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Declarado en ruina inminente una edificación en la calle La Torre

EUROPA PRESS

SANTANDER —

El concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, ha explicado en un comunicado que la propiedad tendrá un plazo de seis días hábiles para iniciar los trabajos de demolición, dado el peligro que supone la construcción, ya que se sitúa junto a la vía pública, lo que aconseja una intervención inmediata.

La vivienda, de 92 metros cuadrados repartidos en dos plantas, es una edificación de tipología unifamiliar con muros de carga de mampostería enfoscada, estructura de madera y cubierta de teja árabe sobre ripia.

Según el informe elaborado por los técnicos municipales, la vivienda, construida antes de 1920 según el catastro, presenta en la actualidad un mal estado generalizado y se encuentra en riesgo inminente de derrumbe por el agotamiento de la cubierta del edificio.

El deterioro es de tal envergadura que, de acuerdo con el criterio de los técnicos, resulta “totalmente inviable” la recuperación del inmueble, por lo que se acuerda declarar la ruina inminente y ordenar la demolición.

En su resolución, el Consistorio da un plazo de seis días hábiles a la propiedad para iniciar el derribo, previa presentación del correspondiente proyecto técnico ante los servicios técnicos municipales.

De no cumplirse con los plazos establecidos, el Ayuntamiento podrá acometer los trabajos de manera subsidiaria y repercutir los costes a los propietarios.

El concejal de Infraestructuras ha resaltado que esta resolución se enmarca dentro de las labores de control que realiza de manera permanente el Ayuntamiento para velar por el mantenimiento de los edificios de la ciudad en un adecuado estado de conservación y para garantizar así la seguridad.

Esta labor de control se complementa además con ayudas y bonificaciones para facilitar la conservación y mejora de inmuebles.

Así, Díaz ha puesto el ejemplo de las ayudas para la rehabilitación de fachadas de edificios catalogados o de las bonificaciones fiscales, como la exención del pago de la tasa por licencia de obras o la reducción del impuesto sobre construcciones en un 75 por ciento, todo ello, con el objetivo de mejorar el patrimonio edificado de la ciudad