo de este tiempo y han puesto en marcha la campaña #PreguntarNoEsDelito para dar a conocer su caso y reivindicar su derecho a la libertad de expresión. Además, comenzarán a realizar una serie de acciones para recaudar fondos con los que hacer frente a los costes judiciales y a la previsible multa con la que pueden ser sancionados.
Entre estas actividades, han anunciado la celebración de un concierto solidario en Torrelavega, en el Centro Social Ítaca, que tendrá lugar el próximo 11 de abril. También han participado en Las Gildas y han empezado una ronda de conferencias, charlas y debates abiertos por toda la comunidad que les llevará por distintos puntos para hacer visible su caso.