El Plan Bolonia entró en vigor en la Unión Europea en el año 2010. En España, la Ley Orgánica 4/2007 sustituyó a la 6/2001 y, entonces, las diplomaturas, licenciaturas y doctorados pasaron a ser grados, másteres y doctorados. El Gobierno socialista dictó un Decreto Ley seis meses después, en octubre de 2007, que recogía que, quienes hubiesen iniciado sus estudios con el plan antiguo podrían seguirlo hasta 2015. Posteriormente, al ver que el plan anterior afectaba a muchas personas y no daría tiempo a completar la totalidad de los estudios, otro Decreto alargó las convocatorias hasta el año 2017.
La Universidad de Cantabria (UC), como las universidades del resto de España, dejó de permitir nuevas matrículas en el plan antiguo en 2010 e instauró por completo el Plan Bolonia. Pero, dos años después, al instaurar el segundo curso del nuevo plan, extinguió su homólogo del plan anterior. “En realidad, lo que estaba extinguido por ley no era el derecho de matrícula y examen, sino solo el derecho de docencia”, señala Alfonso Rodríguez del Barrio, abogado del único alumno de la UC que ha reclamado.
A este alumno, que cursaba la licenciatura de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, le exigían cursar seis asignaturas más para obtener la titulación de grado y un máster de dos años y 21 asignaturas para equiparar su título a una licenciatura. “Todo ello suponía unos 17.000 euros”, asegura su abogado. Y es que, según subraya Rodríguez del Barrio, “muchos alumnos añadieron años adicionales a carreras casi terminadas, costosos másteres y el pago de matrículas cada vez más caras”.
El 26 de noviembre de 2018, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria a la que ha tenido acceso este periódico anuló la resolución dictada en su día y declaró el derecho a matricularse y examinarse de las dos asignaturas pendientes a este alumno.
“Entre el recurso de ordinario, de alzada, de contencioso-administrativo y de apelación al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, hemos estado casi tres años y en teoría ya debería haber terminado el máster”, denuncia el abogado. A este alumno, el juez le dio la razón y ahora Rodríguez del Barrio quiere dar a conocer a los estudiantes que han pasado por ello que “tienen derecho a reclamar los daños y perjuicios causados” y que “podrían pedir responsabilidad”.
4.000 alumnos afectados
En otras universidades, como la de Sevilla y Alicante, ocurrieron casos similares y sus alumnos se unieron en las Plataformas de Afectados por la Extinción de Planes de Estudios, que cifran en 4.000 a las personas afectadas por todo el país.
Estas asociaciones señalaron que “no se estaban respetando sus derechos de completar el plan de estudios que comenzaron” y compararon sus casos a los de otras universidades españolas donde se había rectificado y facilitado a los alumnos en esta situación poder terminar sus estudios.
Rodríguez del Barrio destaca, por ejemplo, el caso de Madrid, donde se dio “hasta un año de gracia” y la posibilidad de acabar los estudios del plan antiguo termina en 2018. “La Universidad de Cantabria, en cambio, se ha enrocado en su criterio”, concluye.