El comité de empresa de Cibernos Outsourcing en Cantabria, subcontrata que gestiona la actividad del Búnker del Banco Santander, en Medio Cudeyo, ha denunciado que la empresa ha iniciado, el pasado 31 de agosto, un proceso para llevar a cabo el despido colectivo del 80 por ciento de los trabajadores en sus centros de la región, donde trabajan 81 personas, y de Madrid, cuya plantilla está formada por 28 empleados.
A través de un comunicado, Cibernos ha pedido a la plantilla “tiempo” para concretar una “posible oferta de adquisición” del servicio por parte de la empresa Indra, cuya dirección “aún no ha confirmado esta decisión”. “A partir de ese momento, el silencio ha sido la única respuesta de Cibernos”, ha criticado el comité.
También están “molestos”, según el comunicado, difundido por CCOO, los trabajadores porque el resto de las partes implicadas --el Banco Santander y su ramificación Produban (empresa cuya propiedad es del cien por cien de la entidad bancaria) e Indra-- solo han mantenido “algún contacto verbal” con los representantes de los trabajadores, pero “sin formalizar por escrito la subrogación de la plantilla, manteniendo la incertidumbre y desinformación sobre los más de cien empleados a los que pretenden despedir”.
“Solo nos animan a no emprender ningún tipo de acción para proteger nuestros trabajos bajo la promesa de una posible oferta de continuidad del servicio mediante la sucesión de empresas” ha manifestado el presidente del comité, José Luis Cabo.
Pero ha agregado al respecto que “no nos garantizan nada”, más aún después de “haber fracasado un intento de negociación” que contemplaba la subcontratación de Cibernos a través de la subcontrata Indra desde Produban para el Banco Santander.
“Y mientras nos piden calma el tiempo pasa”, ha insistido el sindicalista, quien ha informado de que el próximo viernes 16 de septiembre dará comienzo el periodo de consultas para iniciar el proceso del despido colectivo.
El comité de empresa ha indicado que durante los últimos dos años Cibernos ha realizado acciones que “han puesto en peligro tanto la continuidad del servicio como los puestos de trabajo”, ejecutando “traslados colectivos forzosos”, decisiones paralizadas tras “duras” negociaciones con los representantes de los trabajadores que han llegado incluso a interponer demandas de cesión ilegal.