El jefe del Servicio de Carreteras de Cantabria enviado el viernes a prisión tras ser detenido esta semana por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos obtuvo en 2022 un salario bruto de 69.160 euros de su puesto como alto funcionario del Gobierno regional, pero ingresó en ese año cerca de 2,9 millones de euros en sus cuentas.
Durante la investigación, que comenzó a principios de 2022, se ha descubierto que es titular de cinco bienes inmuebles y de una cuenta abierta en Luxemburgo y que realiza operaciones con fondos de inversión. Además, se han detectado pagos por valor de 640.000 euros realizados en 2021 y 2022 a una empresa supuestamente ficticia y cuya administradora única es su mujer, que además cobraba un sueldo de una de las empresas implicadas en la trama, La Encina, “a pesar de no desempeñar actividad laboral alguna”.
La familia, además, disfrutaba de un coche de renting, un Volvo XC40, que pagaba otra de las empresas que presuntamente participaba en la adjudicación irregular de contratos de obras, Api Movilidad. También hay pagos que suman 500.000 euros en 2019 y otros 225.00 en 2022 para las dos hijas del matrimonio, que fueron detenidas en Madrid pero quedaron el mismo día en libertad.
Así se desprende del auto dictado el pasado viernes por la jueza que instruye el caso, Mercedes Compostizo, al que ha tenido acceso Europa Press después de que por la tarde se levantara el secreto de sumario de la investigación, que salió a la luz el miércoles ante la irrupción de los agentes de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria en dependencias de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno cántabro y en las sedes de cuatro empresas implicadas --Rucecan, Cannor, Api Movilidad y La Encina-- y domicilios particulares para hacer registros y detenciones.
Precisamente, en el registro del domicilio del principal encausado, con iniciales M.A.D.B., se halló una máquina para contar billetes y 529.400 euros en efectivo en un caja fuerte, que contenía cinco bolsas grandes, cada una de ellas con la anotación “100.000 euros”, más una sexta sin anotación. Una cantidad que, como señala la jueza, es “difícil de explicar para un funcionario público con ingresos brutos anuales en el año 2022 de 69.160 euros”.
Además del jefe de Carreteras, al que se imputan hasta cinco delitos, el viernes pasaron a disposición judicial otros cinco detenidos, su mujer y los responsables de las empresas implicadas, que quedaron en libertad aunque con obligación de comparecer ante el Juzgado los días 1 y 15 de cada mes.
En total se estima que la familia podría haber obtenido de manera ilícita 1,4 millones de euros durante el periodo de 2019 a 2022, habiendo abonado 640.000 euros en 2021 y 2022 a la citada empresa administrada por la mujer y de la que eran socias ella y sus hijas con el fin de “encubrir el origen presuntamente ilícito” del dinero.
De hecho, se da a entender que los pagos son para fotocopias en un negocio “de carácter presuntamente ficticio y no real” porque la sede de esta empresa coincide con el domicilio familiar.
Una pena “muy elevada”
La jueza decretó el viernes prisión provisional comunicada y sin fianza para el principal encausado entendiendo que existe “un importantísimo riesgo de fuga” y considerando la gravedad de los supuestos hechos, por los que, según recoge el auto, se le podría imponer una pena “muy elevada”.
Y es que se le imputan los delitos de cohecho, fraude en la contratación pública, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental, pudiendo suponer hasta seis años de cárcel cada uno de ellos.
Dentro de esta investigación se han practicado informes patrimoniales, dispositivos de vigilancia e intervenciones telefónicas que apuntan a que M.A.D.B. coordinaba a las distintas empresas para que llegaran a acuerdos y se repartieran los lotes de las licitaciones, así como para que presentaran determinadas ofertas, unos comprometiéndose a hacerse con los concursos y otros a renunciar.
Así, y en base a “muy numerosas conversaciones telefónicas que lo corroboran”, se le acusa de participar directamente en la preparación de las ofertas de ciertos licitadores, modificar precios con posterioridad a haber asignar contratos a las empresa o negociar con el licitador en qué términos quería que se publicara el expediente de licitación, “todo ello mediante el uso de información de carácter privilegiado” a la que tenía acceso por su cargo de alto funcionario.
Además, esta actividad “no tendría carácter puntual, sino que se habría desarrollado presuntamente de manera continuada en el tiempo”, habiéndose detectado hasta la fecha “al menos nueve expedientes” licitados por la Consejería de Obras Públicas en los que el investigado habría desplegado su actividad delictiva.