“Extenderemos los conciertos educativos en Bachillerato a los centros privados que ya los tienen para las etapas de Infantil a la ESO, dando la posibilidad a los alumnos de seguir estudiando Bachillerato en el mismo centro si así lo deciden las familias, con independencia de los recursos económicos con que cuenten”. Esta declaración de intenciones no es una promesa electoral realizada en el fragor de la campaña, sino el compromiso adquirido en la tribuna del Parlamento autonómico por la actual presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), durante su discurso en el debate de investidura.
Esta afirmación de la dirigente popular no sorprendió prácticamente a nadie en el hemiciclo ni acaparó titulares en su momento, el pasado mes de junio y tras su victoria en las urnas el pasado 28M, dado que el PP cántabro había incluido en su programa de las elecciones autonómicas del mes de mayo esta medida, que supone de facto la concertación del Bachillerato en los centros privados que esta misma semana ha negado rotundamente el consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva (PP).
“No está en nuestra intención concertar el Bachillerato y no está en nuestra intención crear o generar ningún sistema de becas que de alguna manera encubierta o soterrada pueda alterar los equilibrios de nuestro sistema educativo o acercarse siquiera a lo que pueda ser una concertación del Bachillerato”, aseguró ante los medios el propio Sergio Silva, que además de ser el máximo responsable educativo de la comunidad autónoma tras su nombramiento de este verano forma parte del Comité Ejecutivo del PP de Cantabria como secretario de Educación y Formación y fue uno de los redactores del programa de Buruaga en esta materia en la última convocatoria electoral.
En ese programa autonómico para la legislatura 2023-2027 en Cantabria, que puede consultarse online en la propia web del Partido Popular bajo el título de 'Economía, Buen Gobierno y Servicio a las Personas', en su página 124 se recoge casi literalmente el compromiso expresado por la nueva presidenta durante su debate de investidura: “Prestaremos especial atención al estudio de la extensión de los conciertos en Bachillerato para los centros que ya cuenten con concierto de infantil a la ESO”, señala el PP.
Además, justifican que “en un momento crucial en la vida de los adolescentes, cuando terminan 4º de la ESO y tienen 15 o 16 años, muchos alumnos se ven obligados a cambiar de centro educativo e incluso algunos dejan los estudios por no tener recursos económicos suficientes su familia para hacer frente al gasto que supone el Bachillerato” y consideran en su programa que con esta medida podrán “garantizar la posibilidad de seguir estudiando el Bachillerato en su mismo centro, si así deciden hacerlo, con independencia de los recursos económicos”.
“No está en nuestro ideario”
Sin embargo, el consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades de Cantabria compareció de urgencia ante los medios de comunicación este pasado martes para “matizar” la proposición no de ley que aprobó su propio partido junto a Vox en el pleno de la jornada anterior del Parlamento autonómico y que defendía articular de cara a los próximos años académicos “un sistema de becas y ayudas públicas para las familias cuyos hijos deseen cursar Bachillerato en el centro privado en el que han estado matriculados en etapas de educación obligatoria amparadas en un concierto educativo”.
Tras el debate parlamentario y la aprobación en la Cámara de esta iniciativa concreta por parte del Partido Popular y Vox, la reacción de la comunidad educativa había sido unánime y las críticas no se habían hecho esperar. Tanto la Junta de Personal Docente como la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado (FAPA) habían mostrado su absoluto rechazo y habían exigido una rectificación inmediata al consejero. También el sindicato STEC, mayoritario entre el profesorado de Cantabria, había advertido de que cualquier paso en este sentido iba a generar una “guerra escolar” en defensa de la educación pública.
“Quiero manifestar que no tiene este consejero ninguna intención de alterar los equilibrios de un sistema educativo que, según he dicho y repito, es buen sistema educativo. Tiene sus equilibrios internos y no los vamos a alterar. Es más, vamos a intentar apuntalar y mejorar el sistema en aquellos elementos que veamos que sea necesario”, subrayó Silva, que quiso alejarse de lo que definió como “debates ideológicos o de modelo”.
“No está en nuestro ideario que haya un sistema de becas generalizado para atender a las matrículas de Bachillerato en los centros concertados”, insistió el consejero, en contradicción con lo aprobado por su propio partido junto a la extrema derecha y en contraposición con lo que recoge el programa electoral del PP y ha defendido públicamente la presidenta de Cantabria, que ha evitado pronunciarse al respecto tras las declaraciones de Sergio Silva y para enfado de la bancada popular en el Parlamento.