La Justicia da la razón a los vecinos y rebaja más de la mitad el precio de las 140 VPOs del Primero de Mayo en Santander

La Justicia ha dado la razón a los vecinos de las 140 Viviendas de Protección Oficial (VPO) de la urbanización del Primero de Mayo en Santander. Los inquilinos afectados por una valoración económica que doblaba la cantidad acordada originalmente -y que suponía un coste de hasta 150.000 euros para pisos de 50 metros cuadrados- finalmente tendrán un precio acorde a sus pretensiones gracias al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que rebaja en más de la mitad el precio máximo de venta que había establecido la entidad promotora con el respaldo del Gobierno de Cantabria.

La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, revoca las resoluciones de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales que desestimaban el recurso interpuesto por los inquilinos contra la cuantía económica fijada por la empresa Residencial Primero de Mayo S.L. Así, la Sala rebaja de los 3.000 euros por metro cuadrado a un máximo de 1.394,72 euros para poder ejecutar la opción a compra de estas viviendas ubicadas en Peñacastillo, reduciendo el precio en más del 60%. Además, establece 836,63 euros por metro cuadrado como precio tope para garajes y trasteros.

“Es necesario, por tanto, estimar la demanda, basándonos en la infracción de la teoría de los propios actos por la administración, ya que la naturaleza de esta regla según el código civil es: ”la norma general según la que no se puede ir en contra de los propios actos constituye una verdadera norma jurídica, emanada de la buena fe“, sostiene la Sala, señalando que el Gobierno no puede actuar de manera contradictoria respecto a sus propias decisiones anteriores.

La sentencia subraya la importancia de aplicar las regulaciones de manera justa y consistente, asegurando que todos los propietarios de viviendas de protección oficial sean tratados equitativamente según las leyes establecidas. “La Sala entiende que, si las promociones de viviendas de protección oficial de la zona, examinadas en el informe pericial de parte de la actora, estaban sometidas a la misma regulación, deberían tener un precio similar, y no duplicar las unas las de los otros”, recoge. 

No obstante, apunta que “esto no puede incardinarse directamente como una infracción del artículo 14 de la CE ni puede hablarse de discriminación si no se prueba una infracción clara de un precepto”, es decir, asegura que no se puede afirmar que haya una discriminación o violación de la ley sin evidencia clara de una infracción específica.

Así pues, los vecinos de estas viviendas ganan el pleito contra la Administración, a la que el TSJC le impone las costas del proceso, y señala que contra la sentencia solo cabe interponer recurso de casación contra el Tribunal Supremo.

La formación Cantabristas, que en 2021 denunció el “escándalo” de la valoración económica de estas viviendas, apunta directamente a la que entonces era directora general de Vivienda, Eugenia Gómez de Diego (PSOE). “Sí pudo haber hecho algo, a pesar de negárselo a las personas afectadas y haberse lavado las manos en aquel momento”, denuncian desde este partido, lamentando que “se haya premiado la mala gestión y la inoperancia nombrando delegada del Gobierno estatal a quien debería haber asumido responsabilidades por esto y ponerse del lado de las y los vecinos”.