La Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión, Libres, ha manifestado este domingo su “gran preocupación” por las recientes decisiones de órganos judiciales de Cantabria que condenan y encausan “actuaciones políticas solidarias y el ejercicio de derechos democráticos”.
En un comunicado, la Asamblea hace alusión a la resolución judicial que multa con 5.000 euros al concejal Iván Martínez (ACPT) por sacar seis toneladas de basura del solar de la calle Argumosa en Torrelavega, y también la que mantiene la causa contra nueve personas (con penas solicitadas de 42 años de prisión) por protestar al serles negado el acceso a una conferencia de Ignacio Diego (PP) en la Universidad de Cantabria.
“Las dos son una clara muestra del divorcio creciente entre la práctica real de las instituciones, la administración de justicia en este caso, y los principios que dicen defender”, subraya el colectivo.
“¿Cómo se puede condenar, en justicia, a un representante de la ciudadanía por promover el adecentamiento y recuperación de un espacio urbano abandonado por razones especulativas por sus propietarios?”, se preguntan.
En esta línea, recuerdan que el artículo 128.1 de la Constitución dice que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general” y, en este sentido, cuestionan “¿qué otra cosa sino defender el interés general han hecho las personas que como Iván Martínez han limpiado y recuperado Argumosa?”.
Respecto a la imputación de los nueve jóvenes, defienden la legitimad del escrache -protestar con claridad- contra contra personajes públicos en el ejercicio de su cargo o función“. ”No es agredir o violentar, es un acto de protesta y presencia de la ciudadanía frente a lo que hacen sus presuntos representantes. No pretende ser agradable, tampoco lo son los piquetes de los trabajadores en las huelgas. Sin embargo, tanto escraches como piquetes son expresiones del ejercicio de la libertad de expresión y manifestación, son acciones indispensables en una sociedad crecientemente desigual e injusta“, sostienen.
Tal y como han reiterado los acusados, el escrache a Diego fue la respuesta a la negativa de la Universidad a permitir el acceso a un acto público en el que participaba el entonces presidente regional, quien reconoció en declaraciones posteriores que no se sintió “amenazado”. “Es razonable suponer, por tanto, que el mantenimiento de la causa se pervierte en un mecanismo disciplinario tanto para los encausados como para quienes pudieran hacer algo parecido”, opinan.
Para Libres, la “deriva autoritaria” que padecemos tiene un fin: “disuadirnos de ejercer como sociedad civil organizada, como ciudadanía consciente y solidaria”. “Debemos ser conscientes de que solo la movilización y la presión social cambiarán esta situación. Debemos ser activamente solidarios con quienes son perseguidos por ejercer derechos. Al hacerlo damos valor a las personas perseguidas, a sus razones y causas. Hacerlo es la única manera de cambiar las cosas y de disuadir a los privilegiados y poderosos de seguir por este camino”, concluye.