El colectivo Desmemoriados, que trabaja desde hace años en la recuperación de la memoria colectiva de Cantabria a través de distintas iniciativas sociales, ha presentado este jueves un escrito ante el registro del Parlamento de Cantabria para reclamar un encuentro con los miembros de la Junta de Portavoces y poner en marcha el prometido homenaje a las víctimas del Caso Almería el próximo 10 de mayo de 2018, coincidiendo con el 38 aniversario del asesinato de estos tres jóvenes a manos de la Guardia Civil.
De esta forma, se inician los trámites del reconocimiento institucional que tendrá lugar en el antiguo Hospital de San Rafael, en un acto largamente reivindicado por las familias de los fallecidos y por los colectivos sociales, que han reclamado durante muchos años que Luis Cobo Mier, Luis Montero García y Juan Mañas Morales sean considerados víctimas del terrorismo de Estado.
Y es que casi cuatro décadas después del trágico suceso que acabó con la vida de estos tres jóvenes residentes en Santander, -que fueron detenidos, torturados y calcinados por miembros de la Benemérita que supuestamente los confundió con un comando de la banda terrorista ETA, en uno de los episodios más oscuros de la Transición española-, tendrá lugar un acto que se celebrará en el patio del Parlamento, en el que se leerá una declaración institucional y se trasladará el pésame a las familias.
Ahora, tras el acuerdo oficioso de todos los partidos con representación parlamentaria -PRC, PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos-, que confirmó a eldiario.es el portavoz socialista, Víctor Casal, se trata de dar forma a ese homenaje, motivo por el que una representación del colectivo Desmemoriados ha acudido a la Cámara para solicitar una reunión formal cuando se inicie el próximo periodo de sesiones en el mes de febrero.
Casi cuatro décadas de olvido
El conocido como Caso Almería se produjo durante la madrugada del 9 de mayo de 1981, cuando los tres residentes en Cantabria fueron arrestados por la Guardia Civil en la localidad de Roquetas de Mar donde habían acudido a una comunión al ser erróneamente reconocidos como militantes de ETA. En un viejo cuartel abandonado fueron torturados y, cuando los once agentes que los custodiaban se dieron cuenta del error que habían cometido, los jóvenes fueron calcinados.
El juicio se inició el 14 de junio de 1982, trece meses después, y finalizó el 27 de julio. Solamente fueron procesados tres de los once implicados: el teniente coronel Castillo Quero, que en el momento de los hechos estaba al frente de la Comandancia de Almería y era el mando de la operación; el teniente Gómez Torres y el guardia Fernández Llamas, que además gozaron de una serie de prebendas durante su corta estancia en la cárcel, de donde salieron mucho antes de cumplir su condena.
Desde entonces, las familiares y amigos han emprendido diversas acciones de protesta para recordar su memoria, que sí ha sido reconocida por ejemplo en la localidad almeriense en la que fueron asesinados. Con este acto en el Parlamento de Cantabria, se cumplirá una reivindicación que permanecía vigente desde hace casi cuatro décadas y que el presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla (PRC), había prometido cumplir.