La conductora del camión de mudanzas lo va contando mientras cambia de marchas por Santander. “De un tiempo a esta parte no paramos. ¡Y no veas qué casas se hacen!”. Las empresas de mudanza no dan abasto, y las inmobiliarias ponen el cartel de buscar viviendas como sea en el medio rural. “Sí, cada vez viene más gente de fuera a vivir a Cantabria o buscando segunda residencia -declara una agente inmobiliaria-. Gente de mediana edad, que teletrabaja... o que invierte (ahora lo alquilan) y lo quiere para su jubilación. La pandemia por la COVID-19 no es que lo cambiara todo, pero sí introdujo cambios importantes”.
Y es que la pandemia no lo cambió todo, pero aceleró exponencialmente los procesos ya en marcha. El teletrabajo, que estaba en vigor pero era una política que las instituciones iban inculcando a golpe de folleto y conferencia, de repente se convirtió en una necesidad perentoria. De repente, quien vivía en una gran urbe pudo hacer de la necesidad virtud. Con el poder adquisitivo de un sueldo medio-alto de Madrid, por ejemplo, comprar o alquilar vivienda en Cantabria desde la que trabajar ya dejaba de ser una posibilidad para convertirse en realidad y además con vistas. El resultado es lo que ahora está pasando: un estallido de la demanda de vivienda y un encarecimiento del precio, cada vez más alejado del poder adquisitivo de la mayor parte de los cántabros.
En agosto de este año, la compra de vivienda se incrementó un 11%, más de cinco veces el incremento de media nacional (1,8%). Solo cuatro de cada 10 inmuebles se adquirieron mediando un préstamo hipotecario, el resto se hizo al contado. Pisos que se compran sin hipoteca, pagados a tocateja, vendidos como inversión y puestos rápidamente en alquiler, a arrendatarios fijos o turísticos. Esa es la realidad de una comunidad que ha descubierto que la inversión en pisos turísticos de alquiler deja un suculento margen de beneficios... para el que se lo pueda permitir.
La presión inmobiliaria ha sido acogida por todos los gobiernos de Cantabria con entusiasmo desde hace años, una vez superada la crisis económica de 2008 y la del coronavirus de 2020. Desde que se abriera la espita de la construcción en el medio rural en Cantabria, y a salvo transitoriamente de los molinos de viento de los parques eólicos, Gobierno y ayuntamientos han ido abriendo poco a poco la caja de Pandora de la edificación de viviendas en los entornos rurales cántabros. Ni sentencias de derribo ni destrucción de las mieses vírgenes del territorio. Nada lo para.
Lo hicieron el PSOE y PRC con su reforma de la Ley del Suelo de finales de legislatura y lo ha cogido con entusiasmo el actual Gobierno del PP, sabedor de que no hay alcalde en Cantabria, sea cual sea su signo político, que no se frote las manos ante los ingresos que puedan reportar a sus arcas las licencias de construcción. Tanto es así, que la enésima nueva reforma de la Ley del Suelo, actualmente a trámite en el Parlamento cántabro por la 'puerta de atrás' de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2024, ya que no necesita de una ley específica de ardua tramitación, va a establecer la 'barra libre' de la construcción en el medio rural.
Roberto Media (PP), actual consejero de Fomento, que lo es también de Medio Ambiente, es uno de los mayores propagandistas de la 'buena nueva' allá donde va. Hace escasos días trasladó a la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) la “urgencia y firme determinación” del Gobierno de Cantabria para modificar la Ley del Suelo y retrotraer la regulación a la normativa de 2012. Según Media, se trata de “una grandísima noticia que, además se ser muy demandada por los ayuntamientos, beneficiará a todos los ciudadanos de Cantabria, vivan donde vivan”.
Nada como pasar unos días en Cantabria para que se despierte el apetito del turista. Teletrabajo, alto poder adquisitivo y liberalización normativa son una ecuación que da respuesta al efecto llamada de la naturaleza. Y no es solo una demanda de segunda residencia, también dentro de Cantabria, en donde tradicionalmente el ahorro se traducía en la compra de vivienda en la capital u otros municipios limítrofes, busca el ladrillo para invertir.
Pero ¿de dónde proceden los foráneos? “Madrid y Castilla es el clásico -responden rápidamente los profesionales de la venta de vivienda-, pero está viniendo gente de Cataluña, de las islas.. e incluso de Francia. La pandemia y el teletrabajo nos ha acercado a los pueblos. Mucha gente busca un poco de jardín pero con wifi”.
Que se lo digan a las empresas de mudanza. Una de ellas, líder del sector en Cantabria, ya no da cita con mes y medio de antelación y sus camiones suben y bajan por la geografía nacional llevando muebles. Otra descubre lo que es el lujo en cada viaje. Rehabilitaciones de un millón de euros y nuevas viviendas que por dentro son -mete la cuarta marcha del camión de mudanzas, chirría el embrague- “Uf...”.
La oferta no llega a dar respuesta a los peticionarios. La de vivienda en venta en el tercer trimestre del año ha caído un 20% en comparación con el mismo periodo del año anterior en Santander y un 13% en Cantabria, lo que las sitúa entre las zonas del país donde más se ha reducido, según datos de un portal líder en la colocación de inmuebles. Así, el retroceso del stock de vivienda a la venta en Santander, similar al registrado en Huelva, ha sido el tercero que más se ha reducido porcentualmente entre las capitales de provincia tras Cuenca (-34%) y Ávila (-30%).
La oposición, parlamentaria o extraparlamentaria en Cantabria, o las organizaciones conservacionistas, no saben o no quieren ponerle freno a esto momentáneamente. La formación del nuevo Gobierno central de Pedro Sánchez viene a complicar aún más las cosas. Así, sobre el posible recurso de inconstitucionalidad que Podemos ha propuesto al PSOE para frenar la Ley del Suelo, los socialistas cántabros dan la callada por respuesta y declinan pronunciarse hasta que no se apruebe definitivamente la norma recogida en la Ley de Acompañamiento que normalizará los cambios a partir del 1 de enero. El Ejecutivo autonómico liderado por María José Sáenz de Buruaga (PP), mientras, aprieta el acelerador.
Entre los colectivos más críticos se encuentra la plataforma Iniciativa Cantabria Sostenible, integrada por 21 asociaciones, que ha manifestado públicamente que, con “esta modificación, el Gobierno y los partidos que la apoyan [en referencia al PRC], abandonan la gestión responsable y sostenible del suelo para dejar el territorio en manos de los alcaldes a fin de que puedan priorizar los intereses particulares frente al interés general de la comunidad”.
“La modificación de la Ley del Suelo es otra vuelta de tuerca que amplía aún más la extensión de la construcción dispersa y generalizada de viviendas por los núcleos rurales de la comunidad, trasladando el agresivo modelo de construcción masiva en la costa a todo el interior de Cantabria”, insisten los conservacionistas.
Las consecuencias serán obvias, según Cantabria Sostenible: aumenta el desorden del territorio y la destrucción de suelos fértiles, por no obviar la espada de Damocles que penderá sobre las nuevas construcciones, algo que puede volver a traer a la palestra un capítulo negro del municipalismo como fue el del cerca del millar de sentencias de derribo de viviendas en la costa de hace un par de décadas, en pleno pelotazo urbanístico.
Ecologistas en Acción, por su parte, centra su crítica en la falta de respeto a las reglas básicas de la ordenación territorial y el planeamiento: “Se vuelve a tratar la excepcionalidad del urbanismo con otra vuelta de tuerca que conforma el modo habitual de actuar, saltándose las reglas más básicas de la ordenación territorial y el planeamiento, pasando incluso sobre la preservación de suelos especialmente protegidos y otras determinaciones de la ordenación municipal, como son los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU). De hecho, los PSIR gozan de mayor atención y de más disposiciones que los ejes troncales que le son propios como serían el suelo urbano o el urbanizable”, aclara un portavoz de la ONG.
En este contexto, PRC y Vox ya han anunciado que apoyarán desde la oposición la reforma de la Ley del Suelo de Cantabria que los 'populares' sacarán adelante a través de la Ley de Acompañamiento. La por ahora propuesta de modificación desbloquea la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico, que la norma actual restringe a partir de septiembre de 2024, elimina la cédula de habitabilidad y suprime la tasa que grava la construcción a quienes no estén empadronados en el municipio.
Así, el PP pretende volver a las determinaciones de la ley aprobada en 2012 con apoyo del PRC, que entiende que “funcionaban” frente a las actuales, que han llevado a la “práctica totalidad de los alcaldes, de todo signo político”, a pedir que se modifique la Ley del Suelo, según defiende el actual Ejecutivo autonómico.
El PP propone eliminar la transitoriedad de dos años que tiene la norma actual para dejar construir viviendas en suelo rústico, que terminaría en 2024, y permitir a todos los ayuntamientos levantar viviendas, construcciones vinculadas a actividades artesanales, educativas, culturales, de ocio, turismo rural, campamentos de turismo y áreas de autocaravanas. Se adopta como parcela mínima para las construcciones permitidas la de 1.500 metros cuadrados en todos los ayuntamientos, salvo en los municipios en riesgo de despoblamiento, en los que no se exige tamaño mínimo. Es decir, en un pequeño pueblo no hay límite.
También se elimina la prohibición de construir viviendas en suelo rústico por el hecho de existir suelo urbanizable y se suprime la tasa adicional que grava la construcción en suelo rústico a quienes no tengan su domicilio fiscal en ese ayuntamiento, una medida pensada para el inversor o residente foráneo. Para rematar, los núcleos rurales, considerados en la ley actual como suelo rústico, vuelven a calificarse como suelo urbano.
En el camión de mudanzas y en la agencia inmobiliaria algo saben de lo que puede venir, al menos lo barruntan, aunque no necesariamente con tanto tecnicismo. Son las dos de la tarde y ya van por la segunda mudanza o han dedicado toda la mañana a enseñar pisos de alquiler por toda la ciudad. Para ellos su trabajo es desbordante y no ven mal que no les vaya a faltar, como no lo verán los que puedan vender fincas o inmuebles o aquellos que puedan comprarlo. Otra cosa es que lo que puedan opinar los que no puedan comprar ni vender y que cuando salgan por la comunidad no vean un espacio verde despejado en donde reposar la mirada.
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