La Plataforma en Defensa de la Educación Pública -integrada por sindicatos, la federación de padres y madres y colectivos de estudiantes- ha convocado para este viernes 3 de febrero un paro educativo en todos los institutos de Cantabria en señal de “apoyo y solidaridad” con los nueve jóvenes imputados por el escrache al expresidente del Gobierno regional y líder del PP, Ignacio Diego.
Arropados por más de un centenar de personas, los portavoces de la Plataforma, junto a los nueve imputados, han ofrecido este martes una rueda de prensa, que se ha celebrado a las puertas del Interfacultativo de la Universidad de Cantabria (UC), en la que han insistido en defender su inocencia y han reclamado su “absolución total”.
Los nueve jóvenes se enfrentan en conjunto a un total de 42 años de cárcel por presuntos delitos de desórdenes públicos, coacciones, daños, injurias y amenazas ocurridos durante una concentración en defensa de la educación pública. Hace ahora tres años, el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cantabria organizó el foro 'Tengo una pregunta para usted', en el que el entonces presidente del Ejecutivo autonómico, Ignacio Diego, respondería a las cuestiones formuladas por los asistentes.
A pesar de que se trataba de un acto público, la seguridad privada de la Universidad impidió a la mayoría de jóvenes el acceso al acto, que como consecuencia de ello quedó prácticamente vacío. Ante este veto, un grupo decidió esperar a la salida del expresidente y manifestar pacíficamente su descontento coreando consignas en contra de los recortes y en defensa de la educación pública.
Una vez que Ignacio Diego abandonó el campus en su coche oficial, se vivieron momentos de tensión debido a que uno de sus escoltas golpeó a uno de los manifestantes y acudió la Policía Nacional para disolver la concentración, que no pasó a mayores. La “sorpresa” llegó cuando unos meses después nueve personas recibieron una notificación judicial informándoles de los cargos que se les imputaban.
Los jóvenes están actualmente a la espera de que “en los próximos días” se pronuncie el Ministerio Fiscal y formule su escrito de acusación, una vez que la Audiencia de Cantabria acaba de confirmar el auto del Juzgado número 4 de Santander. Tanto el portavoz de la Plataforma, José Luis de la Mata -de FAPA-, como los imputados han reiterado que se trata de un “montaje político y judicial” y han mostrado su confianza en lograr su “absolución total”.
En este sentido, han incidido en las pruebas presentadas por la defensa: unos vídeos grabados por dos testigos -uno de ellos desde una ventana de la Universidad- en los que queda de manifiesto que no hubo ningún tipo de violencia ni agresión por su parte, sino que se limitaron a vitorear “Universidad pública y de calidad” detrás de una pancarta. Según se puede ver en las imágenes, fue la seguridad privada y los escoltas quienes se abalanzaron sobre ellos sin mediar palabra, al tiempo que el expresidente y su jefe de gabinete, Arsenio de la Vega, se montaban cada uno en un vehículo sin mayores dificultades.
“Desde el primer céntimo que quieran que paguemos, no lo vamos a aceptar porque no hemos hecho nada”, han aseverado los imputados, que creen que con este caso se intenta “escarmentar a unos pocos para atemorizar a todos”.
Falta de apoyo institucional
Durante la rueda de prensa también han tomado la palabra el profesor de la UC Luis Alberto Fernández, quien ha advertido sobre la “estrategia de criminalización basada en el miedo para frenar la protesta social”.
En representación de las asociaciones de estudiantes, Yolanda Ceballos ha dicho que la UC todavía no ha explicado “por qué se prestó a vetar el acceso” a los jóvenes que asistieron al acto para protestar por los recortes, y ha criticado el “privilegio” que se otorga al testimonio policial respecto al resto.
En esta misma línea, y a preguntas de los periodistas, los imputados han afirmado que no se han sentido “respaldados” por la Universidad ni tampoco por el nuevo Gobierno de Cantabria. “Con la boca pequeña nos dicen que nos apoyan pero luego no lo hacen de forma oficial”, han lamentado los jóvenes, que han contrapuesto ese silencio institucional con el apoyo cada vez mayor de la sociedad cántabra.
Jornada de reflexión
Los jóvenes de #preguntarnoesdelito -nombre del colectivo bajo el que se han agrupado- han preparado un documento que invita a los estudiantes y a las clases en las que se haga el paro -convocado a segunda hora- a reflexionar sobre la educación y sobre la sociedad en la que vivimos. También, a las 11.00 horas, han organizado un foro similar en la propia Universidad.
Además, invitan a todos aquellos que quieran a mostrar su apoyo subiendo una foto a las redes sociales bajo la etiqueta #PreguntarNoEsDelito y levantando la mano para simular que están haciendo una pregunta.
Entre el centenar de personas que han acudido a la rueda de prensa se encontraban los diputados de Podemos Verónica Ordóñez y José Ramón Blanco, el portavoz de la PAH, Óscar Manteca, y el concejal de ACPT (Asamblea Ciudadana Por Torrelavega), Iván Martínez, recientemente condenado a pagar algo más de 5.000 euros por limpiar junto a un grupo de voluntarios un solar abandonado y habilitarlo como espacio cultural autogestionado. Y entre los imputados figura Marcos Martínez Romano, miembro del Consejo Estatal de Podemos.