La causa judicial abierta tras una protesta estudiantil en defensa de la educación pública en la Universidad de Cantabria febrero de 2014, que provocó la denuncia del entonces presidente autonómico y líder del PP cántabro, Ignacio Diego, sigue perdiendo fuerza y disolviéndose como un azucarillo tras el acopio de pruebas fotográficas, vídeos y testimonios que desmontan la versión oficial y dan la razón al grupo de jóvenes que continúan imputados.
El último paso que acerca aún más a la absolución a los investigados que se agrupan en la Asamblea #PreguntarNoEsDelito ha sido el que han dado a conocer este mismo jueves, y es que finalmente el Gobierno de Cantabria y el propio Ignacio Diego no participarán finalmente como acusación en el juicio contra los siete jóvenes acusados por una acción que calificaron de “escrache”.
Así lo han anunciado mediante una nota de prensa en la que explican que la retirada como acusación particular de Gobierno y Diego “no acaba con la pesadilla”, pues sus testificales siguen constando en el proceso y la Fiscalía continúa imputándoles “delitos, multas y cárcel”.
De este modo, el juicio se celebrará el 25 de octubre, como estaba previsto, porque “inexplicablemente”, en su opinión, el proceso ha continuado, y aún se enfrentan a penas de 35.000 euros de multa y un año de prisión e inhabilitación.
La asamblea adjunta una fotografía de la diligencia, fechada el 21 de septiembre, en la que se comunica a las partes que el Gobierno de Cantabria, “ha renunciado al ejercicio de acciones civiles y penales” como denunciante, por lo que se le suprime del listado como tal, mientras Diego, que también figuraba inicialmente como denunciante, cambia su condición procesal a la de testigo.
Esta retirada como acusación particular del Gobierno autonómico y el entonces presidente Ignacio Diego, que estaban personados como acusación particular, el colectivo espera que se deba a que “han entendido que no se sostienen las acusaciones y han preferido desmarcarse de esta historia antes del juicio”.
En este sentido, el colectivo ha denunciado que “casi cuatro años después de aquel acto anunciado como público en la Universidad” siguen inmersos “en un angustioso proceso” porque el juicio, pese a la retirada de las citadas acusaciones, “sigue incomprensiblemente en pie”.
Según los siete jóvenes implicados, “nada de eso ocurrió” y los vídeos que han aparecido desde entonces “han ido poniendo a cada uno en su sitio, confirmando punto por punto nuestra versión”, afirman.
Los siete jóvenes han manifestado que, “más allá de cuestiones judiciales técnicas”, el proceso ha hecho que durante este tiempo hayan sentido “miedo por ser prejuzgados” en sus estudios o empleos. “Hemos buscado trabajo con la continua sensación de no tener derecho a la intimidad, de ser señaladas y expuestas como personas peligrosas”.
“Sentimos la preocupación de la gente de nuestro entorno, asombrada por la maquinaria que nos ha expuesto vinculados a delitos muy graves y ha tratado de destrozar nuestras vidas. Nos ha tocado despedir a seres queridos, que se marcharon con la incertidumbre de vernos inmersas en un proceso privativo de libertad”, subrayan.
“Hemos conseguido reírnos de nuestros miedos, pero las sensaciones negativas no se van de nuestra memoria. Esperamos poder superarlas a partir del 25”, concluye el comunicado.
Pruebas concluyentes
Durante este tiempo, los jóvenes, respaldados por la comunidad universitaria, han llevado a cabo distintas campañas para defender su inocencia, entre ellas, el visionado de dos vídeos que dejan en entredicho la versión de Diego y de sus asesores y que ponen de manifiesto que no hubo ningún intento de agresión ni daños al vehículo del presidente de Cantabria durante la protesta en la Universidad contra los recortes en educación.
Las imágenes muestran como un grupo de jóvenes a los que se prohíbe la entrada al acto 'Tengo una pregunta para ti' esperan pacíficamente en el exterior de la Universidad, junto al coche oficial del presidente, portando una pancarta en defensa de la educación pública. Al ver salir a Ignacio Diego comienzan a corear: “Universidad pública y de calidad”, ante lo cual la seguridad privada y los escoltas se abalanzan sobre ellos sin mediar palabra, mientras el presidente y su entonces jefe de gabinete se montan cada uno en un vehículo sin mayores dificultades.