Ambulancias obsoletas, sin frenos y a 40 grados en Cantabria: “Es imposible dar el servicio”

Es de sobra conocida en Cantabria la forma fraudulenta de gestionar el transporte sanitario por parte de Ambuibérica, empresa concesionaria desde hace casi una década de este servicio privatizado en la comunidad y que cuenta con un contrato que ha sido prorrogado por un año en contra de la voluntad de la propia entidad al no poder hacerlo frente.

Y es que Ambuibérica lleva años incumpliendo por sistema tanto los pliegos del concurso, que ganó de nuevo en 2017, como las condiciones laborales de los trabajadores, lo que le ha costado varias condenas judiciales. Incluso tiene abierto un expediente sancionador desde hace dos años por parte del Servicio Cántabro de Salud (SCS), con hasta siete incumplimientos “probados” y una multa superior a los 40.000 euros.

Todo ello repercute directamente en los usuarios, quienes ven cómo un servicio de primera necesidad no cumple con los estándares mínimos de calidad. Y eso, además de la situación “insostenible” en la que se encuentran, es lo que han denunciado este jueves los representantes de los trabajadores en una rueda de prensa junto al coordinador general de Izquierda Unida de Cantabria, Israel Ruiz Salmón, y a la diputada de este partido y vicepresidenta del Parlamento de La Rioja, Henar Moreno.

Y es que en esta región se ha alcanzado recientemente el objetivo que los trabajadores del transporte sanitario de Cantabria anhelan lograr y que reclaman al Gobierno PRC-PSOE: la internalización del servicio y que se convierta en público. En este sentido, los representantes sindicales han agradecido al consejero de Sanidad, Raúl Pesquera (PSOE), que en una reunión celebrada hace poco más de una semana se abriera a esa posibilidad. No obstante, según han dicho, esa es una opción de varias que manejan y, en todo caso, la segunda prórroga del contrato atendiendo a cuestiones económicas parece ser el escenario más próximo.

Nacho Achurra y Manuel Vinatea, UGT y CCOO respectivamente, han hecho un repaso de la difícil situación en la que se encuentran los trabajadores y el servicio que prestan. Las ambulancias están obsoletas, algunas de ellas averiadas -hasta sin frenos- y sin repararse, sin material primordial, como puede ser el oxígeno, e incluso sin aire acondicionado. Esto supone que durante estos días de ola de calor, algunas de ellas aparcadas en la calle hayan alcanzado temperaturas de hasta 40 grados, con el riesgo que ello supone para el traslado de pacientes. Además, los locales donde se aparcan no están a pie de calle, lo que retrasa el desplazamiento en caso de emergencia. Y es que diez minutos más en una parada cardiorrespiratoria puede ser la diferencia entre poder salvar una vida o no hacerlo, han explicado.

“No nos han pagado la paga, nos han comunicado que nuestros sueldos están en el aire y nos piden a nosotros que presionemos al Gobierno para que rescinda el contrato y pare su sangría [económica]”, ha denunciado el sindicalista de UGT, tras recordar que la entidad licitó a la baja -“bajó en tres millones” la cifra en el concurso- y tras añadir que la falta de personal también supone un problema: de diciembre a ahora han pasado de 512 trabajadores a 430.

“Es imposible dar el servicio, lo que está intentando la empresa es presionar al SCS sin darlo para que les rescindan y cojan el siguiente [concurso público]”, ha subrayado Achurra, apuntando que esto “lo pagan los ciudadanos y los pacientes”. “Esto se tiene que acabar, es un servicio esencial que se tiene que dar con dinero público, y el beneficio que salga de ahí que sea para el paciente, no para una empresa privada que a lo que viene a Cantabria es a llevarse el dinero de cántabros y cántabras”, ha sentenciado. “El proceso de internalización íntegra tiene que ponerse sobre la mesa porque esto no tiene pinta de que vaya a mejorar”, ha añadido Vinatea.

Por su parte, la diputada de IU en La Rioja ha asegurado que se trata de un asunto de “voluntad política”, relatando que allí se llevó a cabo en un plazo breve de tiempo y a través de la creación de una empresa pública. Ruiz Salmón, por su parte, ha incidido en que en un servicio esencial como este no cabe el “lucro de la empresa privada” y ha puesto el foco, además de en Sanidad, en la Consejería de Empleo, porque en este caso también se están “vulnerando derechos laborales”.