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La diputada cántabra Marta García ha roto su silencio más de una semana después de que anunciara en redes sociales su baja de Ciudadanos para dejar claro que no entregará el acta y que seguirá en el Parlamento autonómico hasta final de legislatura. La ex representante naranja se aferra al cargo público y seguirá ocupando un escaño en la Cámara como diputada tránsfuga, haciendo caso omiso a las peticiones de los que hasta ahora han sido sus compañeros de siglas, quienes llevan días solicitándole la dimisión por no formar ya parte del partido y quienes han registrado su expulsión del grupo parlamentario por el mismo motivo.
Lejos de mostrar reparo por mantenerse en un cargo público fuera de la lista electoral por la que fue elegida en 2019, esta diputada se ha presentado en una rueda de prensa -que no ha querido que se retransmita por streaming como todas las que se celebran en el Parlamento- como una especie de “víctima” de una conspiración contra ella y ha negado que su situación actual tenga que ver con el transfuguismo, pese a que el Pacto Antitransfuguismo firmado a nivel nacional por todos los partidos define claramente la figura que en este momento ella representa.
“Se entiende por tránsfugas a los y las representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes”, sostiene el documento sellado por las formaciones políticas en 2020.
No obstante, García ha acuñado el término “tránsfuga ideológico” para cargar contra sus excompañeros de siglas y evitar así calificarse a sí misma de tal forma tras abandonar el partido, para hacerlo, en cambio, de “diputada independiente”. Y es que la situación actual conlleva la ruptura del grupo Ciudadanos en el Parlamento cántabro, de manera que sus dos integrantes, el líder de la formación, Félix Álvarez, y el diputado Diego Marañón, tendrán que integrarse en el grupo mixto que hasta ahora lo conforman dos representantes de Vox.
La diputada tránsfuga, por su parte, no estará adscrita a ningún grupo y verá reducidos sus turnos de intervención por esta circunstancia, en un Parlamento de 35 escaños en el que PRC y PSOE tienen mayoría absoluta.
La retribución económica -que García seguirá percibiendo como diputada lo que resta de legislatura ya que conserva el acta- ha sido uno de los argumentos que ha utilizado para arremeter contra Álvarez y Marañón, sobre los que ha dicho que tienen “un pacto oscuro” con el PRC para que el último mantenga su puesto en la Mesa del Parlamento. “Van a seguir manteniendo todos sus pluses económicos, complementos y privilegios”, ha denunciado. Ella se ve “coherente y leal con los cántabros” desde el transfuguismo y considera que Ciudadanos “ha mentido y engañado a sus votantes”.
El detonante de esta crisis interna en el partido naranja fue una votación celebrada la pasada semana en el Congreso de los Diputados sobre la caza del lobo, en la que el grupo de Inés Arrimadas se abstuvo en lugar de posicionarse a favor de extraer el cánido del listado de especies protegidas (LESPRE). Y aunque esta no fue la primera vez que Ciudadanos expresaba ese posicionamiento en la Cámara Baja -ya lo hizo hace un año y García ha reconocido desconocer que ocurrió así-, en esta ocasión fue la mecha que ha hecho implosionar el partido en Cantabria con esta y otras dimisiones de calado, como la del secretario de Organización, Rubén Gómez.
A raíz de la baja de militancia de Cs de la diputada Marta García, el líder naranja en la comunidad, con el objetivo de evitar la ruptura del grupo parlamentario -eran tres diputados, la cifra mínima que exige el reglamento de la Cámara para disponer de grupo propio-, acudió a Madrid para intentar reconducir la situación.
Sobre la reunión celebrada este fin de semana en el Congreso, a la que acudieron Félix Álvarez y la propia Marta García, esta última la ha calificado como “tensa” y ha asegurado que de allí salió el aval de la dirección nacional a continuar como independiente dentro del grupo de Ciudadanos, lo que mantendría el grupo y, con ello, los recursos económicos que sustentan a la media docena de trabajadores y asesores que trabajan para él.
Y aunque el encuentro no se celebró en presencia de la presidenta del partido, sino de las diputadas Marina Bravo y Maricarmen Martínez, para Félix Álvarez fue suficiente para dar prácticamente por zanjada la crisis: “Parece que las cosas van a retornar a su cauce”, dijo, horas antes de anunciar un giro de guion y reclamar el acta a la diputada tránsfuga tras anunciar su expulsión del grupo.
García ha acusado tanto a Álvarez como a Marañón de ofrecer “un espectáculo bochornoso” estos días y, en concreto, al primero de “emplear excusas banales y cómicas” y al segundo de “oscura manipulación a la que nos tiene acostumbrados, entregado a los intereses del Partido Regionalista”, en referencia a ese “pacto oscuro” citado anteriormente para mantener su cargo.
La diputada tránsfuga ha concluido su intervención volviendo a presentarse como una víctima de “mentiras y difamaciones”. Y aunque ha reconocido que, como todos los cargos institucionales de Ciudadanos, firmó un código ético por el que se comprometía a dejar los cargos públicos si abandonaba el partido, García ha insistido en que “seguirá como diputada independiente, como la voz del campo”.
Y es que ha comparado la firma del citado compromiso con un contrato laboral que sellan un empresario y un trabajador: “Si el empresario no cumple su parte, el trabajador se va”, ha dicho. Pero lo cierto es que ella no se va, que seguirá hasta final de legislatura ocupando un escaño apartada de las siglas bajo las que fue elegida en 2019. Y después no ha aclarado si terminará su carrera política, aunque sí se ha esforzado en negar ningún tipo de acuerdo con otras formaciones políticas, a raíz de la vinculación que se le hace con Vox tras dejar Ciudadanos.
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