Una solución de urgencia se ha convertido en la salvación de casi un millar de familias. Ante la avalancha de demandas presentadas como consecuencia de la comercialización de las participaciones preferentes y subordinadas de las entidades bancarias, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), de la mano con el Gobierno autonómico, decidió establecer una medida de refuerzo que se bautizó como el Juzgado de las Preferentes.
En realidad, este órgano temporal que fue merecedor del Premio Calidad de la Justicia 2014 que otorga el Consejo General del Poder Judicial no fue más que un 'juzgado bis', adscrito al Juzgado de Primera Instancia número 7 de Santander y dotado con dos jueces, una secretaria judicial y cuatro funcionarios. Sin embargo, su dedicación en exclusiva a este asunto que amenazaba con colapsar la justicia de Cantabria ha permitido eliminar carga de trabajo a los magistrados que resuelven estas demandas.
Según ha informado este miércoles el TSJC, este refuerzo ha dejado de funcionar después de veinte meses de trabajo, un tiempo en el que ha tramitado un total de 841 procedimientos relacionados con la comercialización de estos productos financieros complejos.
De las 480 sentencias dictadas por este órgano, apenas 25 han sido recurridas ante la Audiencia Provincial y cerca de una decena de ellas han sido ya confirmadas. En otras 190 ocasiones, el procedimiento finalizó con un acuerdo entre las partes. Y es que no solamente ha agilizado los litigios, sino que ha sino especialmente 'sensible' con las posturas de los demandantes, que han impuesto sus criterios en la inmensa mayoría de los casos.
Los datos, además, hablan por sí solos: el Juzgado de la Preferentes de Cantabria ha llevado un ritmo de diez audiencias previas y diez juicios al día, con dos días de señalamientos a la semana. Entre audiencias previas y juicios, se han celebrado más de 1.300 vistas.
La medida se puso en marcha en un tiempo récord. El 4 de julio la Junta de Jueces de Santander mostró su preocupación por el incremento notable de demandas que se estaban presentando por la comercialización de productos financieros complejos y solicitó una medida de refuerzo, que ocho días después ya estaba funcionando.
Por el medio, el compromiso del titular del Juzgado de Primera Instancia número 7, José Luis Sánchez Gall, que se ofreció a encabezar este nuevo órgano temporal; así como del Tribunal Superior, del Gobierno de Cantabria y del Ministerio de Justicia, cada uno de los cuales actuó con diligencia para que la medida contara con un juez de refuerzo, unos funcionarios y un secretario judicial lo antes posible, ha destacado el TSJC.
Desde su puesta en funcionamiento el 12 de julio de 2013 se han tramitado un total de 700 procedimientos declarativos, el 90% de los cuales eran ordinarios, frente a un 10% de verbales cuya tramitación es mucho más sencilla. Además, se ha instruido algo más de un centenar de diligencias preliminares y 35 incidentes de ejecución.
La finalización del refuerzo se ha producido el pasado martes 31 de marzo y los escasos asuntos que quedaban por tramitar pasan directamente al Juzgado de Primera Instancia número 7 de Santander, del que dependía a todos los efectos. Se trata, en total, de 32 tasaciones de costas, cuatro liquidaciones de intereses y seis ejecuciones.
“Gracias a esta medida, el partido judicial de Santander ha podido atender la mayor parte de las demandas presentadas sobre preferentes, lo que evitó que el resto de Juzgados de Primera Instancia de la capital sufrieran un incremento notable en su carga de trabajo”, explica el TSJC en una nota de prensa.
Un colectivo en disolución
La Plataforma de Afectados por las Preferentes de Cantabria, por su parte, ha decidido no hacer ninguna valoración pública al cierre de este juzgado. Su apertura fue una de sus principales reivindicaciones en los primeros momentos y consideran que ha cumplido con creces su objetivo. También el colectivo cree que puede dar carpetazo a su actividad después de casi tres años de lucha.
Los pronunciamientos favorables en los tribunales superan el millar y no ha llegado a la media docena de casos en los que el juzgado ha fallado a favor del banco -Liberbank-, aunque están por verse los recursos en la Audiencia Provincial. El porcentaje de resoluciones favorables, según sus estimaciones, ronda el 99,8%, lo que hace pensar a los afectados que no era necesario llegar tan lejos para encontrar una solución.
Nunca ha habido un registro oficial y el número de integrantes de la Plataforma de Afectados por las Preferentes de Cantabria ha fluctuado entre las 250 y las 300 personas, a las que habría que sumar cerca de 200 que se enrolaron en los grupos locales de Castro Urdiales, Cabezón de la Sal o Los Corrales de Buelna, entre otros. En los últimos meses, los 'preferentistas' cántabros han dado un paso atrás y comienzan a disolver el colectivo.