Este martes ha arrancado en el Parlamento de Cantabria la comisión de investigación sobre el 'caso Ecomasa-Nestor Martin', la fábrica de estufas en la que el Gobierno de Ignacio Diego (PP) invirtió durante la pasada legislatura cerca de 18 millones de euros y que acabó en liquidación apenas dos años después de su puesta en marcha. Además, el centenar de trabajadores despedidos de Teka y recolocados en esta factoría perdieron otros 3,2 millones de euros equivalentes de sus indemnizaciones.
Con este balance, cabe esperar que la comisión parlamentaria, en la que tienen representación todos los grupos políticos, será un mal trago para los populares. En esta primera sesión los 'interrogados' han sido los funcionarios que realizaron el informe sobre la operación económica fraguada a través del Instuto Cántabro de Finanzas (ICAF), una organización dependiente del Ejecutivo. Según han detallado, el plan de negocio del proyecto Ecomasa era “un powerpoint de 15 páginas”, en el que no se identifica su autor ni la fecha de presentación.
El interventor general, Gabriel Pérez Penido; Gema Polo, interventora jefe equipo, y Luis Fernando Olaiz, subdirector del control financiero, han puesto de manifiesto las “debilidades” detectadas en los procedimientos que se seguían en este ente público para avalar proyectos empresariales, tal y como señalaron en su informe. Entre estas anomalías, han apuntado que no existía un manual de procedimientos por escrito ni una forma de proceder “común” u “homogéneo”.
Respecto al proyecto concreto de Ecomasa, que se encuentra en la vía judicial, los interventores han señalado, como así lo hicieron en su informe, algunos 'peros'. Además de la inconsistencia del plan de vialidad, tampoco fueron valoradas las garantías aportadas para las operaciones de financiación de este proyecto impulsado por Jesús Lavín y Andrés de León.
Del mismo modo, los interventores las han calificado de “indeterminadas” ya que en ellas se aludía a activos que se establecerían con posterioridad.
También se llama la atención sobre la modificación que se realizó de estas garantías, que, a juicio de los comparecientes, fue “en detrimento” del ICAF y de los caudales públicos de Cantabria.
Ningún ilícito penal
A pesar de ello, a preguntas del portavoz del PP en la comisión, Eduardo Van den Eynde, han señalado que no se apreciaron indicios o hubo constatación de ningún ilícito penal en el proceder general del ICAF ni en lo relativo al proyecto Ecomasa.
Además, han reconocido que en la forma de proceder no se apreció la existencia de una “extraña excepcionalidad” respecto a cómo se hacía de forma genérica.
Así, los interventores han reconocido que tanto las “debilidades” en los procedimientos como en las detectadas en la forma de actuar del ICAF respecto a Ecomasa aparecían y se daban también en otros proyectos que recibieron financiación y que fueron parte de la muestra analizada.