La Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) ha denunciado que la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Piélagos, en información pública, pretende “encubrir los excesos urbanísticos cometidos en los últimos 20 años”, intentando dar cobertura legal a los mismos y así tratar de eludir el cumplimiento de las sentencias firmes de demolición que afectan a diversas viviendas de Liencres.
“Lejos de corregir los errores del pasado, se pretende continuar con el mismo modelo territorial de las últimas décadas, tristemente célebre en toda España, por las ilegalidades y agresiones paisajísticas cometidas”, ha lamentado ARCA en una nota de prensa.
A su juicio, la previsión de suelo urbanizable que establece el Plan General “es enorme e innecesaria, manteniendo el desastroso modelo que ha causado tantos problemas paisajísticos, judiciales, económicos y sociales, caracterizado por estar al servicio exclusivo de unos pocos particulares, y en contra del interés general y de la legalidad vigente”.
ARCA ha criticado que no se respetan los espacios libres y dotacionales de las zonas ya construidas, al no ser los requeridos legalmente y carecer de la idónea ubicación de centralidad, “apareciendo relegados en el plan a espacios muy reducidos, residuales y marginales”.
La asociación ha indicado que se han producido en los últimos años “cambios muy relevantes” en la legislación estatal en materia de suelo y se han dictado “suficientes sentencias judiciales ejemplarizantes” como para que el Ayuntamiento de Piélagos “siga obstinándose en la continuidad de un modelo caracterizado por reservar grandes superficies de suelo rústico para la construcción, y basado en la especulación a ultranza a costa de la destrucción física del suelo rural”.
En definitiva, para ARCA, el modelo propuesto por el PGOU “ya no sirve” por ser contrario a la legislación estatal básica y a la normativa europea. “La única alternativa coherente es la realización de un nuevo avance que establezca otro modelo territorial basado en la legalidad vigente y en las actuales tendencias urbanísticas, en las que la preservación del suelo rústico constituye uno de los valores fundamentales”, ha concluido.