Se ha convertido casi en una rutina. Cada cierto tiempo, Ambuibérica es noticia por algún aspecto negativo en el servicio de transporte sanitario que presta en Cantabria desde 2012. Denuncias, condenas judiciales, huelgas y protestas de sus trabajadores por sus condiciones e incluso un expediente sancionador de la Administración autonómica engordan el 'currículum' de esta empresa vallisoletana desde que resultó adjudicataria de la conducción de ambulancias en la comunidad hace casi una década.
Cuesta creer que una empresa pueda acumular tantas irregularidades, a cada cual más grave, y que siga siendo la encargada de este servicio tras haber vuelto a ganar el concurso público a finales de 2017. Ambuibérica obtuvo entonces la máxima puntuación de las cinco candidaturas presentadas, recibiendo así un contrato millonario del Servicio Cántabro de Salud (SCS), de 48 millones, que está a punto de concluir, pero que hasta entonces, sus actuaciones siguen dejando titulares tan llamativos como inquietantes, acentuados en un contexto de pandemia en el que su función es especialmente necesaria.
El último escándalo está relacionado con la campaña de vacunación contra la COVID, en la que el propio Gobierno de Cantabria sospecha que camuflaron a su personal directivo y de oficina para recibir la dosis antes que algunos técnicos sanitarios, quienes son los que realmente están en primera línea frente al virus. Tras las denuncias sindicales que destaparon esta irregularidad, el Servicio Cántabro de Salud ha solicitado a la empresa una lista con la relación de personas vacunadas para estudiar emprender posibles medidas jurídicas contra la misma.
Pese a que la empresa alegó haber cumplido “rigurosa y escrupulosamente” las directrices de vacunación del SCS, el subdirector de Asistencia Sanitaria de este organismo, Trinitario Pino, aseguró en declaraciones a la Cadena SER que el gerente de Ambuibérica “camufló su identidad y la de otros trabajadores de oficina, para vacunarse de manera irregular”, en el listado del personal del transporte sanitario programado y del transporte sanitario urgente.
El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), cuestionado por ello en rueda de prensa, aseguró que al no tratarse de personal dependiente de la Consejería de Sanidad, sino de una empresa externa adjudicataria de un servicio privatizado, su departamento se limita a solicitar a la dirección de la compañía la relación de personas que se deben vacunar con arreglo a los criterios del plan de vacunación. “Nuestra obligación es vacunar lo más rápido que podamos y no podemos estar a comprobar el puesto de cada persona que viene en esa lista, nos tenemos que fiar de los listados que nos dan”, explicó.
Ahora, tras conocerse la citada irregularidad, Ambuibérica podría enfrentarse al enésimo frente judicial y con la Administración como consecuencia de sus prácticas anómalas. Y es que durante la pandemia, el Juzgado de los Social de Santander tumbó el cambio de turnos impuesto por la empresa “por ausencia de buena fe” de la misma, y que, tal y como habían denunciado los sindicatos, iba en contra de las recomendaciones sanitarias.
Además, en periodo COVID, en el que las críticas de los representantes de los trabajadores aumentaron ante la ausencia de medidas preventivas reconocidas por la Justicia, el titular de Sanidad anunció en una comparecencia parlamentaria, a petición de Ciudadanos, la apertura de un expediente sancionador contra esta concesionaria que recogía hasta “siete incumplimientos del contrato probados” y una multa de 42.000 euros.
Pero es que los litigios judiciales y los conflictos laborales de esta empresa de transporte sanitario vienen de tiempo atrás, antes de la pandemia, hasta el punto de que el Tribunal Supremo condenó a la misma en diciembre de 2019 a abonar a sus trabajadores como horas extra más de 100.000, que exceden la jornada laboral anual, fijada en 1.800. Con esa sentencia, el Alto Tribunal creó en España una nueva jurisprudencia sobre la remuneración de las guardias en el trabajo: “O se trabaja o se descansa”, pronunció.
No obstante, este dictamen judicial se tradujo en un cambio de criterio de Ambuibérica respecto a las horas de trabajo de sus empleados, lo que motivó nuevas protestas de los mismos, denunciando la pretensión de la compañía de “retirar” las guardias de 24 horas que realizan por turnos para “no abonar las horas extras y compensarlas con descansos”.
Y precisamente esas condiciones laborales siguen coleando y desencadenando movilizaciones y huelgas, la última este mismo mes de enero, en la que los trabajadores achacaron a Ambuibérica “los incumplimientos sistemáticos” en materia de salud y seguridad.
Además, la Inspección de Trabajo sancionó a la empresa en octubre de 2019 por incumplir el protocolo de desinfección de las ambulancias y en diciembre de 2017, un juez declaró “fraudulento” que cubriera puestos de trabajo con contratos en prácticas.
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